Retos municipales pendientes

El primero sería un definitivo, o por lo menos, un estable sistema de financiación que permita planificar y programar a medio y largo plazo. Los ayuntamientos siempre han quedado relegados a segundo o tercer plato, por detrás de las CCAA, y no es justo.

La mayoría de servicios que proporcionan son los más próximos y básicos para los ciudadanos y deberían haber sido negociados sino antes, al unísono con las CCAA. Nunca ha sido así, y el retraso se ha convertido en permanente. Aún hoy, nadie sabe para cuándo el nuevo sistema de financiación.

El día que se resuelva esta prioridad, habrá que pensar en modificar la Ley de Bases de Régimen Local, la constitución de los ayuntamientos, para ponerla al día. Se promulgó en el año 1985, con algunos retoques posteriores, pero ha llovido mucho desde entonces y la realidad actual poco tiene que ver con la de aquella época. Hay que actualizar competencias, servicios, impuestos, tasas, etc.

Resueltos los dos primeros, hay que encajar y aclarar los tres niveles de administración: central, autonómica y local, para conseguir la mayor eficacia con el menor coste posible. Claridad, coordinación y cooperación, inexistentes a día de hoy, o con constantes fricciones, en función de los partidos, en unas y otras.

En esta actualización de leyes y normas, habría que distinguir entre grandes y pequeños ayuntamientos. No es lógico ni práctico, imponer similares normas a realidades muy distintas. Si alguien estudia los trámites de todo tipo, en cualquier ayuntamiento, verá la imposibilidad de atenderlos por parte de los pequeños.

Para todos ellos, la LBRL, debería prever una reducción substancial del papeleo, empezando por todo lo relacionado con los presupuestos municipales. Hace años llevo insistiendo en que debería existir una norma para ayuntamientos con presupuestos superiores a un millón de euros, del ordinario, y otra para los que superen esta cifra.

Son realidades muy diferentes, y no tiene ninguna justificación la complejidad de gestión, en unos y otros casos.

Esta actualización de la LBRL; también debería poner al día el papel de las diputaciones, para hacerlas más efectivas, en su ayuda a los ayuntamientos. Y en el caso de Cataluña, habría que transformar los Consejos Comarcales, en Mancomunidades de Servicios, para facilitar agrupar infraestructuras, equipamientos y servicios en todas las comarcas, especialmente en las que predominan los pequeños ayuntamientos.

Transcurridos cuarenta y cuatro años, es tiempo más que suficiente para ver todos estos cambios reflejados en una nueva ley de bases, con sus correspondientes normativas y reglamentos. Lo que antes era deseable, se ha convertido en necesario y urgente.