Más de 625 millones de euros en riesgo y miles de interinos cesados: España llega al plazo europeo sin corregir el abuso de temporalidad pública

España llega al límite del plazo concedido por la Comisión Europea, que expira el próximo 29 de junio, sin haber corregido el abuso de temporalidad en el sector público y con más de 625 millones de euros de fondos europeos en riesgo. Araúz de Robles advierte de que la falta de una respuesta eficaz por parte del Gobierno no solo mantiene en precariedad a casi un millón de empleados públicos temporales, sino que también ha provocado miles de ceses derivados de unos procesos de estabilización que, a juicio del despacho, han estabilizado plazas, pero no a las personas que las venían ocupando durante años.

Según los datos manejados por Araúz de Robles a partir de la última EPA de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, sobre una plantilla pública total de 3.107.195 trabajadores. Esto sitúa la temporalidad de las Administraciones Públicas en el 32,2%, más de cuatro veces por encima del objetivo del 8% comprometido ante la Unión Europea.

Según las estimaciones elaboradas a partir de datos oficiales y sindicales, los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021 pudieron dejar sin empleo a entre 67.000 y 90.000 empleados públicos temporales, sin contar los ceses vinculados a ofertas de estabilización anteriores. El despacho subraya, además, que el Gobierno no ha publicado un registro oficial de interinos cesados por estos procesos, lo que impide conocer con precisión el alcance real de las personas afectadas.

Araúz de Robles recuerda que la Comisión Europea ya ha requerido a España para que adopte medidas efectivas contra el uso abusivo de relaciones temporales sucesivas en el sector público y contra la discriminación que sufren los empleados públicos temporales e interinos. Si el Estado no corrige esta situación, Bruselas podrá elevar de nuevo el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Miles de ceses en una estabilización de plazas, no de personas

Para Araúz de Robles, el problema de fondo es que los procesos impulsados para reducir la temporalidad pública han estabilizado plazas, pero no han garantizado la continuidad de los empleados públicos que las ocupaban desde hacía años o incluso décadas. Esto ha permitido que trabajadores temporales con largas trayectorias en la Administración fueran cesados al perder sus puestos en procesos abiertos a otros aspirantes.

El despacho considera que esta situación ha generado un agravio especialmente grave para empleados públicos que llevaban años sosteniendo servicios esenciales en ámbitos como la sanidad, la educación o la administración general, sin que el sistema haya ofrecido una reparación suficiente frente al abuso de temporalidad cometido por las Administraciones Públicas.

A ello se suma que parte de los ceses más antiguos quedaron fuera del régimen indemnizatorio previsto por la Ley 20/2021, al proceder de convocatorias anteriores. Según Araúz de Robles, esto ha dejado a muchos afectados sin una compensación equivalente al daño sufrido, pese a haber encadenado relaciones temporales durante largos periodos para cubrir necesidades estructurales de la Administración.

Casi un millón de empleados públicos temporales en situación de precariedad

La última EPA refleja que 999.738 empleados públicos continúan en régimen de temporalidad, lo que equivale a casi una tercera parte de la plantilla pública. Para Araúz de Robles, este dato evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido corregir una anomalía estructural, pese a las advertencias reiteradas de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El despacho recuerda que España se comprometió ante Bruselas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Más de un año después de ese plazo, la tasa continúa instalada en el 32,2%, lo que evidencia, según Araúz de Robles, la insuficiencia de las reformas aprobadas hasta la fecha.

Araúz de Robles advierte de que estas cifras demuestran que el problema no se ha resuelto, sino que se ha mantenido como una práctica estructural dentro de las Administraciones Públicas. A juicio del despacho, el sistema ha permitido cesar a miles de empleados temporales sin corregir el origen del abuso, ya que las Administraciones han seguido recurriendo a la temporalidad para cubrir necesidades permanentes.

Más de 625 millones en riesgo y una posible nueva demanda ante el TJUE

Araúz de Robles advierte de que la inacción del Gobierno tiene también una consecuencia económica directa para el conjunto del país. El incumplimiento de los compromisos asumidos ante Bruselas puede derivar en la pérdida de más de 625 millones de euros de fondos europeos, recursos que podrían destinarse a reforzar servicios públicos, mejorar infraestructuras o apoyar la actividad económica. --El despacho subraya que el plazo del 29 de junio constituye una fecha clave para que España adopte una respuesta eficaz y conforme al Derecho de la Unión Europea. De no hacerlo, el país se expone a una nueva demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a un mayor deterioro de su posición frente a las instituciones comunitarias.

Araúz de Robles recuerda que el TJUE ya ha cuestionado la suficiencia de las medidas adoptadas por España para sancionar el abuso de temporalidad en el empleo público. Por ello, considera que el Gobierno no puede limitarse a aprobar soluciones formales o parciales, sino que debe adoptar medidas reales que reparen el abuso cometido y garanticen la estabilidad de los empleados públicos temporales afectados.

Urge una respuesta legislativa eficaz y conforme al Derecho de la Unión Europea

El despacho reclama al Gobierno una respuesta legislativa inmediata, eficaz y plenamente alineada con el Derecho de la Unión Europea. A su juicio, España no parte de una falta de diagnóstico, sino de advertencias reiteradas por parte de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han identificado la existencia de un abuso estructural de la temporalidad en el sector público.

En este sentido, Araúz de Robles sostiene que la solución debe pasar por transformar en fijos a los empleados públicos víctimas de abuso y dotar de estabilidad a quienes han demostrado capacidad e idoneidad durante años para el desempeño de sus funciones.

“El Gobierno que dice ser el más social de la historia debe decidir si quiere cumplir con Europa o seguir acumulando reproches del TJUE. Si quiere combatir la precariedad laboral o administrarla. Si quiere proteger a sus trabajadores públicos o seguir tratándolos como trabajadores de segunda. Acabar con esta lacra no es una opción política, sino una obligación jurídica, social, moral y democrática”, señala Javier Araúz, de Araúz de Robles.

El despacho advierte de que el vencimiento del plazo europeo constituye una oportunidad decisiva para corregir una anomalía que afecta a casi un millón de empleados públicos y que ya ha provocado miles de ceses. De no hacerlo, España no solo mantendrá la precariedad de una tercera parte de su plantilla pública, sino que expondrá al país a la pérdida de fondos europeos y a una nueva intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.