[widgetkit id="53" name="Especial Indalecio Prieto"]

“El decreto-ley de 15 de diciembre de 1927 sujetó a la contribución de utilidades los jornales de los obreros. Esta disposición se fundaba en el principio de la generalidad del impuesto; pero percha de vista la carga que sobre la población trabajadora arroja la imposición indirecta. De otra parte, las condiciones jurídicas que determinan la obligación de contribuir hacen que en la práctica el gravamen resulte desigual e improductivo. Todo ello aconseja restablecer la tradición española de exención de estos haberes. Las de las dales de tropa y sus similados han seguido siempre el mismo régimen que los jornales; en consecuencia, se restablece para ellos igualmente la exención. Por lo expuesto, el Gobierno dé la República decreta:

Artículo único. Los artículos 14 y 15 del decreto-ley de 15 de diciembre de 1927 quedan refundidos en uno solo del tenor siguiente; «Gozarán de exención los jornales de los obreros y los haberes de las clases dé tropa y sus asimiladas, cualquiera que sea su cuantía.”

Decreto del Gobierno Provisional de la República, (abril de 1931).

“A los Trabajadores Españoles y al País en General: Tras la labor de protesta constantemente ejercitada por las organizaciones obreras contra los abusos de la administración y las corruptelas de la política que nuestro país padece, la huelga general del 18 de diciembre último, admirable ejemplo de eficacia de la organización y testimonio irrecusable de la capacidad creciente del proletariado español, habría debido producir alguna atenuación, al menos, de los males por todos reconocidos y continuamente denunciados.

“Si la raíz del capitalismo la hallamos en la escisión que ha logrado establecer y traducir en normas, entre el derecho que se disfruta y el servicio que se presta, sirviéndose para tal empeño de la renta, el beneficio y el interés, como cuñas con que ensanchar las distancias entre ambos; si esto ha originado la existencia de un derecho sin obligaciones sociales y, por tanto, de una sociedad en que se da la situación monstruosa de que aquél exime a quien lo disfruta del cumplimiento de su deber de hombre, esto es, del deber de ser el artífice de la situación social en que se desenvuelve su propia vida y del deber de cooperar a la obra social con su esfuerzo directo; si tal es el sentido del capitalismo juzgado desde el campo de las normas jurídicas, en cambio el socialismo significa la pugna por reintegrar el derecho a su pleno valor humano; derecho en que, si al hombre, por ser tal, se le reconoce la absoluta libertad de que ha menester la conciencia para afirmar y defender su concepción de la vida, y se facilita el logro de los medios materiales y culturales que precisa toda persona para desenvolver su capacidad, en cambio, el nivel de vida de cada individuo ha de depender exclusivamente de sus propios actos y en modo alguno del derecho hereditariamente adquirido. El derecho protege la libertad civil y política; pero el servicio personal debe ser el fundamento del concreto bienestar social que individualmente se disfrute; el primero es a priori igual para todos; el segundo es el resultado de la específica labor de cada uno; no es el hecho de ser prócer u obrero lo que crea derechos concretos, sino el valor de los servicios que se prestan o se está en vías de prestar, lo que justifica la petición de derechos. Si la renta, el beneficio y el interés, como fuentes individuales de ingreso, han sido los agentes de una escisión histórica entre derecho y obligación, al deshacerse este divorcio no deberán subsistir en su actual forma las instituciones que lo originaron. El socialismo, pues, para humanizar el derecho, ha de libertar a éste de las instituciones jurídicas parasitarias que han brotado en sus entrañas y que, durante un proceso secular acentuado últimamente al desarrollarse la economía financiera, han ido succionando todo su jugo humano.”

Fernando de los Ríos, El sentido humanista del socialismo, 1926

El TSJM anula las medidas restrictivas en Madrid por la pandemia porque afectaría a derechos fundamentales, mientras el Gobierno autonómico pide que no se salga de la región en línea con lo que dice el alcalde para la capital, y se anuncia nuevas medidas. Y desde Argelia el presidente del Gobierno baraja la declaración del estado de alarma para Madrid, pero negociado con la presidenta de la Comunidad.

“Artículo 107

La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación a las Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente.

La vigencia del Presupuesto será de un año.

Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro.”

Constitución de 1931

Hoy el ministro Illa nos ha dicho que esta pandemia no está enseñando las carencias de la Sanidad, y que hay que reforzar todo el Sistema Nacional de Salud. Volvemos sobre lo que llevamos meses comentando. La austeridad es peligrosa, apostar porque los ciudadanos se busquen la vida en servicios tan fundamentales como la sanidad o la educación es peligroso porque los españoles y las españolas tienen salarios muy bajos y, sobre todo, porque esos dos servicios, que deben garantizar derechos fundamentales, tienen que ver con la distribución de la riqueza, que se efectúa a través de una fiscalidad progresiva. Cuando en el futuro renazcan de sus cenizas los neoliberales, habrá que tirar de hemeroteca a pesar de que nos vuelvan a cantar las bondades del mercado, y jueguen con la desmemoria. Con la sanidad y la educación no se mercadea.

