Los cambios en Facebook e Instagram son una parte clave del acuerdo de Meta de 17.000 millones de dólares con los estados por los daños causados ​​a los adolescentes.

El acuerdo , anunciado por Meta el 26 de agosto de 2026, puso fin a un juicio federal que apenas había comenzado en Oakland, California. El riesgo financiero potencial del caso era enorme, y el precio de las acciones de Meta se vio afectado. Los estados argumentaron que las multas podrían alcanzar cientos de miles de millones de dólares.

En este contexto, y con una incertidumbre de 1,4 billones de dólares sobre su valoración , Meta llegó a un acuerdo, aunque la compañía sigue negando haber cometido irregularidades. El acuerdo aún requiere la aprobación de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers.

Como experto en políticas y derecho tecnológico , sigo con interés el litigio contra Meta y otras empresas de redes sociales. Los detalles básicos de este acuerdo ya son públicos, y creo que merecen una atención especial debido a los cambios en el diseño de sus productos que podría obligar a Meta, TikTok y YouTube a implementar.

Lo que alegaron los estados

El caso de Oakland consolidó las demandas presentadas en 2023 por 29 fiscales generales estatales tras una investigación a nivel nacional que comenzó en 2021.

De forma similar a litigios anteriores en Los Ángeles y Nuevo México , los estados alegaron que Meta diseñó funciones —por ejemplo, desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones push, "me gusta" y filtros que alteran la apariencia— para explotar vulnerabilidades asociadas con el desarrollo adolescente y maximizar la participación.

Los estados alegaron que la investigación interna de Meta documentaba vínculos entre el uso de Instagram y daños como la depresión, la ansiedad y los problemas de imagen corporal entre los jóvenes, mientras que la empresa minimizó u ocultó públicamente esos riesgos.

Un tercer conjunto de alegaciones se refería a la recopilación de datos por parte de Meta de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, presuntamente en violación de la ley federal de privacidad infantil. Los estados argumentaron además que estas prácticas también infringían las leyes estatales de protección al consumidor.

Esa alegación de protección al consumidor es particularmente importante. Durante décadas, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones ha protegido a las plataformas de la responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios. Sin embargo, los estados demandaron a Meta por el diseño del producto, las prácticas comerciales y las supuestas declaraciones falsas de la propia empresa, no por el contenido generado por los usuarios.

En sus alegatos iniciales, el abogado de California resumió la teoría en cuatro palabras, señalando que el modelo de negocio de Meta consistía en "enganchar" a los usuarios, "retenerlos", "recolectar" sus datos y "ocultar" el daño. Además, ya existía un precedente a nivel estatal, en Massachusetts , donde los tribunales habían admitido este tipo de demanda.

Una batalla legal, varios casos diferentes

Es importante no confundir los casos. Si bien el caso federal en Oakland se resolvió como parte del acuerdo con los 47 estados , los casos importantes contra Meta siguen activos.

En Los Ángeles, un caso independiente en un tribunal estatal de California resultó en que un jurado declarara a Meta y Google responsables por diseñar negligentemente sus productos de manera que contribuyeron a dañar la salud mental de una adolescente, otorgándoles una indemnización de 4,2 millones de dólares a Meta y de 1,8 millones de dólares a Google. Estas cantidades parecen modestas hasta que se multiplican por los miles de demandas individuales similares que actualmente están pendientes. Meta ha apelado esa decisión.

En Nuevo México , el estado emprendió sus propias acciones legales, alegando que Meta puso en peligro a menores y violó la ley estatal de protección al consumidor. Nuevo México obtuvo sentencias en contra de Meta por un total de más de 900 millones de dólares, las cuales Meta también está impugnando.

Ninguno de esos casos formó parte del juicio federal, por lo que el acuerdo alcanzado hoy no los resuelve ni sienta precedente legal.

