Más empleo que nunca, pero los salarios siguen estancados

El salario medio anual ha aumentado desde unos 25.200 euros en 2020 hasta alrededor de 31.000 euros en 2025, lo que supone una subida cercana al 20%. No obstante, en ese mismo periodo los precios han crecido en torno al 21–22%, de modo que el poder adquisitivo apenas se ha recuperado. En términos reales, el salario medio actual casi no ha recuperado poder de compra respecto a hace cinco años, ya que buena parte de ese aumento se ha visto absorbido por la subida de la vivienda, la alimentación, la energía y otros servicios básicos. Aunque la economía crece, el empleo aumenta y los ingresos públicos mejoran, el incremento del gasto en bienes esenciales deja menos margen para el ahorro y el consumo, por lo que muchos hogares no perciben estos avances en su vida cotidiana.

Este desfase se hace especialmente visible en el acceso a la vivienda. Desde 2020, tanto los precios de compra como los alquileres han aumentado entre un 25% y un 30%, con incrementos aún mayores en algunas zonas tensionadas. Cada vez más hogares destinan una parte muy elevada de sus ingresos a la vivienda, lo que reduce su capacidad de consumo y dificulta el ahorro. Para muchos jóvenes, el acceso a una vivienda asequible sigue siendo uno de los principales obstáculos para su emancipación. El encarecimiento de la vivienda se ha convertido así en un factor clave para entender por qué la mejora económica no se traduce en una percepción real de bienestar.

La negociación colectiva tampoco ha logrado compensar esta pérdida de poder adquisitivo. Entre 2020 y 2025, los incrementos salariales pactados en convenio rondan el 17%, claramente por debajo de una inflación acumulada cercana al 21–22%. En los años de mayor subida de precios, la actualización salarial ha sido especialmente limitada, consolidando una pérdida que aún no se ha recuperado. Además, las cláusulas de revisión salarial —que permiten ajustar los sueldos en función de la evolución de los precios— siguen sin estar presentes en muchos convenios o tienen un alcance reducido, dejando a numerosos trabajadores más expuestos al aumento del coste de la vida.

Frente a esta evolución, algunas medidas de protección del poder adquisitivo adoptadas por el Gobierno en el marco del diálogo social han seguido una trayectoria más favorable. Las pensiones públicas han mantenido su valor real gracias a su actualización conforme al IPC. Por su parte, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 950 euros mensuales en 2020 a 1.221 euros en 2026, lo que supone un incremento cercano al 28%. Este aumento, en coherencia con los principios de la Carta Social Europea, ha beneficiado principalmente a los trabajadores con menores ingresos y ha contribuido a reducir la desigualdad en la base salarial, aunque no ha sido suficiente para compensar la pérdida general de poder adquisitivo.

Al mismo tiempo, los márgenes empresariales han aumentado hasta situarse entre el 12,5% y el 13%, aproximadamente dos puntos por encima del nivel previo a la pandemia. Este incremento refleja la capacidad de muchas empresas para trasladar el aumento de costes a los precios. En términos reales, el beneficio por trabajador ha crecido alrededor del 7% respecto a 2019, de modo que una mayor parte de la renta se concentra en el capital, cuya participación supera el 53%, frente al 47% correspondiente al trabajo. Se configura así una paradoja: la economía crece y crea empleo, pero sin un reparto equilibrado. La distancia entre beneficios, productividad y salarios se ha ampliado y, al perder poder de compra, los salarios debilitan el consumo, uno de los pilares del crecimiento.

El contexto internacional añade incertidumbre. La actual alza de los precios tiene su origen, en buena medida, en el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania, y se ha visto reforzado por el conflicto en Oriente Próximo. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha extendido la inestabilidad al conjunto del Golfo Pérsico y, aunque se han alcanzado treguas frágiles —también entre Israel y Líbano—, la situación sigue siendo imprevisible. Esta incertidumbre ha impulsado de nuevo los precios del petróleo y del gas, elevando los costes y presionando al alza la inflación, mientras que organismos internacionales advierten del riesgo de desaceleración, e incluso de una posible recesión de la economía mundial.

Para hacer frente a estos riesgos, el Gobierno aprobó en marzo de 2026 un paquete de medidas que incluye rebajas fiscales sobre la energía y los combustibles, ayudas a sectores afectados y la prórroga de los contratos de alquiler para aliviar la presión sobre las familias. También se han reforzado los mecanismos de protección del empleo en los sectores más afectados por el encarecimiento energético, con el objetivo de sostener la actividad y evitar la destrucción de puestos de trabajo, al tiempo que se intensifica la vigilancia sobre los márgenes empresariales para evitar incrementos injustificados de precios.

El desfase persistente entre precios y salarios continúa siendo un reto relevante. Afrontarlo podría pasar por avanzar hacia enfoques de política de rentas que contribuyan a repartir de manera más equilibrada los costes y beneficios del crecimiento entre trabajo y capital. En este contexto, reforzar la negociación colectiva, ampliar el uso de cláusulas de revisión salarial y explorar una fiscalidad más progresiva pueden ser vías a considerar para favorecer una distribución más equitativa del esfuerzo. El proceso de diálogo social en torno al VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) puede desempeñar un papel importante como espacio para avanzar en estos objetivos.

España ha demostrado su capacidad para crear empleo y superar crisis recientes. Sin embargo, sin una mejora sostenida del poder adquisitivo, las desigualdades no se reducen y la cohesión social puede verse afectada. Un reparto más equilibrado de la renta no es solo una cuestión de equidad, sino una condición imprescindible para sostener el crecimiento a medio plazo. Avanzar hacia modelos europeos en los que los trabajadores participen más en los beneficios, en los resultados y en las decisiones empresariales permitiría alinear mejor salarios, productividad y rentabilidad, reforzando tanto la estabilidad económica como la calidad democrática del sistema productivo.