Situación de urgencia en la primaria de Madrid

La respuesta de la presidenta Ayuso, acostumbrada a eludir sus responsabilidades de gestión para dedicarse a la confrontación ideológica negacionista con el gobierno socialcomunista durante toda la pandemia, ha consistido en el relato habitual de acusar a los convocantes de intereses políticos espurios al servicio de la oposición de la izquierda y en atribuir al gobierno central el ser el responsable último de la escasez de profesionales médicos, que según ella sería el factor principal y determinante de la crisis.

Sin embargo, ni los sindicatos han cejado en su empeño para solucionar el problema llegando incluso a un acuerdo en la mesa de negociación, luego incumplido por la Comunidad, ni se puede atribuir toda la crisis a la escasez actual de profesionales y mucho menos a la escasez de facultades y en general de profesionales de la medicina ni aplicárselo al actual gobierno central. Muy al contrario, España es uno de los países con más facultades de medicina y más médicos en relación a su población después de Corea del sur. El problema está sobre todo en la formación especializada y en particular en determinadas especialidades como la medicina de familia, a pesar de que el gobierno ha incrementado las plazas de formación especializada en más un treinta por ciento, mientras por el contrario el gobierno madrileño las ha reducido.

Precisamente un capital humano que junto con la enfermería y el resto del equipo constituyen el pilar en el que se sustenta la atención primaria y la urgencia, tanto extra hospitalaria como también la hospitalaria. Una atención comunitaria que a pesar de ser la puerta de entrada y el eje del funcionamiento de la sanidad pública, a lo largo de los últimos años ha perdido el atractivo y el prestigio fundamentalmente como consecuencia de unas condiciones laborales y de carrera profesional muy precarias.

Lo cierto es que en la Comunidad de Madrid el abandono desde hace tiempo de la atención primaria en favor de la asistencia y la urgencia hospitalaria, el abandono de la gestión pública en manos de gestoras privadas y por otro lado la utilización del servicio y del personal de las urgencias extra-hospitalarias a lo largo de la pandemia como comodín itinerante para cubrir el Zendal y las vacunaciones en el IFEMA, la Mesa COVID y demás dispositivos de vacunación (Wanda, wizink center y dispositivos móviles) han abonado el terreno para la tormenta actual.

El desencadenante ha sido el empecinamiento de la Consejería en abrir la totalidad de los centros cerrados durante la pandemia sin contar con el personal necesario para ello, lo que le ha llevado a desvestir un santo para mal vestir otro, con el personal de los SAR más el del SUMMA112 con las lógicas consecuencias de unos centros abiertos pero mal dotados o vacíos de personal, en base a jornadas agotadoras para los profesionales, la ruptura de la continuidad de la atención y una asistencia deficiente y con todo ello el malestar de los usuarios y de los profesionales que repercute sobre el conjunto de la atención primaria y también sobre los servicios de urgencias hospitalarias. Si a todo esto se le suma el último despropósito de la pretensión de cubrir los vacíos de médicos con la atención telemática, bien se puede concluir que con la huida hacia adelante de la Consejería de Sanidad tanto el santo como la atención continuada en realidad han terminado desnudos. Una tormenta perfecta.

El problema es que vestirlos no será fácil ni a corto ni a medio plazo, sobre todo si no se busca el acuerdo de los representantes del personal, la cooperación en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y ante todo la complicidad de la población, pero no parece que la presidenta Ayuso esté dispuesta a dejar la agitación del populismo en favor de la negociación política.