CCOO pide cautela al Gobierno ante la reforma de la Ley de Extranjería y reclama una política migratoria integral

El sindicato señala su preocupación porque esta iniciativa haya partido del Ministerio del Interior, ya que un anteproyecto de ley no se puede improvisar en unos días, y nos retrotrae a otros tiempos en los que se situaba la política migratoria sobre la base del control y la base del tratamiento policial, frente a un enfoque que integre también las dimensiones sociolaboral y de inclusión de las personas migrantes.

Por ello, CCOO recuerda que lleva años reclamando una reforma de la Ley de Extranjería y ha planteado un triple abordaje. Por un lado, una ley de extranjería que establezca el estatuto jurídico de las personas extranjeras en España, sus derechos, libertades y obligaciones; por otro, una ley de migración que regule la dimensión sociolaboral de los flujos migratorios; y, finalmente, una ley de asilo que ordene los procedimientos derivados de las obligaciones internacionales en materia de protección internacional.

Para el sindicato la política migratoria debe ser una política de Estado -especialmente por las sensibilidades que suscita y ante la utilización demagógica de la inmigración por parte de la extrema derecha en España y en la Unión Europea- y por ello reclama responsabilidad al Gobierno y a las fuerzas políticas de la oposición para evitar discursos y actuaciones que puedan deteriorar la convivencia en una sociedad plural y diversa como la española.

CCOO advierte además de que cualquier mecanismo de gestión migratoria estará abocado al fracaso si las administraciones competentes no cuentan con los recursos necesarios. En este sentido, el sindicato vuelve a defender la creación de una Agencia Española para las Migraciones que integre las competencias actualmente dispersas entre distintas administraciones y organismos para poder mejorar la eficacia de la gestión migratoria. Por ello, CCOO solicita que se activen los mecanismos habituales de consulta y diálogo institucional para construir un nuevo marco normativo para garantizar una gestión eficaz de las migraciones, basada en el respeto a los derechos de las personas.