La mercantilización de la enseñanza en España avanza con especial fuerza entre el alumnado de menos de 3 años

El estudio, elaborado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales (IEES) de la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Enseñanza de CCOO, alerta sobre este proceso “que está transformando un derecho universal en un bien de mercado y tiene consecuencias directas sobre la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.

En su intervención, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que el problema no puede analizarse de manera aislada por etapas educativas. “No estamos ante problemas educativos independientes”, ha señalado, sino ante “un proceso de mercantilización en todas las fases educativas que recorre, por tanto, todo el sistema”. “Primero, se limita, se debilita o no se amplía suficientemente la oferta pública. Después, aparece una oferta privada que se presenta como la única solución disponible. Y finalmente, el coste se traslada a las familias y a la posibilidad de elegir dependiendo de la renta”, resaltó.

Sordo ha situado la segregación como otra de las consecuencias centrales del proceso de mercantilización. “Cuando financiamos con dinero público dos redes que escolarizan realidades sociales diferentes, tenemos un problema de igualdad y de cohesión social que abunda en una creciente segregación no solo educativa, sino después en una creciente segregación social”, ha advertido.

El informe denuncia que actualmente el 28,5% del alumnado de Primaria y ESO ya estudia en centros privados concertados, aunque con diferencias territoriales notables. En el País Vasco, la concertada escolariza al 48,9% del alumnado, mientras que en Madrid alcanza el 36,4%. En Castilla-La Mancha, en cambio, representa el 17,1%. Además, en el curso 2023-24, el 46% del alumnado escolarizado de 0 a 3 años acudía a centros privados.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha reclamado que el nuevo curso sirva para poner en marcha medidas que permitan frenar este proceso, como la Ley de Jornadas y Ratios o la modificación del Real Decreto de Requisitos Mínimos. También ha reclamado regular y limitar la apertura de nuevos centros privados de Formación Profesional, así como garantizar una digitalización y una inteligencia artificial desarrolladas desde el sistema público.

Esperabé se ha referido también a las condiciones laborales de los y las profesionales de la educación. “Si no tienen buenas condiciones, no va a haber buena calidad educativa”, ha señalado. Por ello, ha asegurado que desde el sindicato se reclama la internalización de los servicios externalizados, un aumento de las plazas públicas en todos los niveles educativos y una mayor inversión pública. Además, ha pedido una moratoria de al menos diez años para la apertura de nuevas universidades privadas. “Un servicio público, aparte de la titularidad, ha de tener prácticas públicas”, advirtió.

El informe advierte de que este proceso tiene consecuencias que van más allá de la titularidad de los centros. La creciente presencia de operadores privados, las cuotas y servicios complementarios, las diferencias en la oferta disponible y la capacidad económica de las familias pueden condicionar el acceso a los distintos centros y contribuir a aumentar la segregación escolar.

Una educación infantil no universal

El informe destaca la situación de la educación de 0 a 3 años, etapa en la que la oferta pública es claramente insuficiente a pesar de ser clave en la conciliación y en la reducción de desigualdades educativas futuras. A pesar de ello, el acceso a esta etapa dista todavía de ser universal. Solo el 48% de los menores de tres años está escolarizado y cerca de un 11% tiene necesidades educativas o de cuidado que no están cubiertas. En aproximadamente la mitad de estos casos, la razón es la imposibilidad de las familias para acceder al servicio o la falta de oferta disponible.

Las diferencias entre comunidades autónomas vuelven a ser muy acusadas. El porcentaje de alumnado del primer ciclo de Infantil escolarizado en centros concertados alcanza el 58,4% en Andalucía, el 51% en La Rioja, el 46,1% en Ceuta, el 44,7% en Castilla y León y el 43,1% en el País Vasco. También registra porcentajes elevados Baleares (33,5%), Galicia (30,2%) y Melilla (34,5%).

Según el informe, estos datos muestran que parte de la respuesta de las administraciones al aumento de la demanda de plazas de 0 a 3 años está pasando por financiar la oferta privada en lugar de ampliar suficientemente la red pública.

Claudia Guiral ha recalcado que el avance de la privatización resulta especialmente evidente en esta etapa: entre 2015 y el curso 2023-24, el alumnado escolarizado en centros privados en el primer ciclo de Infantil aumentó más de un 50%, frente al 14% registrado en la red pública. “Se ha perdido un porcentaje de alumnado importante y en vez de aprovechar para bajar las ratos, se ha ido en el sentido contrario”, lamentó. Entre 2018 y 2023-24 desaparecieron 1.837 aulas públicas de Primaria, frente a 424 concertadas.

Bachillerato: mayor presencia de la privada no concertada

El proceso analizado por el informe atraviesa todas las etapas de la educación. En Bachillerato, donde la presencia de la educación privada no concertada es mayor, el porcentaje de alumnado escolarizado en centros privados ha pasado del 23,4% al 27,8% en los últimos diez años.

Madrid destaca especialmente en este ámbito: el 38% del alumnado estudia en centros privados no concertados, más del doble de la media estatal, situada en el 17,5%. Por su parte, el País Vasco es la región con un mayor porcentaje de estudiantes de Bachillerato en centros privados-concertados, con 52,1 % del total.

La falta de plazas públicas alimenta el negocio privado

El informe analiza además cómo la mercantilización atraviesa otras etapas del sistema educativo. En Formación Profesional, señala que la falta de plazas públicas ha favorecido la expansión de centros privados y ha trasladado nuevos costes a las familias. Esta expansión ha crecido sobre todo en la modalidad a distancia.

El coordinador del estudio, Pedro González de Molina, ha apuntado, por ejemplo, a que en el curso 2023-2024, la FP de grado medio a distancia ya contaba con más alumnado en centros privados que en públicos, mientras que en el grado superior la oferta privada a distancia duplicaba ampliamente a la pública. La mercantilización no se limita a la existencia de centros privados, sino que es “el avance de empresas privadas en un sistema educativo muchas veces inducido y favorecido por decisiones de las administraciones públicas y por la insuficiencia de la oferta pública”, resaltó.

Por otro lado, en la universidad, el informe advierte del rápido crecimiento de las universidades privadas mientras la capacidad de las públicas para ampliar plazas en titulaciones con una elevada demanda permanece limitada. El número de instituciones privadas ha pasado de 18 en el año 2000 a 42 en la actualidad, mientras que el número de universidades públicas se ha mantenido en 50. El 23% del alumnado de grado y el 50% del alumnado de máster estudian ya en universidades privadas.

Ante esta situación, el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales y la Federación de Enseñanza de CCOO, reclaman un cambio en las políticas educativas de las administraciones públicas. Entre sus propuestas se encuentran ampliar la oferta pública desde los 0 años, fortalecer la red pública para atender la demanda existente, reducir progresivamente la red concertada, impedir las cuotas encubiertas y aumentar la oferta y financiación públicas en Formación Profesional y universidad.