La formación continua siendo un pilar fundamental del festival con la celebración online de conferencias, mesas redondas y presentaciones en los que participarán expertas y directoras internacionales que compartirán su experiencia con el público de Madrid, este año con el foco puesto en las profesionales de la fotografía y la animación en el cine.

Preámbulo del Decreto del 7 de mayo de 1931:

“El Gobierno provisional de la pública ha reconocido desde el primer momento de su constitución la necesidad de plantear en toda su integridad el problema de la reforma jurídica agraria; pero ha estimado también que esa obra debía encomendarse al Parlamento, con el fin de que fuese rodeada de toda la autoridad que por su trascendencia requiere. Hay, sin embargo, un aspecto del problema que ha sido ya objeto de una copiosa legislación, que debe ser abordado sin dilación alguna, revisando las disposiciones dictadas sobre el mismo, con el fin de que las instituciones en ella creadas tengan la debida eficacia y estén en armonía con el espíritu de la justicia social que el nuevo régimen representa. Este aspecto es el relativo a la organización de entidades democráticas de los diversos elementos agrarios, patronos y obreros, propietarios y colonos, cultivadores e industriales transformadores de las materias agrícolas para la regulación de sus intereses comunes.

“La escuela ha de ser el alma ideológica de la revolución española. De ella han de salir los futuros ciudadanos de España, y no puede haber ciudadano digno de la República si no ha libertado su conciencia, si no ha arrojado fuera de sí toda clase de prejuicios. Queremos horn.bres libres, con conciencias libres, para que el cita de mañana elijan ellos su régimen político, su ideal filosófico, su religión, si quieren alguna, pero que no tengan que acatar lo que le Impongamos nosotros desde la escuela.”

Rodolfo Llopis, De una conferencia pronunciada en la inauguración del curso de la Escuela Obrera Socialista, octubre de 1931.

Este fin de semana se presenta en Sitges en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya Un efecto óptico, el nuevo trabajo del guionista y director Juan Cavestany que participará este año en la sección Noves Visions.

Hoy asistimos a un evidente protagonismo de las derechas dentro y fuera de nuestro país. En el nuestro, Pablo Casado descarta una moción de censura contra Ayuso porque, al parecer, el apoyo de Ciudadanos es firme, y también avisa que no habrá adelanto electoral. Así pues, tendremos que seguir con este gobierno en descomposición en plena crisis de la pandemia, como último bastión contra el gobierno central, cuando ya nadie, independientemente del color político, opta por la beligerancia ante la gravedad de la situación. Madrid tiene que ser siempre el pilar de la derecha, como acontece desde los años noventa.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha seleccionado de manera provisional 204 solicitudes en la convocatoria del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2019, dotado con 61 millones de euros.

“Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español:

Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.

Del derecho de reunirse pacíficamente.

Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.

Y, por último, del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las Autoridades.”

Constitución de 1869

Otras zonas de España van viendo que se toman medidas restrictivas, como en Castilla y León y en Aragón, cuestión con la que amanecemos en el primer día de la semana. Y en la opinión pública cada día va creciendo la preocupación por la fuerza de esta segunda ola del virus, que también avanza fuera de nuestro país. No cabe duda que cunde el desaliento en amplas capas de la sociedad, ante el contagio y ante la posibilidad de perder el trabajo o no encontrar uno nuevo.

«El socialismo español debe mostrarse en sus predicaciones, en su organización y en su acción como una fuerza nacional, progresiva, democrática y civilizadora. No puede ser perturbación porque es organización. Sabe bien que en su medio social con vida económica miserable y civilización embrionaria no puede crecer ni sentirse a sí misma ni a la sociedad en que vive, si no es con la más santa de las intenciones y la más evidente de las impotencias. En este camino, y para hacer nación, progreso, civilización y democracia, para hacer Socialismo, nos encontramos con los republicanos. (…)”

Julián Besteiro y Jaime Vera, Voto particular a la Ponencia del Congreso del PSOE de 1915.

La pandemia ha destruido puestos de trabajo y arruinando negocios, pero, además, genera nuevos gastos para las familias, como el que se deriva de la adquisición de las mascarillas, por muchas que se den en algunos organismos e instituciones, sin olvidar los desinfectantes. ¿Somos conscientes de que las familias más vulnerables no pueden hacer estos gastos y eso es un peligro para ellas mismas?

Madrid comienza desde la noche de viernes con las medidas restrictivas, y el pulso de su gobierno autonómico, cada día más tocado internamente, en medio de una pandemia que no cesa, y con una presidenta que ha sido uno más de los “experimentos” fallidos de uno de los líderes políticos peor preparados de la Historia contemporánea de España, entendiendo por contemporánea lo que entienden los historiadores, es decir desde la guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz.

