Por qué la integridad institucional avanza a dos velocidades en las comunidades autónomas

Sin embargo, es necesario un enfoque más amplio que impregne todas las políticas públicas y que a su vez se concrete en estrategias específicas de integridad, que involucre a empleados y cargos públicos de forma individual, pero también a las instituciones.

La integridad de las instituciones ha ido ganando peso en el discurso público y los debates institucionales como una garantía de calidad democrática e innovación administrativa. Más allá de la ausencia de corrupción o el castigo de conductas contra la administración pública, esta apela a la prevención del fraude y a la generación de una cultura que anticipe riesgos.

El ámbito autonómico español ha desarrollado un entorno jurídico de integridad, transparencia y buen gobierno a lo largo de la última década. Transparencia Internacional –una organización no gubernamental global dedicada a prevenir y combatir la corrupción política y corporativa–, por ejemplo, resalta el esfuerzo de la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Cataluña. Ello permite disponer de una perspectiva temporal suficiente para valorar su puesta en práctica y evaluar los eventuales logros o impactos no esperados de esta realidad emergente.

Más allá de un modelo homogéneo para los distintos contextos autonómicos, en el estudio realizado sobre los sistemas de integridad en las comunidades autónomas de España, recientemente publicado por la editorial Comares, observamos que las formas que adoptan estos sistemas de integridad varían considerablemente.

Sistemas sofisticados frente a otros debilitados

Algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares, han consolidado sistemas relativamente sofisticados en materia de integridad institucional, con estrategias transversales, organigramas definidos y recursos propios que tienen agencias individuales de lucha y prevención del fraude y la corrupción. También han avanzado considerablemente en este ámbito Andalucía y Galicia, con programas y estrategias transversales.

Sin embargo, en otros casos hay un cierto debilitamiento de las normas, lo que exige seguir continuando con su fortalecimiento, tal como el esquema excesivamente centralizado, jerárquico y fragmentado de Madrid o las pocas herramientas prácticas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

De esta forma, algunas comunidades autónomas todavía deben realizar esfuerzos para incorporar planes antifraude, mecanismos de transparencia o canales de denuncia como parte de una estrategia global que garantice su implementación. Evitar la fragmentación y operar mejor en contextos crónicos de carencia de recursos constituyen asignaturas pendientes para conseguir objetivos satisfactorios.

Este diagnóstico nos señala que lo sistemas de integridad autonómicos, aunque afortunadamente ya están proliferando, deberían ir más allá del cumplimiento de unos mínimos legales y ser más ambiciosos para obtener resultados efectivos en la práctica organizativa y superar la distancia entre lo que proclaman las administraciones y lo que realmente hacen.

Esta brecha es significativa: la realidad que las autonomías declaran con respecto a lo que desean que ocurra en términos de integridad y los hechos en dicha materia son dos mundos separados.

Pero ¿por qué se producen estas diferencias entre comunidades autónomas y vacíos? Sobre todo, por las variaciones en el liderazgo político e institucional: para que la integridad trascienda y sea un hecho es fundamental aportar coherencia a la tríada conformada por los discursos, las normas y la implementación práctica. Así, bajo liderazgos más o menos comprometidos, la capacidad administrativa se ve fortalecida –especialmente cuando, además, se asume el imperativo de la transparencia, el buen gobierno y la ética pública y se consolidan trayectorias a largo plazo– o debilitada.

De esta forma, aunque todas las comunidades autónomas han adoptado legislación sobre transparencia y buen gobierno –incorporando instrumentos impulsados a nivel comunitario europeo–, no siempre se detectan compromisos concretos. A pesar de ello, hay que reconocer que factores como la gestión de los fondos europeos han favorecido la puesta en marcha de planes antifraude y mecanismos de control o de rendición de cuentas.

El hecho de que las exigencias europeas hayan ejercicio mayor influencia sobre el impulso de la integridad que las dinámicas políticas propias evidencia la necesidad de seguir incentivando la adopción de enfoques, métodos e instrumentos que no solamente tengan como propósito proteger la gestión de recursos económicos, sino la mejora de la calidad democrática.

Para superar, además, la distancia entre el diseño jurídico y la implementación efectiva, es preciso incorporar agencias de integridad y sistemas de evaluación y monitorización que, en la práctica, superen las limitaciones a las que se enfrenta el camino hacia el logro de un impacto real en materia de integridad.

La definición de indicadores claros, comparables, fáciles de medir y conectados con la rendición de cuentas haría más visible la integridad y la conectaría con otras áreas de gestión involucradas en el catálogo competencial autonómico.

Herramientas para el refuerzo

Aunque este estudio se centra en la integridad institucional, conviene situarlo dentro de un marco más amplio: el de la buena gobernanza. Este enfoque propone distintas herramientas para mejorar el funcionamiento de los gobiernos y las administraciones públicas, como reforzar la colaboración, fomentar el gobierno abierto, impulsar un liderazgo basado en la ética del servicio o crear mejores espacios para la toma de decisiones.

Sin embargo, avanzar en esa dirección no depende solo de cambios técnicos, legales o de una mayor supervisión. También exige transformar la cultura de las instituciones y consolidar valores que, aunque menos visibles, son esenciales para que esos cambios sean realmente efectivos.

El desigual avance de la integridad institucional en el ámbito autonómico español muestra la existencia de limitaciones organizativas, culturales y políticas, pero sirve también de acicate para continuar consolidando sistemas holísticos que incidan, de forma profunda y cotidiana, en la práctica administrativa.

Sergio García Magariño, Associate Professor, Sociology and Political Science, Universidad Pública de Navarra y Bernabé Aldeguer Cerdá, Profesor titular de de Ciencia Política y de la Administración, Universitat de València

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.