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La minoría gitana en la Cataluña del siglo XVIII

Desde el siglo XV, las autoridades tuvieron que enfrentarse al desafío que supuso controlar a una población nómada, si bien no muy numerosa, con acentuada identidad étnica y cultural. Estas características chocaban con los modelos de moralidad imperante y con la creación de un Estado moderno que aspiraba a controlar, en la medida de sus posibilidades, las redes sociales y el movimiento en sus territorios.

En la Baja Edad Media, los monarcas aragoneses concedieron salvoconductos a jefes gitanos de algunas caravanas, pero pronto la elite de poder se planteó la necesidad de favorecer la asimilación de estas familias o su erradicación del territorio. Si bien las primeras Cortes catalanas que se plantearon la expulsión de todos los gitanos del Principado fueron las de 1512, la continua renovación de esta orden entre 1542 y 1715 nos lleva a pensar que su cumplimiento no fue total en ningún momento.

La legislación catalana acusó a los gitanos de los típicos delitos contra la propiedad y el orden, condenándoles al destierro y, en caso de reincidencia a la confiscación de sus bienes, pena de galeras o azotes, aunque nunca a muerte. Tan sólo en una ocasión -Cortes de Monzón de 1585- se aceptó la posibilidad de integrar a una minoría de gitanos cuyos esfuerzos por integrarse en la sociedad resultaron notorios.

Durante el siglo XVIII, el desarrollo legislativo en torno a esta materia se desgranó en tres periodos básicos, limitados por diversas tomas de posición que las autoridades desarrollaron al calor de diferentes políticas, tanto en Cataluña como en el resto de territorios de la Monarquía.

Una primera fase se desarrolló durante el reinado de Felipe V (1700-1745) cuando, tras la guerra de Sucesión, se aplicaron una serie de leyes castellanas que supusieron una variación esencial al regular la vida de los gitanos. La clave residió en una mayor benignidad hacia ellos, ya que desde la primera disposición adoptada en la Corona de Castilla en 1499 nunca se había dejado de prever la posibilidad de integración, al mostrarse más favorables a la religión cristiana que otras minorías. No obstante, se mantuvieron las penas de destierro -junto a otras- para los más recalcitrantes. Una Real Pragmática de 15 de enero de 1717 combinó, de esta manera, medidas represivas (prohibición de comerciar, tener animales, utilizar la lengua gitana…) con otras más asimilatorias (asignación municipal de locales para su residencia). En Cataluña, esa Pragmática se aplicó a partir de 1727. La esencia de esta política fue la necesidad de lograr un efectivo control de los gitanos, asimilándolos al resto de población española. Para ello, se intentó censarlos, asentarlos y eliminar rasgos propios como la lengua, la vida nómada y sus vestimentas típicas.

Una segunda fase comenzó a partir de la cédula de 30 de octubre de 1745, donde se permitía a las autoridades locales la ejecución de cualquier gitano que anduviese vagante sin autorización. Al año siguiente, una pragmática amplió el vecindario de gitanos establecido en 1717, pero en 1749 se ordenó la detención y encarcelamiento de todas las familias gitanas en arsenales y minas. Limitada tres meses más tarde a los más rebeldes y levantiscos, esta medida legislativa confinó durante muchos años a las familias gitanas, aunque se ejecución tuvo sus excepciones, según lugares.

La llegada al trono del ilustrado rey Carlos III supuso un cambio a mejor, al firmar un perdón general en 1763, primer paso para definir una mejor política de integración de esta minoría. Por la Real Pragmática de 19 de septiembre de 1783, si bien se mantuvieron penas duras a los desobedientes, se contempló una amnistía general, una política de avecinamiento universal, la admisión de gitanos y de sus hijos en gremios, corporaciones y oficios, si cumplían con el ordenamiento laboral, etc. Fue la acción legal más importante realizada en la España del Antiguo Régimen.

La pregunta lógica es ¿se aplicaron las medidas? De la misma manera que nunca se llegó a la expulsión total, no todos cumplieron las mismas totalmente. La Real Audiencia de Barcelona favoreció, a través de figuras como el fiscal Francisco de Zamora y Aguilar, el cambio de domicilio a petición de gitanos y la concesión de permisos de comercio si cumplían la normativa. Sin embargo, el rechazo de maestros gremiales a admitir a gitanos como aprendices -el primer eslabón de su cadena laboral- reveló claramente que la sociedad de la época no estaba preparada para aceptar las medidas de la minoría ilustrada. Lejos de ejercer sólo la caridad, las medidas legislativas de 1783 y 1795 intentaron hacer útiles a los gitanos, ante la sociedad y la Real Hacienda, transformando su visión de carga para el Estado. Pero, como señaló el mismo Zamora en un informe al rey en 1786, mientras una minoría de ellos se mostró dispuesta a la integración, la mayoría continuó su modo de vida errante y marginal.

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM.