El empleo no se salvó solo

Ninguna de las dos interpretaciones resulta convincente. Los gobiernos no crean por decreto todos los puestos de trabajo, pero sí pueden determinar cómo se distribuyen los costes de una crisis, qué tipo de contratación se favorece y qué protección reciben las personas trabajadoras cuando la economía se detiene. Y eso es, precisamente, lo que ha cambiado en España desde 2019, las políticas definidas, aprobadas e implementadas.

El principal éxito de la política laboral desarrollada durante estos años no consiste únicamente en haber alcanzado cifras históricas de ocupación. Su mayor logro ha sido modificar la forma en que el mercado de trabajo responde a las crisis y comienza a aprovechar las etapas de crecimiento.

El punto de partida: mucho empleo, demasiada precariedad

España llegó a finales de 2019 con casi veinte millones de personas ocupadas y una tasa de paro del 13,78 %, la más baja desde 2008. Sin embargo, bajo aquella evolución favorable permanecía un modelo laboral basado en una utilización desproporcionada de la contratación temporal y en una rotación difícilmente compatible con proyectos estables de vida.

En 2019, el 90,41 % de los contratos registrados fueron temporales. Este dato no representa la proporción de personas asalariadas con contrato temporal, sino el peso de los contratos temporales sobre el conjunto de contratos firmados durante el año. La diferencia es importante: una misma persona podía suscribir varios contratos sucesivos. De hecho, cada persona contratada firmó, en promedio, 2,93 contratos, una cifra que revela la intensa rotación y la corta duración que caracterizaban al mercado laboral español.

Constituye una buena expresión de la intensidad con la que las empresas recurrían a contratos de corta duración. La contratación indefinida, además, retrocedió después de varios años de crecimiento.

La aparente normalidad de 2019 escondía, por tanto, una vulnerabilidad conocida. Cuando se producía una caída de la actividad, el ajuste se realizaba fundamentalmente mediante la extinción de contratos temporales y la destrucción de empleo. Así había ocurrido en crisis anteriores y todo hacía pensar que volvería a ocurrir.

Los ERTE cambiaron la respuesta a las crisis

La pandemia puso a prueba ese modelo de manera extrema. En 2020, el PIB español se contrajo un 10,9 %, se paralizaron sectores completos y millones de personas dejaron temporalmente de acudir a sus puestos de trabajo. En circunstancias anteriores, una caída semejante habría provocado despidos masivos y una ruptura prolongada de las relaciones laborales.

Sin embargo, la utilización generalizada de los expedientes de regulación temporal de empleo permitió suspender contratos o reducir jornadas sin destruir definitivamente los puestos de trabajo. En los momentos más críticos, alrededor de 3,6 millones de personas estuvieron protegidas mediante este instrumento. La Organización Internacional del Trabajo considera que la utilización intensiva de los ERTE explica en buena medida que el aumento del desempleo fuera muy inferior al registrado tras la crisis financiera de 2008.

No fue únicamente una medida de gasto público. Supuso un cambio de filosofía: ante una perturbación temporal, resultaba más eficiente conservar la relación laboral que despedir, pagar prestaciones, perder capacidades profesionales y tratar posteriormente de reconstruir el empleo destruido.

También fue el resultado del diálogo social. Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales acordaron sucesivas ampliaciones y adaptaciones del sistema. Esa cooperación permitió responder con rapidez a una situación para la que no existían precedentes operativos suficientes.

Los ERTE demostraron que la flexibilidad empresarial no tiene por qué identificarse necesariamente con el despido. Puede articularse mediante mecanismos internos que protejan simultáneamente a las empresas, a las personas trabajadoras y al conjunto de la economía. La posterior creación del Mecanismo RED incorporó esa enseñanza a la arquitectura permanente del mercado laboral3.

La reforma laboral y el retroceso de la temporalidad

La segunda gran transformación llegó con la reforma laboral. Con ella se estableció el contrato indefinido como regla general, reforzó el carácter causal de la contratación temporal, eliminó el contrato por obra o servicio y modificó la regulación de los contratos formativos, la subcontratación y la negociación colectiva. Sus efectos sobre la estructura contractual han sido evidentes. La tasa de temporalidad de las personas asalariadas pasó del 25,4 % al finalizar 2021 a situarse alrededor del 16 % en 2024, mucho más cerca de la media europea. La OCDE atribuye expresamente una parte sustancial de este descenso a la reforma y subraya que la reducción del empleo temporal no fue acompañada de una caída del empleo total, porque fue compensada por el incremento de los contratos indefinidos.

Los datos de afiliación de junio de 2026 confirman la magnitud del cambio. Desde junio de 2021 hay casi 4,9 millones más de personas afiliadas con contrato indefinido y cerca de dos millones menos con contrato temporal. El peso de las personas trabajadoras temporales ha descendido del 27,9 % al 12,3 %. Entre los menores de treinta años, la temporalidad ha pasado del 51,1 % al 20,6 %.

Esto no significa que hayan desaparecido la inestabilidad o la rotación. Una parte del crecimiento de la contratación indefinida corresponde a contratos fijos discontinuos, cuya calidad debe analizarse atendiendo a los períodos reales de actividad, los llamamientos y los ingresos anuales. El Banco de España también ha advertido de que otros indicadores de estabilidad laboral han mejorado con menor intensidad que la tasa de temporalidad.

Pero esas reservas no invalidan el resultado principal. España ha dejado de ser una anomalía europea tan acusada en materia de temporalidad y millones de personas disponen hoy de una relación contractual potencialmente más estable que la que habrían tenido bajo el marco anterior.