“Ni por un instante, al meditar sobre Rusia y pensar en redactar este trabajo, me he sentido hombre de partido, si bien he tenido de continuo la sensación aguda de mi ideal socialista: y es que siempre he considerado a los partidos como órganos de interpretación de los ideales, no como al ideal mismo, y necesitados, por tanto, de vivir en una perenne subordinación a éstos. El ideal es de suyo infinitamente rico, vario, complejo, y el riesgo de todo partido, como el de las Iglesias, reside en el anquilosamiento por dogmatismo. Un partido no debe ser sino una dirección ideal, y porque así lo piensa quien esto escribe y el norte de la suya fue una concepción humanista de la Historia, es por lo que, de razonamiento en razonamiento, llegó a la conclusión, por la vía de la Ética, de que el Socialismo era un imperativo moral que arrancaba de la entraña del problema del hombre. Así me he situado para juzgar el hecho ruso.”

Fernando de los Ríos, Mi viaje a la Rusia sovietista (al lector).

“Votar es abdicar; nombrar uno o varios amos por un periodo corto o largo, es renunciar a su propia soberanía. Que se vuelva monarca absoluto, príncipe constitucional o simplemente mandatario dotado de una pequeña parte de realeza, el candidato que ustedes llevan al trono o a la silla será su superior. Ustedes nombran a hombres que están más allá de las leyes, puesto que ellos se encargan de redactarlas y su misión es hacerles obedecer a ustedes”.

Élisée Reclus, Carta a Jean Grave, Le Révolté, 1885.

Esta noche comienzan las medidas restrictivas sanitarias en Madrid, pero, al parecer, se solapan con las de la Comunidad y la justicia tendrá que tomar cartas en el asunto, por obra y gracia del recurso presentado porque, al parecer, el Estado estaría invadiendo supuestamente competencias. Estamos, por lo tanto, en un nuevo capítulo de un desencuentro institucional muy grave, porque una Comunidad gobernada por la derecha intenta seguir su propio camino, en un desafío al Estado: ¿es esto normal en un Partido tan dado a proclamar a los cuatro vientos su fe inquebrantable en la unidad de España? Pero, como en tantas otras cuestiones, estas proclamas se quedan en una retórica bastante hueca o de aplicación exclusiva para el caso catalán. Y el problema ahora es mayor que el de un conflicto de competencias, es que estamos hablando de la salud de las personas.

Art. lº Los niños y las niñas menores de 10 años no serán admitidos al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición o mina.

Art. 2º No excederá de cinco horas diarias, en cualquier estación del año, el trabajo de los niños menores de 13, ni el de las niñas menores de 14.

Art. 3º Tampoco excederá de ocho horas el trabajo de los jóvenes de 13 a 15 años, ni el de las jóvenes de 14 a 17.

Art. 4º No trabajarán de noche los jóvenes menores de 15 años, ni las jóvenes menores de 17, en los establecimientos en que se empleen motores hidráulicos o de vapor. Para los efectos de esta ley, la noche empieza a contarse desde las ocho y media.

Art. 5° Los establecimientos de que habla el artículo 1°, situados a más de cuatro kilómetros de lugar poblado, y en los cuales se hallen trabajando permanentemente más de 80 obreros y obreras mayores de 17 años, tendrán obligación de sostener un establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el Estado. En él pueden ingresar los trabajadores adultos y sus hijos menores de 9 años. Es obligatoria la asistencia a esta escuela durante tres horas por lo menos para todos los niños comprendidos entre los 9 y los 13 años y para todas las niñas de 9 a 14.

Art. 6° También están obligados estos establecimientos a tener un botiquín y a celebrar contratos de asistencia con un medico-cirujano, cuyo punto de residencia no exceda de diez kilómetros, para atender a los accidentes desgraciados que por efecto del trabajo puedan ocurrir.

Art. 7º La falta de cumplimiento a cualquiera de las disposiciones anteriores será castigada con multa de 125 a 1.250 pesetas.

Art. 8° Jurados mistos (…) de obreros, fabricantes, maestros de escuela y médicos, bajo la presidencia del juez municipal, cuidarán de la observancia de esta ley y de su reglamento, en la forma Textos de Historia de España que en él se determine, sin perjuicio de la inspección que a las autoridades y ministerio fiscal compete en nombre del Estado. [...] Lo tendrá entendido el Poder ejecutivo para su impresión, publicación y cumplimiento.

Ley decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 24 de julio de 1873.

Sí, hoy esta cuestión de los conflictos sanitarios es lo más importante, sin lugar a dudas. Sanidad publica en el BOE las nuevas restricciones, advirtiendo que son de obligado cumplimiento. Ayuso replica que la Comunidad de Madrid no estará en rebeldía, pero que irá a los tribunales porque, en realidad, no las quiere poner en marcha, consultando con el Abogado General de dicha Comunidad, mientras la Abogacía del Estado insiste en el obligado cumplimiento de lo que se dispone.