La nueva ley del sistema universitario (LOSU) es la tercera ley orgánica de universidades en todo el periodo democrático. Sin embargo, y a pesar de su larga tramitación, desaprovecha las lecciones aprendidas en el último período, y se queda apenas a medio camino, en particular en aspectos tan importantes como la precariedad del personal docente y en la acelerada privatización de la Universidad.

Por segundo año consecutivo el movimiento feminista acudirá dividido a las movilizaciones del ocho de Marzo, y por si fuera poco, también lo harán los partidos de la izquierda del gobierno de coalición, paradójicamente en un contexto de importantes avances legislativos en igualdad de género como lo han sido la sentencia del Tribunal Constitucional y la nueva ley de interrupción del embarazo que después de más de una década lo han consolidado en España como un derecho de las mujeres, así como en la ley frente a la trata. Unos avances que han sido acompañados de medidas presupuestarias, de reformas laborales y de pensiones y de una fuerte revalorización del salario mínimo de indudable repercusión en la mejora de las mujeres, en particular las de situación más desfavorable.

La ultraderecha ha presentado en solitario su segunda moción de censura de la legislatura. Esta vez con un candidato independiente en la persona de Ramón Tamames, quien fuera en su momento dirigente comunista, que luego ha tenido una larga trayectoria política y profesional y que hace ya mucho tiempo que comparte los postulados de la derecha. Por tanto, que aparezca de la mano de Vox no es una sorpresa y menos para sus antiguos compañeros.

El gobierno acaba de aprobar el presupuesto de becas más importante de la historia de la democracia, a años luz del último presupuesto del gobierno de la derecha.

(Entre el populismo penal y la penalización de la política)

El Tribunal Supremo, como era de esperar y también de temer, ha decidido mantener las penas de los principales políticos del Procés, y por si esto fuera poco, se ha permitido incluso la licencia de refutar la reciente reforma del código penal aprobada por el parlamento. Una reforma con la que el gobierno pretendía reconducir la crisis catalana después de más de un lustro hacia el diálogo y la política mediante la supresión del delito de secesión y la modificación del de malversación sin lucro personal.

De nuevo, la gran movilización de este fin de semana en Madrid y en Santiago de Compostela ha sido otra masiva llamada de atención de los profesionales de la sanidad y de la ciudadanía en defensa de la atención primaria y en favor de la sanidad pública.

Parecía que asistíamos a un paripé con la prolongación de los últimos contactos para buscar un acuerdo entre los dos partidos del gobierno con el objetivo de modificar la rebaja de penas de la ley del solo sí es sí y así paliar sus efectos negativos en la opinión pública. Parecía un ejercicio de músculo de fin de semana con carácter previo a las correspondientes concesiones para el acuerdo definitivo. Sobre todo, porque ambos partidos coincidían en mantener el consentimiento como núcleo de la ley y discrepaban solamente con respecto a la formulación de las enmiendas para recuperar el agravamiento de las penas.

Finalmente el gobierno y los sindicatos mayoritarios han acordado la elevación del salario mínimo en un ocho por ciento, cumpliendo así su compromiso de alcanzar el sesenta por ciento de la mediana del salario, en la línea de la Carta Social Europea. Con esta subida, el Gobierno en la actual legislatura ha elevado este indicador en casi un cincuenta por ciento. Con ello, dos millones y medio de trabajadores se verán beneficiados de la subida, con un perfil mayoritario de “una mujer, de entre 16 y 34 años, y con contrato temporal en el sector agrícola o de servicios”.