Los récords son reales

La Encuesta de Población Activa cerró 2025 con 22.463.300 personas ocupadas, 605.400 más que un año antes. La tasa de empleo alcanzó el 53,09 %, el valor más alto de la serie histórica, y la tasa de paro descendió al 9,93 % en el cuarto trimestre, por debajo del 10 % por primera vez desde la crisis financiera.

Los datos administrativos más recientes mantienen esa tendencia. En junio de 2026, la afiliación media a la Seguridad Social llegó a 22.466.339 personas, después de aumentar en 128.533 durante el mes y en 605.244 en el último año. El paro registrado descendió hasta 2.291.982 personas, su cifra más baja desde enero de 2008.

Son resultados que no pueden explicarse únicamente por un efecto estadístico o por la sustitución de contratos temporales por indefinidos. Hay más personas trabajando, una mayor participación femenina, un crecimiento notable de la afiliación extranjera y un avance de actividades profesionales, científicas y técnicas.

Tampoco sería riguroso atribuir toda esta evolución exclusivamente a la política laboral. Han contribuido la recuperación posterior a la pandemia, el dinamismo de la economía española, los fondos europeos, el crecimiento de la población activa y la fortaleza de determinadas actividades de servicios.

Pero sí cabe atribuir a las políticas adoptadas dos resultados fundamentales: la crisis no se tradujo en una destrucción permanente de empleo comparable a la de recesiones anteriores y la posterior recuperación generó una proporción muy superior de relaciones laborales indefinidas. Esa es una diferencia institucional, no meramente coyuntural.

La otra cara del mercado laboral

Los buenos datos no eliminan los problemas estructurales. España continúa manteniendo una tasa de desempleo superior a la media europea, especialmente entre las personas jóvenes, las mayores de 45 años y quienes tienen menor nivel de cualificación.

El paro de larga duración representa el 45,87 % del paro registrado. Más de 1,1 millones de personas llevaban al finalizar 2025 más de un año inscritas como desempleadas, y cerca de 767.000 superaban los dos años. Las mujeres y las personas de mayor edad soportan de manera desproporcionada esta situación.

También se está produciendo un intenso envejecimiento de la población trabajadora. Al finalizar 2025, el 50,90 % de las personas afiliadas tenía 45 años o más. El relevo generacional será uno de los grandes desafíos de la próxima década y afectará a la sanidad, los cuidados, la industria, la construcción, el transporte, la administración pública y numerosas ocupaciones técnicas8.

La brecha de género persiste. La tasa de empleo femenina se situó en el 48,19 %, frente al 58,24 % de la masculina. Entre las personas afiliadas al Régimen General, la parcialidad afecta al 25,65 % de las mujeres y al 12,24 % de los hombres. La distribución desigual de las responsabilidades de cuidado continúa limitando la participación laboral, las carreras profesionales y los ingresos de muchas mujeres8.

Y permanece el problema de la productividad. La Comisión Europea advierte de que una gran parte del empleo reciente se concentra todavía en actividades de productividad relativamente baja. También identifica carencias de competencias técnicas, sobrecualificación, dificultades para cubrir determinadas vacantes y una insuficiente conexión entre formación, universidad y necesidades empresariales.

De la resistencia a la transformación

La próxima etapa de la política de empleo será más compleja que la anterior. Reducir la temporalidad exigía modificar las reglas contractuales. Aumentar la productividad, mejorar los salarios y corregir los desajustes de competencias requiere una actuación coordinada sobre el modelo productivo, la formación profesional, la educación superior, la innovación empresarial y los servicios públicos de empleo.

Será necesario desarrollar sistemas permanentes de recualificación, facilitar formaciones breves y acumulables, reforzar la prospección empresarial y ofrecer acompañamiento personalizado a quienes tienen mayor riesgo de permanecer en desempleo. También debe culminarse la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo prevista por la Ley 3/2023, dotándola de capacidad real para coordinar, evaluar e innovar dentro del Sistema Nacional de Empleo.

La inteligencia artificial puede contribuir a anticipar necesidades profesionales, mejorar la intermediación e identificar itinerarios formativos. Pero debe utilizarse como apoyo al criterio profesional, con transparencia, supervisión humana y garantías frente a la discriminación. La tecnología no puede sustituir el acompañamiento que necesitan las personas más alejadas del empleo.

El balance de estos años es, en definitiva, positivo. España ha demostrado que era posible proteger el empleo durante una crisis extraordinaria, reducir de manera sustancial la temporalidad y alcanzar cifras históricas de ocupación sin renunciar a los derechos laborales.

Ese resultado no se produjo solo. Fue consecuencia del crecimiento económico, pero también de decisiones políticas, recursos públicos, negociación colectiva y diálogo social.

Reconocerlo no obliga a caer en la autocomplacencia. La buena política laboral no es la que se limita a celebrar un récord, sino la que utiliza ese récord como punto de partida para afrontar los problemas que permanecen. Después de haber aprendido a conservar el empleo y a hacerlo más estable, el siguiente desafío consiste en conseguir que sea más productivo, mejor remunerado, más inclusivo y capaz de sostener las grandes transformaciones demográficas, ecológicas y tecnológicas de nuestro tiempo.

1.Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Informe del Mercado de Trabajo 2020. Datos 2019.

2. INE. Producto Interior Bruto.

3. OECD (2024), Preparing ERTE for the Future: An Evaluation of Job Retention Support in Spain During the COVID-19 Pandemic, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a70bf8ec-en.

4. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

5. OECD (2024). Reactivar el crecimiento de la productividad ampliamente compartido en España.

6. Banco de España (2024). Informe anual 2023. Capítulo 3.

7. INE. Encuesta de población activa 2025.

8. Servicio Público de Empleo (SEPE). Informe del Mercado de Trabajo 2026. Datos 2025.

9. European Commission. Asuntos de Economía y Finanzas. Informe España 2026. Acompaña a la Recomendación del Consejo sobre las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de España.