Cuestionar las elecciones es propio de ultras, perdedores y desesperados

Tras la fusión del PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el partido de Feijóo ha asimilado por completo los principios, el programa y el discurso de la extrema derecha, incluyendo la estrategia disolvente de las instituciones democráticas, desde la legitimidad de los gobiernos democráticos hasta la limpieza de los procesos electorales.

El PP andaluz, como antes hicieran el PP extremeño, castellanoleonés y aragonés, ha asumido la prioridad nacional, que no es otra cosa sino la discriminación de las familias y niños que carecen de suficientes credenciales patrióticas, a juzgar por los nostálgicos del muy patriótico régimen franquista. También ha asumido la negativa a atender a los niños y niñas sin familia que han llegado a nuestra patria huyendo de la guerra, la persecución y la miseria.

El PP de Feijóo, de Moreno Bonilla y de Ayuso ha asumido el negacionismo del cambio climático y la oposición a las energías renovables y limpias, para seguir alimentando el negocio de las petroleras a costa de la salud y el medio ambiente. Asimismo, ha asumido el combate al feminismo que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la invisibilidad de la lucha del colectivo LGTBI, la asfixia económica a la actividad sindical de defensa de los derechos de los trabajadores y el recorte de la cooperación internacional para el desarrollo.

Puestos a asimilar el pensamiento ultraderechista, el PP encaja ahora también el cuestionamiento de los procesos electorales. Si Vox habla abiertamente de fraude, pucherazo y golpe de Estado, Feijóo y los suyos se suman hablando de «ingeniería electoral», de nacionalizar socialistas y de la necesidad de observadores internacionales.

No cabe más irresponsabilidad.

El sistema electoral de nuestra democracia cumplirá en 2027 medio siglo de vida limpia y plenamente garantista. El voto de los españoles residentes en el exterior fue regulado recientemente mediante una reforma de la LOREG, fruto de un gran pacto de Estado en el que participó el PP. El proceso de nacionalizaciones resulta de la aplicación de una disposición legal aprobada en las Cortes Generales por los representantes legítimos del pueblo español. Y la regularización en marcha de inmigrantes solo busca aportar dignidad y derechos a quienes viven, trabajan y cotizan entre nosotros, sin vinculación alguna con las elecciones.

¿Quiénes cuestionan la limpieza de las elecciones en democracia? Solo quienes persiguen fomentar la desconfianza ciudadana en las elecciones, para acabar con las elecciones; quienes buscan deslegitimar el resultado de las elecciones porque temen perderlas, y quienes están tan desesperados que dan palos de ciego a diestro y siniestro.

Cualquiera de estas explicaciones sobre la conducta del PP resulta muy preocupante.