Se han cumplido ya dos años desde aquel 23 de julio en el que los españoles decidieron que gobernara Pedro Sánchez al frente de un gobierno progresista.

Madrid es la región capital de uno de los países europeos con mayor pujanza económica y cultural. Sin embargo, en la constelación de grandes capitales europeas aparece como una región antipática, divisiva, gris y gregaria.

Porque son españoles. Si comparten nuestro trabajo, nuestras calles, nuestro calor, nuestros problemas, nuestras fiestas, nuestras alegrías, si comparten nuestra vida, son tan españoles como tu y como yo, independientemente de lo que diga su pasaporte.

La Constitución Española establece legislaturas de cuatro años, y ni tan siquiera han pasado dos desde las últimas elecciones generales.

La derecha española es una coalición de intereses de poder y de dinero, antes que una plataforma ideológica con un proyecto para España. Y esa coalición de actores políticos, económicos y mediáticos ha decidido echar a Pedro Sánchez para hacerse con el todo el poder y con todo el dinero posible. No han podido hacerlo por las buenas, y lo pretenden hacer por las malas.

La corrupción política es un fenómeno recurrente en todas las democracias y en todas las etapas. Se trata de una lacra que forma parte intrínseca de los riesgos que conlleva la gestión de los asuntos públicos, incluso en los Estados de Derecho de mayor calidad. A veces aparece más y a veces menos, en un nivel más alto o más modesto. En algunas ocasiones eclosiona justamente como escándalo ante la opinión pública, por su envergadura o gravedad.

Como todas las leyes en democracia. Las leyes que regulan el servicio público de justicia también las hace el Parlamento. Las leyes de la defensa no las hacen los militares.

Las estrategias de desestabilización están en marcha y son evidentes.

Su propósito es el de tumbar al gobierno legítimo de España, forzar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, para formar un gobierno de la derecha y la ultraderecha.

España se enfrenta a retos trascendentales para nuestro futuro, en un contexto internacional de desafíos enormes y de incertidumbres desconocidas desde las grandes guerras del siglo XX. Mientras tanto, la oposición se entretiene en airear basurillas varias, procurando la desestabilización del gobierno legítimo que ha de resolverlos.

Nunca fue misión pacífica definir el periodismo. ¿Qué es periodismo y qué no lo es? ¿Quién es periodista y quién no lo es? Es más, establecer una definición cerrada de periodismo podría resultar arriesgado, en términos democráticos. Porque la libertad de prensa constituye uno de los pilares de la democracia.

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado un Congreso para “activar” al PP. De inmediato, las expectativas se han disparado.

Justo en la semana del Primero de Mayo, la jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en todo el mundo, la derecha española ha desatado una campaña significativa contra los sindicatos.

El pasado 28 de abril, una sociedad avanzada y una economía fuerte como la española se sumió en la oscuridad y la parálisis general. No se produjo caos, ni violencia, ni desmanes generalizados, como algunos tratan de dibujar. Es más, la recuperación del suministro eléctrico y del funcionamiento del país fue rápida y eficaz. Pero este gravísimo suceso requiere de explicaciones para saber qué ocurrió, y requiere de garantías para que no vuelva a ocurrir.

Llama la atención la cantidad y, sobre todo, la identidad de algunos de los protagonistas de homenajes al Papa Francisco durante estos días. Porque los valores esgrimidos y los hechos contrastados de muchos de ellos contradicen vivamente la trayectoria humanista de Bergoglio. Pero esta realidad flagrante no les ha privado de pronunciar palabras aparentemente cargadas de profundo sentimiento, de publicar fotografías supuestamente cómplices e, incluso, de asistir enlutados a su funeral. Hay que concluir, por tanto, que hay algo de oportunismo e hipocresía en tales conductas.

La polarización que experimenta la política global tiene mucho de manipulación emocional y de impostura por el poder. La ofensiva ultra atiza agravios y odios para reclutar adeptos y acumular beneficios. Su estrategia consiste en denigrar primero para expulsar después a cuanto progresista obstaculice sus objetivos de acumulación de poder y riqueza. Por las buenas o por las malas. Hay pocas ideas detrás de esto. Pero algunas hay.

La ofensiva de aranceles generalizados anunciada por el gobierno estadounidense de Donald Trump ya está provocando daños gravísimos sobre la economía mundial que, de no corregirse, se traducirá en recesión, paro y pobreza a una escala desconocida desde la pandemia del coronavirus COVID-19.

El PP de Feijóo está decidido a volar la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho. Desde su llegada al liderazgo del partido, ha practicado la estrategia de la tierra quemada con cada institución de nuestra democracia que no atendía a su propósito de poder. Desde el Gobierno hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la Fiscalía General, el Banco de España, el Consejo de Estado, el CIS, el CGPJ hasta hace pocos meses… y el Tribunal Constitucional.

El comportamiento de la derecha y la ultraderecha española en las Cortes Generales desde las últimas elecciones generales solo puede calificarse como de lamentable gamberrismo parlamentario.

Estamos en un momento crítico de la historia de este siglo XXI. En el gran tablero de la política mundial se dilucidan las reglas del juego que determinarán las relaciones entre los pueblos, el comercio internacional, la promoción de las democracias o las autocracias, la defensa, la indiferencia o la persecución de los derechos humanos…

El vendaval reaccionario que recorre el mundo de la mano de tecnocrátas y ultraderechistas ha alcanzado al movimiento feminista. Los reaccionarios que arremeten contra las ideas de la paz, la democracia, los derechos humanos, el comercio justo, la ciencia y el cuidado del medio ambiente, han puesto también en su diana al movimiento en favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

El Gobierno de España ha tomado la decisión de condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, encargado de la coordinación entre la hacienda nacional y las autonómicas, lo ha ratificado.

La lógica de los abusones es simple. ¿Por qué lo hago? Porque quiero y porque puedo. Punto.

Las palabras importan, porque establecen el marco del debate público. No es igual hablar del “pago” a Hacienda que de la “contribución” a la caja común, aunque puedan parecer términos sinónimos.

Fuera caretas. La alianza pública de la ultraderecha y la tecnocasta se ha convertido en la mayor amenaza global para los derechos humanos y las libertades democráticas.