La noticia era la aprobación de los terceros presupuestos de la legislatura del  gobierno de coalición progresista, contando con más apoyos incluso que la mayoría de la investidura. Todo ello desmiente las acusaciones de la oposición sobre la supuesta inestabilidad del ejecutivo calificado de gobierno Frankenstein y en los últimos días caracterizado por Núñez Feijóo de gobierno en llamas como consecuencia de la ley del solo sí es sí. También el de tener una mayoría de investidura insegura y frágil, además de antiespañola, que finalmente se ha mostrado mucho más sólida de lo previsto.

Los profesionales de la atención primaria se han sumado a la huelga del personal de atención de las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid. Era algo esperado ante el caos provocado por la gestión de la Consejería madrileña en la atención continuada que repercute directamente sobre la situación límite que ya hace tiempo vive la atención primaria dentro del sistema sanitario.

El gobierno ha pasado por tercera vez el cedazo de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Una demostración de la estabilidad de la coalición así como de la mayoría parlamentaria de investidura, lo que le permite culminar la legislatura frente a los agoreros del gobierno Frankenstein.

Nos encontramos ante una patrimonializacion y perversión sin precedentes del papel constitucional del poder judicial.

Como colofón de la campaña contra la revalorización de las pensiones, el IESE junto a la cátedra Cobas.AM ha propuesto el escarnio del retraso de la edad de jubilación desde los sesenta y seis actuales hasta los setenta y cuatro años de edad, y por si esto no fuera suficiente, el recorte del cincuenta por ciento de las futuras pensiones y un incremento equivalente del pago de las cuotas a la seguridad social. Todo esto con el manido argumento de acabar con la supuesta generosidad de las pensiones españolas actuales con objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema. Un esperpento.

La única alternativa presupuestaria, casi obsesiva, de la derecha ha sido la rebaja generalizada de los impuestos, primero de la energía, luego en el IRPF y el impuesto del patrimonio y ahora también del IVA ( la mayoría superreducido y en menor medida reducido) de los alimentos, toda vez que ya casi no hay margen para rebajar aún más los impuestos de la electricidad y del gas. Sin embargo, podría haberse limitado a una propuesta más creíble y por tanto más equilibrada entre la reducción de los impuestos y de los gastos, pero seguramente le ha parecido demasiado moderada para navegar en las aguas turbulentas del nacional-populismo. Ya desde el inicio de la pandemia ha preferido dejar en solitario el papel de decidir los sacrificios al gobierno socialcomunista, para apuntarse a capitalizar el descontento y presentarse como la abanderada de la libertad sin ningún tipo de restricciones.

En el fondo de todo está una concepción de la independencia judicial corporativa y cada vez más autoritaria.

La revalorización de las pensiones se ha convertido en el gran argumento de la derecha con el objetivo de poner en duda la credibilidad del proyecto de  presupuestos para 2023, pero también para cuestionar la sostenibilidad de la reciente reforma de las pensiones y más allá de atacar a la misma viabilidad del sistema público de pensiones.