El texto reconoce que la entrada de entidades privadas, especialmente con ánimo de lucro, ha fragmentado la asistencia, debilitado la capacidad de control de las administraciones y generado importantes déficits de transparencia en el uso de los recursos públicos, y apuesta por fortalecer la gestión pública como la vía más segura para garantizar el derecho a la protección de la salud.
En un contexto marcado por la contención de costes y la presión sobre los márgenes empresariales, el trabajo híbrido y la conciliación se consolidan como factores clave para atraer y retener talento en las empresas españolas. Sin embargo, la ausencia de políticas de flexibilidad bien gestionadas está generando un coste invisible que impacta directamente en la rotación, el absentismo y la productividad. Lejos de ser un beneficio accesorio, la conciliación se ha convertido en una palanca estratégica para garantizar el compromiso y la estabilidad de los equipos.
¿Tenemos que hacer ahora más esfuerzo que nuestros padres para poder comprar una casa? Este debate sobre si el acceso a una vivienda es hoy más fácil o más difícil que hace 30 años genera respuestas contradictorias. Para muchos, la sensación es clara: independizarse o acceder a una casa en propiedad exige cada vez más esfuerzo. Sin embargo, cuando miramos solo el coste de la hipoteca, la realidad parece diferente: los tipos de interés actuales son muy inferiores a los de los años 90 y las cuotas, en proporción al salario, resultan más asumibles.
Cuando hace un año el Consejo de Administración de Indra nombró a Ángel Escribano presidente ejecutivo de Indra, su nombramiento no provocó especial entusiasmo en la sección sindical de CCOO. Abocados al enésimo cambio en la presidencia lo interpretamos como otro cambio más que alejaba la estabilidad necesaria en un proyecto empresarial del tamaño e importancia estratégica de Indra.
CCOO y UGT han participado activamente en la elaboración del recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, junto con la abogada del trabajador, frente a las resoluciones del Tribunal Supremo que niegan la posibilidad de reconocer una indemnización adicional en los supuestos de despido improcedente.
El Ministerio de Industria y Turismo y las comunidades autónomas han acordado, en el marco de la Conferencia Sectorial de Turismo, simplificar y agilizar el tramo final de la ejecución de los fondos europeos destinados a impulsar la transformación integral y sostenible del sector turístico.
El Consejo de Ministros celebrado el 3 de febrero de 2026 aprobó la revalorización de las pensiones contributivas, con carácter general, un 2,7% y la subida de la cuantía anual de las pensiones no contributivas un 11,4%. Esta decisión supone que 13 millones de pensiones y prestaciones suben en 2026.
Con la apertura de un nuevo proceso de regularización de inmigrantes, del que se beneficiarán cerca de medio millón de trabajadores extranjeros indocumentados, España está trazando su propio camino en materia de política migratoria, al tiempo que refuerza su dependencia de los migrantes para impulsar el crecimiento económico.
Los empleados tienen la obligación de “contribuir a la mejora de la productividad de la empresa”. Así lo establece el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. Este mandato no aparece como una recomendación ni como una cláusula simbólica, sino como parte del conjunto de deberes que conforman el vínculo laboral.
El sector hidrocarburífero venezolano ha sido campo de batalla entre el Estado y empresas privadas y ha estado sujeto a ciclos recurrentes de liberalizaciones seguidas de nacionalizaciones petroleras. Estas nacionalizaciones tienden a resurgir cuando los precios petroleros son altos, se descubren yacimientos abundantes o suben los volúmenes extraídos, como sucedió en los años 70 y la primera década de los 2000.
Reventón del pozo Barrosos II en Cabima, estado Zulia, el 14 de diciembre de 1922.Fuente: Wikipedia, CC BY
El primer ciclo de nacionalismo perolero: el origen de PDVSA
Entre los años 1920-1950, la extracción estuvo controlada por empresas extranjeras como Shell (Reino Unido-Países Bajos) o Standard Oil y Gulf Oil (EE. UU.). En los años 1950 y 1960, el Estado venezolano incrementó los impuestos y regalías y renegoció las concesiones para obtener mayor soberanía sobre sus materias primas.
Como consecuencia, la inversión privada y la producción de crudo descendieron paulatinamente en los 60-70 y la Administración de Carlos Andrés Pérez llevó a cabo la primera nacionalización petrolera el 1 de enero de 1976, justo hace 50 años. Sin embargo, no fue una nacionalización abrupta y se negoció con las multinacionales, que fueron indemnizadas. Pese a ser 100 % de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) pudo operar con autonomía e interferencia política mínima.
El segundo ciclo de liberalización y grandes inversiones comenzó en los 90, ante la incapacidad del Estado de afrontar los gastos de exploración y explotación del petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco. A las empresas multinacionales se les ofreció un marco contractual especial, con amplias garantías ante cambios políticos.
