El caso Mari Carmen debe forzar el cambio en vivienda

La solución pasa ineludiblemente por intervenir el mercado de vivienda.

Las derechas han impedido hasta ahora esa intervención, por su insistencia en defender intereses privados, minoritarios y espurios.

El caso de la octogenaria madrileña desahuciada por un fondo buitre en Madrid ha implosionado en la opinión pública, hasta el punto de forzar un coste político y electoral muy importante para cualquier actor político que aparezca como obstaculizador de las soluciones.

Hay que aprovechar este momento para someter a votación en el Congreso las medidas que hasta ahora no han logrado el respaldo suficiente, medidas coyunturales y medidas estructurales.

Las medidas de coyuntura son la prohibición de desahucios a inquilinos vulnerables y la prórroga temporal de los precios de alquiler. Son inapelables en un contexto de emergencia social por la escalada de costes.

Las medidas estructurales tienen que ver con la retirada de pisos turísticos ilegales, con el fin del fraude de los alquileres de temporada, con la imposibilidad de enajenar vivienda financiada con dinero público, con la facilitación de la construcción de vivienda social, con la protección de inquilinos vulnerables…

Ahora bien, debemos ser conscientes de que la medida más eficaz a corto plazo ya está habilitada en la ley vivienda impulsada por este Gobierno progresista y que se niegan a aplicar las administraciones controladas por las derechas: el control de precios de alquiler en zonas tensionadas.

La ley posibilita que comunidades y ayuntamientos obliguen a los propietarios a limitar los precios de alquiler por debajo de unas cifras de referencia, calculadas en función de la renta disponible en cada territorio.

Funciona allí donde se ha puesto en marcha, en Cataluña, en Navarra, en Euskadi, en algunas ciudades de Galicia. Pero PP y Vox se niegan a aplicarlo en la generalidad de los territorios de España, como en Madrid.

La disputa territorial resulta tan confusa como inaceptable para la gran mayoría de la población. La gente quiere soluciones, no justificaciones competenciales. Pero la realidad es esa. La solución depende de unas administraciones competentes que se niegan a aplicarla. ¿Por qué? Porque defienden otros intereses, que no son los intereses generales.

La ministra de Vivienda ha llegado a proponer a la presidenta de la Comunidad de Madrid que le delegue sus competencias, para aplicar así la ley de Vivienda y lograr el abaratamiento de los alquileres en la región capital. Pero no parece que la señora Díaz Ayuso vaya a aceptar.

Hay quienes plantean activar el artículo 155 de la Constitución Española, que faculta al Gobierno para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento de su deber para con el interés general, pero requiere de la aprobación por parte de la mayoría absoluta del Senado, controlado por el Partido Popular.

El acceso a una vivienda digna constituye un gran problema social. Y hay soluciones, bloqueadas hasta ahora por las derechas en el Congreso y en las Comunidades Autónomas. El caso Mari Carmen puede y debe ayudar a desbloquear la situación. Ojalá sea así.