¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar para tumbar al gobierno?

«No dejes nada al enemigo en tu avance. Haz que todo sea cenizas», proclamaba Napoleón en sus campañas bélicas. Se trata de la estrategia de tierra quemada y consiste en destruirlo todo para debilitar a tu enemigo, aunque ello perjudique gravemente a aquellos por los que dices luchar.

El papel de la oposición es clave para un sistema democrático. Pero ese papel consiste en un análisis crítico de la labor de gobierno y en la formulación de una alternativa de interés general. En democracia, oposición no es demolición. La oposición democrática no equivale a un «todo vale» para echar al Gobierno legítimo en funciones.

En su afán por dañar al Gobierno legítimo de España, la derecha política, mediática e institucional está llevando a cabo el mayor deterioro del sistema democrático desde su reinstauración en 1978.

Quiebran la confianza en la limpieza de las elecciones. Deslegitiman al Gobierno surgido de las urnas. Criminalizan a los legítimos responsables públicos. Desestabilizan las instituciones. Denigran sus decisiones. Traicionan el interés de España en cuantos escenarios internacionales intervienen. Activan contra el Gobierno actores institucionales en ámbitos de la seguridad y la justicia. Practican la desinformación y la mentira como arma política cotidiana.

Hay ejemplos diarios para cada una de estas acusaciones.

Feijóo y Ayuso acaban de difamar como antidemocrático al Gobierno de España ante las delegaciones de más de cincuenta países en Madrid. Han boicoteado en el Senado un Tratado de Amistad con Francia. Y llevan años malmetiendo en Europa contra la llegada de fondos europeos a España, contra la excepción ibérica que abarata nuestra energía y contra la oficialidad de las lenguas españolas en Europa.

El Senado se ha reconvertido de cámara de representación territorial a cámara de represión antisocialista. El Tribunal Constitucional es tachado de «cáncer» para la democracia. Y cada conferencia sectorial es un campo de batalla en el que los gobiernos autonómicos de derechas obstaculizan cada avance en derechos y bienestar para la ciudadanía de sus propios territorios.

Jalean el enfrentamiento territorial en cuanta oportunidad encuentran, desde la financiación autonómica y la distribución de niños inmigrantes hasta el uso de las lenguas oficiales en las Conferencias de Presidentes.

Tachan de inconstitucional y contraria al derecho europeo la ley de amnistía, que los tribunales han declarado constitucional y acorde con el derecho europeo y que, además, ha contribuido a solucionar el gravísimo conflicto en Cataluña que el Gobierno del PP fue incapaz de gestionar.

Generan graves conflictos sociales y económicos criminalizando a las personas inmigrantes, incluidos los niños y niñas sin familia, mintiendo sobre las consecuencias de su positiva presencia entre nosotros, generando odio contra quienes viven y trabajan en nuestros barrios y poniendo trabas a su derecho a contar con documentación legal para pagar impuestos y recibir las prestaciones de sanidad y educación que todo ser humano merece.

Amenazan con derogar la reforma laboral que ha devuelto derechos a los trabajadores, impulsando la creación de empleo y estabilizando y dignificando los puestos de trabajo, hasta el punto de anunciar recortes de salario y prestaciones para los empleados con baja laboral por enfermedad.

Abonan el negacionismo y el terraplanismo que amenazan la lucha necesaria contra la emergencia climática, las energías contaminantes, las desigualdades de género y las discriminaciones que sufren las personas LGTBI.

Denuncian la no presentación de presupuestos en el Congreso mientras no presentan presupuestos en varias comunidades autónomas, y al mismo tiempo votan en contra de la senda de estabilidad presupuestaria y déficit público que el Congreso necesita para tramitar los presupuestos.

Entre las acciones más graves emprendidas por la derecha política, mediática e institucional se encuentra la utilización espuria de la Justicia para perseguir a progresistas, desde los propios cargos públicos hasta sus familias inocentes, socavando gravemente la confianza de la ciudadanía en el propio sistema judicial, como han puesto de manifiesto varias encuestas recientes.

Han llegado a intentar que la Junta Electoral Central oficialice las dudas injustificadas y difamatorias que sus medios alientan acerca de la limpieza de los procesos electorales, al más puro estilo trumpista. Llegaron a forzar una votación en la JEC para prohibir el voto a todos los españoles residentes fuera de nuestras fronteras. Afortunadamente, no convencieron a la mayoría de este órgano y perdieron la votación por 9 a 4.

Al grito de «recuperemos la democracia», abren los gobiernos autonómicos a los herederos de la dictadura sangrienta que sumió nuestro país en 40 años de represión y atraso.

Un simple recordatorio de la historia de España muestra precedentes inquietantes sobre el permanente ansia desmedida de poder de la derecha patria y también acerca de qué más está dispuesta a hacer para dar satisfacción a su apetito.

Ya nos conocemos todos. Y estamos dispuestos y preparados para defendernos. Que no lo duden.