El segundo ciclo de nacionalismo petrolero: el chavismo
Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999 y fue siempre crítico con la apertura del sector al capital extranjero. No obstante, evitó cambiar el régimen contractual y fiscal hasta 2005. Dicha tardanza se explicó por las garantías que ofrecieron los contratos firmados en los 90 y el hecho de que las multinacionales todavía llevaban a cabo importantes proyectos de inversión entre 1999 y 2004.
La subida de los precios hidrocarburíferos entre 2004 y 2013, la finalización de los proyectos con las empresas multinacionales y los despidos de los trabajadores petroleros que participaron en el paro general de 2002-2003, incentivaron al gobierno chavista a endurecer las condiciones fiscales y a renacionalizar el sector en 2007. Más que una expulsión total de las empresas extranjeras o una confiscación generalizada, fue una renacionalización política y contractual. Este proceso sirvió para capturar y redistribuir la renta petrolera y convertir a PDVSA en un instrumento político al servicio del régimen.
Entre 2003 y 2012 se llevaron a cabo numerosos proyectos sociales financiados con rentas petroleras, las llamadas Misiones Bolivarianas. Fueron muy populares pues redujeron la pobreza y la desigualdad. Pero también exacerbaron el carácter rentista del Estado, sin mejorar la productividad del sector ni diversificar la economía. Al contrario, el resultado de la renacionalización fue el colapso de la inversión y la extracción de hidrocarburos a largo plazo, limitando la incorporación de nuevas tecnologías.
Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia, en 2013, heredó un sistema de misiones totalmente dependiente las rentas petroleras que, a partir de 2014, comenzaron su caída libre por el desplome de la producción de PDVSA, el descenso de los precios internacionales y la hiperinflación doméstica. Maduro descompuso varias de las misiones redistributivas y mantuvo solo aquellas de mera subsistencia, para evitar los estallidos sociales y retroalimentar el clientelismo político.
El Gobierno trató de atraer inversión extranjera, incluyendo operadoras de países aliados como Rusia o China, para extraer el crudo de la Faja del Orinoco y gas en alta mar. Pero la inestabilidad social, el colapso económico y las sanciones estadounidenses habían desalentado a las multinacionales.
¿Cuál será el interés de Trump?
La renacionalización petrolera de 2014 no fue ilegal, pues los recursos naturales pertenecen a Venezuela, ni tampoco una confiscación generalizada. Pero dos petroleras estadounidenses –ExxonMobil y ConocoPhillips– se negaron a colaborar con el gobierno chavista, mientras que Chevron continuó operando. El Estado expropió los activos de las multinacionales no colaboradoras y ambas se enfrentaron a años de litigios internacionales, que ganaron. Sin embargo, el Estado venezolano aún no ha pagado plenamente las indemnizaciones debido al colapso económico.
Es cierto que, pese a contar con las mayores reservas globales de crudo, el sector petrolero venezolano sufre de subinversión crónica y falta de personal cualificado. Adicionalmente, estas reservas son de petróleo pesado, muy viscoso y con una elevada huella de carbono. De ahí que tenga elevados costes de refino, aunque es un hidrocarburo adecuado para las refinerías estadounidenses del Golfo de México.
Según Rystad Energy, Venezuela necesitaría invertir 110 000 millones de dólares para restaurar los niveles de producción de hace 15 años, el doble de lo que las petroleras estadounidenses invirtieron a nivel global en 2024. Queda por ver si estas mostrarán el mismo entusiasmo que Trump por el petróleo venezolano, especialmente visto el escenario actual, plagado de incógnitas político-jurídicas y precios relativamente bajos.
Cobra entonces más peso la idea de que a Estados Unidos le interesa, sobre todo, impedir que sus rivales políticos, Rusia, China e Irán, con buenas relaciones con el Gobierno actual de Venezuela, controlen el petróleo venezolano y lo conviertan en un arma estratégica futura.
Eszter Wirth, Profesora de Economía Internacional (ICADE), Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.
La tensión en el mercado del alquiler ha aumentado de forma constante en los últimos años. Los precios suben, la oferta de vivienda es escasa y la competencia entre inquilinos es cada vez mayor. Ante esta situación, las Administraciones públicas han buscado nuevas fórmulas para ampliar la oferta de vivienda asequible sin depender exclusivamente de la construcción de nuevo parque público, un proceso lento y que exige grandes inversiones.
Este año comenzó con doce promesas del Gobierno español para mejorar el acceso a la vivienda. Finalizando 2025, y según las estimaciones del Observatorio del Alquiler, vemos que en España la renta media de los alquileres de vivienda ha pasado de 1 118 euros a 1 187 euros, un récord histórico. Y si las viviendas ofertadas en el mercado de alquiler fueron el año pasado 717 338, la previsión al cierre de este es de solo 696 118.
Cuando se habla de trabajo e inteligencia artificial la opinión parece oscilar entre un tecnooptimismo exacerbado y un tecnopesimismo profético. Lejos de los grandes debates, la relación entre la IA y el futuro del empleo plantea problemáticas no tan evidentes a las que es necesario dedicar tiempo de análisis.
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