La nueva acampada en Sol no es el 15M, es su evolución

A vuela pluma, echo un vistazo al número de desahucios que tuvieron lugar en 2011. Fue el año en que ‘Juventud Sin Futuro’, en abril, y ‘Democracia Real Ya’, en mayo, organizaron las manifestaciones que desembocaron en las acampadas de los indignados del 15M en Madrid y otras ciudades del país. Aquel año se superaron las 75 000 ejecuciones hipotecarias y 55 000 expedientes de desahucio (lanzamientos). Cifras récord que alcanzaron picos superiores a las 90 000 ejecuciones hipotecarias en 2012 y a los 68 000 lanzamientos en 2014. Estos fueron los momentos más duros tras la crisis financiera que estalló en 2008.

En 2025 se practicaron menos de 18 000 ejecuciones y 25 000 lanzamientos, marcando mínimos de la serie temporal del Consejo General del Poder Judicial. En 2013 y 2014, el grueso de los lanzamientos se vinculaba directamente a ejecuciones de préstamos hipotecarios. Sin embargo, a partir de 2017, año en que se creó el Sindicato de Inquilinas, la estadística apuntaba a una realidad nueva. En los últimos datos de 2025, 3 de cada 4 desahucios se debieron al impago de cuotas de alquiler, derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una España muy diferente.

En 2011, los principales problemas a los que se enfrentaban los jóvenes y no tan jóvenes que impulsaron la movilización al grito de “No nos representan” y “Democracia Real Ya” eran el paro, la corrupción y el fraude, la crisis económica o la desafección política. El desempleo afectaba a alrededor de 1 de cada 2 menores de 25 años; hoy a 1 de cada 4. Aquella fue una crisis política y económica, y de la primera no hemos salido: más bien ha evolucionado hacia una profunda crisis de legitimidad.

En todo caso, la tasa de emancipación ha empeorado de forma considerable, del 21,5 % en 2011 al 14,5 % en 2025, y el precio medio del alquiler se habría duplicado según datos del portal inmobiliario Idealista. La proporción de jóvenes entre 25 y 34 años con estudios superiores ha crecido en más de 10 puntos porcentuales, superando el 50 %, y los principales problemas para los jóvenes, según el CIS en junio, de 2026 son: la vivienda, la inmigración, la economía y la calidad del empleo. Tras estos cuatro, vienen los problemas políticos, incluyendo al Gobierno y los partidos políticos.

Una comparación engañosa

La comparación de la acampada que tiene lugar estos días en la madrileña Puerta del Sol y en otras ciudades españolas con el 15M resulta tan tentadora como engañosa. Las imágenes son parecidas: la plaza tomada, las tiendas de campaña, las asambleas, los lemas y los manifestantes dispuestos a perdurar en sus acciones. De hecho, esta acampada visibiliza lo que son años de redes sumergidas y de acción colectiva más latente. Estamos en otro momento histórico. Y son precisamente esas redes las que conectan los marcos heredados de la evolución del 15M hacia la esfera política y la política institucional con 2026.

La acampada desatada por el desahucio de MariCarmen tiene un actor identificable que coordina la movilización y da forma al discurso: el Sindicato de Inquilinas. Las demandas son concretas y, al menos inicialmente, existe un objetivo temporal definido: presionar al Gobierno ante el nuevo decreto de vivienda. Los propios acampados se encargan de enfatizar estas cuestiones. Pero para entender lo que está ocurriendo quizá sea más útil hablar de evolución que de similitudes o diferencias.

El 15M no fue solamente una protesta contra los desahucios y el problema de la vivienda, que también. Su marco de acción era mucho más amplio. La crisis económica se mezclaba con una crítica de la representación política, la corrupción (curiosamente hoy bastante más ausente), el funcionamiento de las instituciones y las oportunidades vitales. El lema “No nos representan” condensaba buena parte de aquella indignación. La vivienda estaba presente, pero formaba parte de un diagnóstico más amplio sobre cómo entendemos la democracia.

El marco de acción de 2011 fue transformándose. Una parte de los activistas, académicos e intelectuales que posteriormente impulsarían la creación de los partidos políticos Podemos o Sumar, reinterpretó y encauzó aquella indignación en una dirección de crítica profunda hacia las instituciones surgidas del proceso de transición a la democracia. Pero también hacia la economía de mercado, en una lógica rupturista, de corte más radical y populista.

El gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez ha conseguido subordinar ese marco a sus intereses durante casi dos legislaturas. Hasta quizá hoy. Los acampados también parecen tenerlo en su punto de mira.

Con propuestas de solución

La actual acampada es la progresión natural, en términos performativos y de renovación generacional, de aquel marco de acción. Existe un consenso claro sobre la necesidad de solucionar un problema que muestra las costuras de nuestra economía y las desigualdades intergeneracionales. Sin embargo, son las propuestas de solución las que están en pugna en el debate público. Por un lado, el Sindicato de Inquilinas, con propuestas de corte más cortoplacista, estatista y proteccionista, hoy en la agenda mediática gracias a su capacidad estratégica de acción. Por otro lado, medidas como las de los think tanks (laboratorios de ideas) EsadeEcPol y Atenea o las de Fedea. Sus propuestas apuestan por un marco de reformas y de cooperación público-privada en el marco de la economía de mercado y con una mirada a medio y largo plazo.

No se trata de establecer una línea causal entre el 15M y la acampada de 2026. Tampoco sabemos todavía qué recorrido tendrá esta protesta. Pero sí podemos observar que algunas de las formas de acción que se hicieron visibles en Sol y tomaron forma política hace quince años siguen constituyendo parte del repertorio de la movilización hoy.

Lo interesante es que los actores que les dan continuidad en las calles lo hacen desbordando (en principio) a los partidos que capitalizaron la indignación en 2011 y han formado parte de los dos últimos gobiernos socialistas. Muchos de los lemas y pancartas de la acampada apuntan al PP y a los marcos discursivos de la derecha radical, sus bestias negras, pero también al presidente Sánchez, al PSOE y a Sumar. Quizá en esta ocasión los hijos quieran devorar a Saturno, o quizás no.

Otra hipótesis apuntaría hacia lo que impulsó a muchos manifestantes en 2011: reclamar el reconocimiento debido a su acumulación de credenciales, capital social y cultural, e incluso político. Muchos de los jóvenes acampados y los que ejercen de portavoces dan el perfil, pero no todos los sectores afectados por el problema parecen verse reflejados en las formas organizativas, los repertorios de acción o los marcos discursivos de la acampada. De entrada, a estos jóvenes el acceso al principal bien sobre el que se ha asentado el prestigio social en la historia reciente de España desde el desarrollismo franquista, la vivienda, les está vedado. El caso de Maricarmen es, en cierto sentido, el espejo en que se miran.

Rubén Díez García, Associate professor, Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.