Se ha presentado el tercer proyecto de presupuestos por parte del gobierno de coalición en minoría al que buena parte de la derecha, con eso del gobierno Frankenstein, ni ha reconocido ni le ha dado un año de vida, y que sin embargo se ha mostrado como el gobierno más estable de los últimos años, ya que no se ha visto obligado a recurrir a ninguna prórroga presupuestaria, al contrario que el último gobierno de Mariano Rajoy.

Hasta hace unas horas parecía que, la loca carrera de las rebajas fiscales en clave electoral desencadenada por las CCAA de gobierno de la derecha, iba a dejar al gobierno con el pie cambiado, incluso en relación a alguno de sus más significados gobiernos autonómicos como el valenciano, hasta que el gobierno ha reaccionado a la ofensiva poniendo encima de la mesa una propuesta fiscal progresiva, en la línea de la reforma fiscal propuesta en el libro blanco que eleva los impuestos a la renta, el patrimonio y las plusvalías de los más ricos y que reduce la de los de los trabajadores, los autónomos y las pequeñas empresas.

Continúa la estrategia dilatoria de la mayoría conservadora del CGPJ en la propuesta de renovación del Tribunal Constitucional, incumpliendo los plazos previstos en la reforma de la ley recientemente aprobada. Todo ello con el objetivo de continuar haciendo oposición política y desgastando al  gobierno y al parlamento, y también de obstaculizar el cambio de mayorías en el órgano de garantías, con la vista puesta en algunas de las principales leyes aun pendientes como la del aborto así como de las aprobadas durante la legislatura: como son la de educación o la de eutanasia, que también han sido recurridas por la derecha. Se trata de Lawfare en estado puro.

Como ya se esperaba y se temía, Giorgia Meloni del partido neofascista Hermanos de Italia ha ganado las elecciones italianas con el veintiséis por ciento de los votos. Además, por primera vez una mujer presidirá el gobierno con el resto de la derecha que ha quedado en un plano secundario muy por debajo de sus expectativas. En definitiva, el resultado acredita el fracaso del gobierno tecnocrático tutelado por la Unión Europea y el triunfo de la legitimidad que da el haber sido su única oposición. Sin embargo, la gran triunfadora ha sido una abstención con cifras de record como consecuencia de la desafección política. De nuevo el populismo cabalga a lomos del malestar social, la nostalgia nacionalista, la desdiabolización de la ultraderecha y la desafección política.

El presidente andaluz Moreno Bonilla, después de que en la legislatura pasada anulara el impuesto de sucesiones y donaciones para los herederos directos, se propone ahora suprimir el Impuesto de patrimonio, actualmente bajo mínimos, con el argumento de hacer frente con ello a la competencia de las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, a la sazón gobernada por su propio partido, el PP. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el mencionado impuesto se encuentra bonificado al 100% y en consecuencia no se paga. Dando con ello la razón a los partidos y a los organismos que han venido acusando a la Comunidad de Madrid de provocar el dumping fiscal y la competencia desleal con el resto de las comunidades autónomas.

Hoy ya no es noticia que la mayoría conservadora bloquee el nombramiento de los dos miembros del TC que les corresponden. El CGPJ, después de más de cuatro horas de deliberación y alguna reunión previa, ha acordado el método de elección y se da un plazo indeterminado para votar las propuestas. Con ello, cumplen con la estrategia, previamente acordada por su sector más duro, de declararse en rebeldía e incumplir el mandato legal. Una vez más, pretenden retrasar, sino vetar, la renovación y el cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional previsto en la Constitución.

El nuevo proyecto de ley de salud sexual e interrupción del embarazo se sitúa en el contexto del recurso presentado por la derecha y pendiente después de casi una decada de resolución por parte de nuestro Tribunal Constitucional, y también de la involución provocada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU que ya ha supuesto la efectiva ilegalización del aborto voluntario y los cierres de centros y las condenas consiguientes en más de una decena de Estados, discriminando con ello a las mujeres y en particular a aquellas que cuentan con menos recursos económicos y culturales.

El ingreso mínimo vital se ha constituido en una ley imprescindible frente a la pobreza y la exclusión, agravadas con la crisis financiera y ante las graves carencias de los salarios sociales y las rentas mínimas existentes, tanto en la administración central como en la mayoría de las CCAA, hasta su reciente aprobación.

Entre las principales recomendaciones a raíz de la pandemia se encuentra la puesta en marcha de la agencia estatal de salud pública, una institución fundamental y pendiente desde la aprobación de la ley general de salud pública de 2011.

Resulta un contrasentido que se continúe con el relato de la moderación de Feijóo al frente del nuevo PP, a pesar de que no solo los discursos de la nueva dirección del PP, sino también los hechos concretos, tanto internos como externos, lo contradicen prácticamente todos los días. En su entrevista más reciente, su presidente Núñez Feijóo ha elevado el tono aún más al calificar las medidas de ahorro y eficiencia energética como propias de un gobierno autoritario, apuntándose con ello a las mismas descalificaciones de los tiempos de Casado dentro de su estilo más populista en competencia con la ultraderecha.

La crisis climática está provocando que las temperaturas extremas, como las que estamos viviendo, sean cada vez más habituales. La emergencia climática se ha hecho presente este verano con sucesivas olas de calor y en forma de una sequía sin precedentes y una cadena de incendios explosivos, en algunos casos catastróficos.

Esta vez el anuncio se cumplió, finalmente después del compromiso del presidente del gobierno en el marco del debate sobre el caso Pegasus de espionaje a sectores independentistas catalanes e incluso al propio gobierno español, se acaba de presentar la ley de información clasificada, llamada más coloquialmente ley de secretos oficiales de la democracia.