Gamberrismo parlamentario

La frustración por la derrota electoral y la ansiedad por detentar el poder a toda costa conducen a los grupos del PP y Vox a actitudes de irresponsabilidad manifiesta, incluso de mala educación, durante el transcurso de las tareas propias del Congreso de los Diputados y del Senado de España.

El último episodio ha consistido en impedir la aprobación de la ley que ha de crear la Agencia Española de Salud Pública, un organismo largamente demandado por los profesionales sanitarios y los científicos para hacer frente a las epidemias y sus consecuencias sobre la salud y la vida de los españoles.

Tras haber negociado y votado a favor de la creación de esta herramienta en Comisión de Sanidad, el partido de Feijóo sumó sus votos a la ultraderecha española y los conservadores catalanes para infligir una derrota al Gobierno en el Pleno. Es decir, por fastidiar al Gobierno de España han puesto en riesgo la salud y la vida de las familias, mujeres, hombres y niños de nuestro país.

La creación de la Agencia de Salud Pública fue una de las conclusiones de la Comisión parlamentaria de Reconstrucción tras la crisis pandémica de la COVID-19. Una de las primeras promotoras de esta demanda fue la exministra de Sanidad Ana Pastor, del PP precisamente. La Agencia está llamada a prevenir enfermedades y a articular estrategias y recursos para salvar vidas, ante la próxima epidemia que nos amenace. No cabe más irresponsabilidad por parte de quienes la han frustrado, en clave de revanchismo y tacticismo político.

No es la primera vez que la derecha española sacrifica en el Parlamento el interés de los españoles para atender una idea equivocada del interés propio. Ya ocurrió con motivo de su voto contra la subida de las pensiones conforme a la elevación de los precios, ha ocurrido con su oposición a la ley del Suelo que reclaman sus propios alcaldes y presidentes autonómicos, y pasó en el año 2020 con el veto a los Estados de Alarma que salvaron cientos de miles de vidas durante la pandemia.

Junto a la irresponsabilidad de sus votaciones contra el interés general, resulta intolerable el comportamiento gamberro del PP en todas las sesiones de control al Gobierno, y en algunos Plenos en los que no se sale con la suya. Miércoles tras miércoles, las preguntas a los miembros del Gobierno se convierten en una sucesión de insultos y descalificaciones, al margen de cualquier cuestión o propuesta que tenga que ver remotamente con las preocupaciones y demandas de la ciudadanía a la que representan. Insultan cuando tienen el uso de la palabra y siguen insultando cuando la palabra corresponde a los ministros, haciendo gala de una falta de educación lamentable y penosa.

El último motivo de la jarana del PP en el Pleno del Congreso ha tenido como excusa la tramitación de la disconformidad del Gobierno con unas enmiendas a la ley de control del desperdicio alimentario. Esas enmiendas suponían un coste para el presupuesto público vigente de más de 1.000 millones de euros, y el Gobierno hizo uso del derecho que le asiste en virtud del artículo 134.6 de la Constitución y del artículo 111 del Reglamento del Congreso, para proteger el equilibrio de las cuentas públicas e impedir su aprobación. La Mesa del Congreso reconoció ese derecho por mayoría. Pero el PP no acepta la legitimidad de la mayoría cuando no le beneficia, por lo que interrumpieron el Pleno con grandes voces, al tiempo que golpeaban incomprensiblemente el mobiliario del hemiciclo.

Capítulo especial merece el comportamiento de la derecha en el Senado, convertido durante esta legislatura en un mero instrumento del PP para desgaste del Gobierno y obstaculización de su labor legislativa. En las últimas semanas, la Mesa del Senado ha merecido dos sonoros revolcones por parte del Tribunal Constitucional, por su empeño en retrasar la tramitación urgente de proposiciones de ley del Congreso, y por recabar indebidamente la suspensión del trámite de un Tratado Internacional con Francia.

Además, acaban de promover una reforma de su Reglamento, cuyo propósito explícito no es el de facilitar el cumplimiento del deber de los senadores, sino impedir que el Gobierno cumpla el suyo. Llegan a la contradicción supina de esgrimir la autonomía del poder senatorial, negando al Gobierno su propia autonomía para designar cuál de sus miembros responde a una pregunta. Pretenden, por otra parte, el absurdo de limitar a 15 minutos el tiempo del Presidente y los ministros en comparecencia para responder a las intervenciones de 7 Grupos Parlamentarios y 16 formaciones políticas, es decir, a razón de menos de 1 minuto por interlocutor.

El comportamiento gamberro de la derecha española no solo desacredita a sus propias formaciones, sino que entorpece el trabajo parlamentario en favor de los derechos de ciudadanía, afecta negativamente a la calidad de nuestra democracia y alimenta el caldo de cultivo de la ultraderecha populista y anti-política.