La sonrisa y la ruina. (El debate presupuestario de totalidad)

Es cierto que todavía queda un largo trámite parlamentario para las enmiendas parciales en el Congreso y en el Senado, aunque en todo caso la cantidad global y la prevista para cada uno de los ministerios quedan consolidadas y por tanto las altas y bajas lo serán dentro de cada una de las secciones. Habrá quien todavía especule con una posible derrota final, pero ni los precedentes ni la mayoría lo avalan.

El debate de las enmiendas de totalidad ha sido en todo caso el previsible por parte de unos y de otros, aunque la estrategia populista de la derecha y la cercanía de un próximo año electoral con citas municipales, autonómicas y finalmente generales han acentuado la polarización y los tópicos borrando los matices y eliminando las posibles coincidencias. El perfil de la ministra Montero, siempre con la sonrisa, una actitud más segura y una exposición más didáctica no se lo ha puesto fácil a los que solo buscaban la polarización.

Por otra parte, el debate y votación de las enmiendas de totalidad ha coincidido con la presión de medios conservadores para hacer descarrilar la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los datos de la EPA del tercer trimestre que muestran la fortaleza de la creación de empleo indefinido, a la vez que la estacionalidad del empleo en la hostelería, los fuertes beneficios de las empresas energéticas y de las entidades financieras y los posibles efectos de la nueva subida de los tipos de interés del BCE sobre el crecimiento económico.

La defensa de la enmienda por parte de Cuca Gamarra como portavoz del PP, en condiciones claramente desfavorables para su mantra de la bajada generalizada de impuestos, a raíz del desplome económico y político de medidas similares de sus homólogos británicos, ha pasado de puntillas sobre ello y se ha centrado en la supuesta endeblez de las previsiones, y en consecuencia en a la crítica a la previsión de ingresos y las dificultades para la contención del gasto, recurriendo a una utilización más bien parcial de las críticas de organismos oficiales como el banco de España o la AIReF.

La respuesta de la ministra de Hacienda ha sido tan pormenorizada en los datos como políticamente demoledora, demostrando las contradicciones de la derecha del PP: entre otras cosas la coincidencia de las previsiones y el carácter mucho más expansivo de los presupuestos de los gobiernos conservadores en el ámbito de Comunidades Autónomas como Madrid y por otra parte en su exigencia de una nueva prórroga de las medidas para hacer frente a la inflación a pesar de no haberlas apoyado en el momento de su aprobación.

La ultraderecha, todavía aquejada de desorientación y pérdida de impulso desde las elecciones andaluzas, también se ha apoyado en las críticas de los organismos oficiales en boca de su portavoz Espinosa de los Monteros, pero sobre todo se ha situado a medio camino entre la anacrónica ortodoxia económica ultraliberal y la nostalgia del franquismo hasta el límite de la obcecación de atribuirle la sanidad y la educación públicas a la dictadura, con el único objetivo de negarle el pan y la sal a la democracia, al PSOE y a la izquierda.

Sin embargo, Inés Arrimadas como portavoz de Ciudadanos ha escogido el camino del escapismo ultraliberal, buscando para ello el enfrentamiento generacional con el rechazo frontal de la revalorización de las pensiones prevista en el pacto de Toledo, en particular del diez por ciento de las más altas, y con ello enajenarse cualquier apoyo de los pensionistas y de las personas mayores, pero sin ganar a cambio ninguno entre los jóvenes.

Los tres grupos han coincidido por tercera vez en la legislatura en la acusación populista de despilfarro, tanto por el número de ministerios y altos cargos, como por la previsión del incremento de sus salarios (por debajo de la inflación) y la según ellos abusiva utilización de recursos públicos como el famoso Falcon. La respuesta del gobierno y de sus apoyos parlamentarios ha sido poner ante sus ojos lo que han hecho en el gobierno y lo que siguen haciendo sus gobiernos actuales en las CCAA, poniendo en evidencia con ello el clasismo, el cinismo y el carácter antipolítico de sus críticas.

El resto de los grupos de oposición regionalistas e independentistas, desde distintos puntos de vista han incidido en el argumento del agravio, unos con respecto a lo comprometido en el pasado y otros con la discriminación entre territorios o por los supuestos privilegios de los que forman parte de la mayoría de investidura.

Finalmente, y como era de esperar, los grupos de la mayoría de la investidura han destacado tanto sus aportaciones en el proyecto inicial como el tenor de sus enmiendas, dejando al margen otros compromisos políticos extra presupuestarios aún pendientes, como puede ser la rebaja o supresión de la pena actual por el delito de sedición.

Una y otra oposición, la conservadora y la ultra han coincidido en la vía profética, esperando y alentando una ruina que no acaba de llegar.