Agua y bulos para todos

Se minimiza incluso la importancia de la batería de medidas fiscales sin precedentes frente a los efectos de la sequía sobre la última cosecha.

Algo que se ha convertido ya en una desgraciada costumbre a lo largo de una legislatura de catástrofes encadenadas y de políticas de emergencia, empezando por la pandemia, luego por las consecuencias de la invasión de Ucrania sobre los precios y ahora por las olas de calor y la sequía en el marco de la emergencia climática en la que nos encontramos.

La ultraderecha vuelve incluso a los bulos y a la teoría de la conspiración y no solo frente a la emergencia climática y poniendo en el punto de mira a la AEMET, como en su momento los responsables de salud pública, que reciben una tromba de amenazas. La ciencia y el periodismo de nuevo son objeto de acoso y nadie asume la responsabilidad de la llamada autoría intelectual, en palabras de José María Aznar.

Por eso tampoco es casual que la reciente proposición de ley conservadora de PP y Vox para la legalización de regadíos ilegales en el parlamento andaluz se sitúen frente a la ciencia y a las instituciones europeas e internacionales, tan solo por un quitame allá esos votos en las próximas elecciones municipales en Huelva. Y que lejos de una rectificación, ante la crítica de las instituciones europeas tenga continuidad, aunque corregida y aumentada, en el apoyo de Núñez Feijóo y en el lema de la dirección del PP de 'agua para todos', al igual que ocurriera con el plan hidrológico impuesto por el gobierno Rajoy que fue el origen en su momento de la condena de los tribunales de la Unión Europea.

El negacionismo populista aparece de nuevo frente a la democracia de la incertidumbre y las catástrofes, tanto en Doñana como en general frente a la emergencia climática. No es de extrañar por tanto que el nuevo debate en el Senado por parte del líder de la oposición haya estado trufado de electoralismo y como consecuencia de descalificaciones personales, bulos y teorías de la conspiración que hasta ahora habían sido monopolio de la ultraderecha y de la presidenta Ayuso, acusando incluso de pucherazo en su elección al frente del PSOE al presidente del gobierno, por otra parte contra toda evidencia, y volviendo con ello a la estrategia de deslegitimación de la coalición de gobierno y de sus apoyos parlamentarios. Lo mismo se puede decir de la actitud de las derechas ante la primera ley que desarrolla el artículo cuarenta y siete de la Constitución sobre el derecho a la vivienda y a los sucesivos anuncios del presidente del gobierno que han sumado otras veinte mil viviendas en los terrenos del ministerio de defensa a los más del doble de la SAREB y las previsiones aún mayores con cargo a los créditos del ICO.

Frente al grave problema social de la vivienda, Núñez Feijóo no solo ha puesto en cuestión la exageración que suponen los anuncios en contradicción con una realidad mucho más modesta sino que ha vuelto a la solución basada en el mercado eludiendo su carácter de derecho constitucional, al afirmar que solo la oferta de más suelo contribuirá a construir más viviendas y con ello reducir su precio, olvidando el resultado de lo que hicieran los gobiernos del PP y que fue la causa del posterior fiasco de la burbuja inmobiliaria. 

Una derecha que rechaza además cualquier intervención pública que como la limitación al incremento de precio del alquiler pueda contribuir a mejorar la accesibilidad a las familias que hoy dedican mucho más de un tercio de su renta al pago de la vivienda, sin tener en cuenta los efectos positivos de la rebaja de los precios de las mascarillas, de la excepción ibérica o de la contención de la subida de los alquileres entre otras medidas de intervención del mercado con buenos resultados para garantizar el interés general.