La rendición del PP de Núñez Feijóo

Y es que parecía que algo había cambiado en la nueva dirección del PP y que Feijóo, que después de ignorar los compromisos de renovación institucional heredados de la dirección anterior, pretendía favorecer ahora la renovación aún pendiente de algunos de los principales órganos constitucionales como el CGPJ y el TC, como parte de su imagen de moderación y de hombre de Estado. En definitiva sustituir la guerra cultural por la politica. En este sentido, se había interpretado el tono suave de las palabras y también los elocuentes silencios de los negociadores, todo para evitar los obstáculos de la crispación y facilitar el diálogo y la negociación, incluso en el marco de los debates bipartidistas del Senado, con una advertencia previa de Bendolo al objeto de eludir el riesgo de incorporar tan delicado asunto en el temario de confrontación. Y así se cumplió tanto por parte del Presidente del gobierno como por el presidente del PP. Incluso en los últimos días las filtraciones por parte de los negociadores, lo han sido siempre en términos positivos de acercamiento y anunciando concesiones de parte y parte, como de un lado los requisitos para volver a la judicatura a propuesta del PP y de otro el nombre de Conde Pumpido como la persona propuesta para la presidencia progresista del Tribunal Constitucional. También al máximo nivel de la dirección del PP se había dicho hasta el último momento que los temas más delicados, como los relativos a la anunciada reforma del código penal para rebajar la pena de sedición y homologarlo a la mayoría de los países de la Unión Europea, transcurrían por su cauce y por tanto no interferirían en el avance de la negociación.

Sin embargo, ha bastado con la reaparición del debate sobre la mencionada rebaja de la pena de sedición asociada a la negociación presupuestaria, para que los sectores más ultras de la derecha política, judicial y mediática vieran la oportunidad de llamar de nuevo a rebato para hacer saltar al PP de la negociación. La materia objeto de polémica es lo de menos, ya que ni el presidente del gobierno ni la ministra de Hacienda en el debate presupuestario, han hecho otra cosa que repetir los términos del debate de investidura manteniendo la voluntad de reforma vinculada al logro de una mayoría con la que aprobarla. Tanto la reforma del código penal como la ley mordaza o el acercamiento de presos de ETA, cualquiera de ellos hubieran servido como excusa para bloquear la negociación política y volver a la guerra cultural. Todo, porque lo fundamental es negar la legitimidad de origen del gobierno y de sus apoyos parlamentarios.

No es la primera ni siquiera la segunda ocasión en que es el PP el que aborta la posibilidad de acuerdo, bien sea antes, como durante la negociación e incluso cuando el acuerdo está prácticamente cerrado como ha ocurrido en esta última ocasión. Desde la filtración de Cosidó que impidió el acuerdo en 2018 han sido por lo menos media docena de veces en las que, barajando una u otra de la decena de excusas, a cual más extemporánea y cogida por los pelos, con las que el PP ha roto la negociación. Aunque quizá la excusa más parecida a la de hoy fue en su momento la del indulto a los políticos presos por el procés, que entonces también se vinculó como principal impedimento para avanzar en la negociación. Ahora la excusa es la posible reforma del delito de sedición que ha estado encima de la mesa antes del indulto y cuya situación, como es conocido, no ha cambiado.

También entre las rupturas con freno y marcha atrás, con implicaciones similares, fue el acuerdo secreto que supuso el detonante definitivo para la salida de Pablo Casado, con el protagonismo también de los mismos sectores ultras de la política, la judicatura y los medios de comunicación conservadores entre los que destaca la presidenta Ayuso y los mismos medios judiciales y de comunicación. Entonces bastó con la insidia de una traición urdida por Casado junto con la Moncloa para desembarazarse del marcaje de Díaz Ayuso.

La conclusión la conocemos: la inmediata y estrepitosa ruptura de la negociación y como consecuencia el juicio y la condena sumarísima de los barones del partido y el relevo de la dirección de Pablo Casado. Porque el objetivo de la derecha es mantener una mayoría espuria con la que controlar la sala segunda y desde la que hacer oposición al gobierno y al parlamento, considerados por estos sectores poco menos que como la antipatria.

En definitiva, ante la vía muerta en que ha metido el PP la última posibilidad de acuerdo, al gobierno solo le queda la alternativa de una iniciativa unilateral, tanto para el nombramiento de los dos miembros del TC, para la que le basta su propia voluntad, como para la reforma de la ley orgánica, que debe ser compartida por la mayoría de investidura. El gobierno se ha cargado de paciencia y de autoridad ante el enésimo bloqueo y la absoluta falta de seriedad del PP.