Supervisión y control, en Comunidad de Madrid

Por primera vez seguí el debate sobre política de la región. No todo entero, pero sí tramos importantes. Lo recomendaría como ejercicio práctico de lo que no debe ser la política, en mayúsculas. De entrada, la primera intervención de la presidenta Díaz Ayuso, fue sorprendente porque parecía ejercer de jefa de la oposición, en el Congreso de los Diputados. La palabra Madrid y sus problemas, fue al final de todo, como si fuera algo totalmente secundario. Realmente sorprendente.

Pero vayamos al grano. Lo más sorprendente e inquietante es la carencia de medidas concretas para obligar al gobierno de la Comunidad, a dar todos los documentos, informes y cuentas de todos los organismos, consorcios, entidades y por supuesto, del conjunto del gobierno regional.

Durante cuatro legislaturas ejercí como diputado de la oposición en el Parlamento de Cataluña y nunca, nunca, se nos denegó el derecho a pedir y obtener toda la documentación de carácter institucional. Por supuesto hubo retrasos, recortes, “olvidos”, maniobras para dejar alguna documentación a buen recaudo, pero con trabajo e insistencia, al final se conseguía el objetivo. Es que impedir el trabajo de la oposición, supone torpedear la democracia. No hay democracia sin capacidad de supervisión y control de la acción del gobierno.

Pues bien, estamos asistiendo a una auténtica batalla de los grupos de oposición al gobierno de la Comunidad, en temas tan relevantes como saber y conocer todos los trámites previos a la compra del famoso ático millonario. Los previos, pero, a continuación los que siguieron para venderlo. Para quien no conozca los pasos administrativos y financieros de una operación como ésta, tiene que saber que requiere de plazos largos y gestiones complicadas.

Ni se puede comprar al tuntún, ni vender. Primero hay que justificar la necesidad de compra, luego el destino que se le quiere dar, además del precio, y en medio, un conjunto de trámites burocráticos que suelen durar meses. Si es cierto para la compra, lo es igualmente para la venta. Entiendo, pues, la necesidad y la urgencia de la oposición para tener todos los detalles y comprobar su legalidad, antes que se pronuncie la Justicia.

Dicho esto, lo que más me sorprende de la operación es la inmensa chapuza con que se ha llevado a cabo. Y las explicaciones dadas, incluso más chapuceras que la propia compra. Todo, todo, en este asunto es impropio de políticos de primer nivel. Esto se ha hecho con protagonistas de segunda e incluso tercera división, con la presidenta a la cabeza, porque nadie puede creerse que una operación como ésta, se hizo sin su conocimiento y participación. Espero salga todo, en los próximos días o semanas.

Pero, mi sorpresa, como ex diputado, no se limita al ático, sino a otros escándalos que no encuentran ni explicación real ni documentación justificativa. Me pregunto, cómo es posible que la oposición no pueda acceder a convenios o contratos con entidades educativas, médicas o de otros sectores. El modelo de funcionamiento de la Comunidad de Madrid se parece más a uno autoritario que a uno auténticamente democrático. Quien gobierna debe, no solo entregar toda la documentación justificativa, sino facilitarla en su máxima extensión y detalle. Es mucho más fácil y democrático actuar así que frenar las peticiones de supervisión y control. Cuando así se hace, queda claro que hay cosas que ocultar.

Y ante los incumplimientos, hay que exigir la máxima celeridad. Aquí, tanto el Tribunal de Cuentas, como los propios servicios comunitarios tienen que cumplir sus funciones y apercibir la ilegalidad de los actos no reglados y por supuesto facilitar el acceso a los miembros de la oposición. Así está establecido en todas las normas, de todas las entidades e instituciones públicas.

Pues bien, la mayoría absoluta de Ayuso la ha llevado a acciones y actuaciones impropias en un estado de derecho. Si no cumple con la legalidad, tocará ir a la Justicia. Y aquí es donde entramos en cuestionamientos que no teníamos años atrás. Ya no estamos seguros de que la Justicia sea justa ni para todos, igual. Es otra de las derivadas de estos tiempos que solo se podrán cambiar, una vez Pedro Sánchez vuelva a repetir resultados y deje en la oposición, a los que en ella están, a día de hoy.