Lo que realmente cambia el acuerdo

Los cambios de diseño, como la limitación del desplazamiento infinito y la reproducción automática, constituyen el núcleo sustancial del acuerdo. Sujeto a la aprobación judicial, los adolescentes menores de 18 años que utilicen Instagram y Facebook en los estados participantes recibirán:

• un límite de tiempo diario predeterminado de dos horas, acumulativo en ambas aplicaciones y en varias cuentas, que solo un padre puede eliminar
• Bloqueo del acceso a la aplicación entre la medianoche y las 6 de la mañana y notificaciones silenciadas durante el horario escolar (de 8 de la mañana a 3 de la tarde), excepto los mensajes directos.
• Avisos de uso después de cada 15 minutos de desplazamiento continuo
• la opción de un feed no algorítmico y no personalizado
• la posibilidad de desactivar la reproducción automática y que los padres puedan configurarla como predeterminada en "desactivada".
• oculto como recuentos por defecto
• Bloqueos en cirugía estética y filtros de maquillaje extremo
• Sistemas reforzados de detección de edad para cuentas de menores de 13 años

Algunas de estas medidas son especialmente importantes porque modifican la experiencia predeterminada en lugar de simplemente añadir una opción que los usuarios puedan activar. Esto reduce la carga para el usuario. Una herramienta de seguridad que requiere que un adolescente o un padre la encuentre, la comprenda y la active es fundamentalmente diferente de una restricción de seguridad integrada en el propio producto.

El acuerdo aborda la arquitectura que determina el funcionamiento del producto. Al hacerlo, reconoce que Meta comparte la responsabilidad del entorno que crea, lo cual es crucial, ya que Meta tiene un poder significativo para influir en cómo se utilizan sus productos.

Por qué los términos de diseño importan más que el dinero.

Incluso 17.000 millones de dólares, repartidos a lo largo de una década, representan apenas el 1 % de los ingresos previstos de Meta durante el mismo periodo. La compañía ha comunicado a los inversores que el acuerdo no modificará sus previsiones financieras más allá de un único gasto trimestral.

Lo más trascendental, tanto para Meta como para el público, es la necesidad de rediseñar Facebook e Instagram.

Sin embargo, un rediseño sin transparencia ni rendición de cuentas puede convertirse rápidamente en otra forma de marketing. Meta ya había prometido mejoras en la seguridad, como cuentas para adolescentes y controles parentales ampliados. La verificación del rediseño y su impacto real a lo largo del tiempo son fundamentales.

Ahí radica la promesa, aunque también la falta de compromiso. Un auditor independiente revisará el cumplimiento de Meta anualmente, pero solo durante cinco años, en comparación con un acuerdo de diez años. Además, Meta se ha comprometido a cumplir con las condiciones de comportamiento más estrictas, como el límite de tiempo diario y el bloqueo nocturno, solo por cinco años. Este acuerdo se extenderá a diez años con restricciones más severas únicamente si YouTube y TikTok se suman.

Meta también se ha comprometido a establecer una fundación de investigación independiente. Esto podría solucionar uno de los problemas más profundos de la gobernanza tecnológica: las plataformas poseen las pruebas de sus propios efectos, mientras que los investigadores independientes han quedado excluidos.

Pero la eficacia de estos mecanismos dependerá de detalles aún desconocidos. ¿Quién selecciona al auditor? ¿A qué información puede acceder? ¿Pueden los investigadores reproducir los hallazgos de forma independiente? ¿Qué constituye un incumplimiento y qué sanciones se aplican si Meta cumple al pie de la letra el acuerdo, aunque modifique ligeramente el producto? Finalmente, ¿cómo evita la fundación de investigación ser controlada por Meta?

La gobernanza tecnológica falla cada vez más, no a nivel de las normas, sino a nivel de su aplicación.

Además, el acuerdo excluye algo. Los juicios generan registros públicos, pero los acuerdos ponen fin al proceso de recopilación de pruebas. Los documentos internos y los testimonios que salieron a la luz en Oakland, incluyendo pruebas sobre la propia investigación de Meta sobre usuarios jóvenes y la gestión de esos hallazgos por parte de sus abogados, ahora solo serán parcialmente accesibles. Los estados lograron una resolución legal significativa, pero el público perdió parte del registro de cómo llegamos hasta aquí.

¿Qué sigue?

Tres cosas merecen especial atención:

En primer lugar, los detalles de la implementación son importantes.

La importancia del acuerdo depende de lo que ocurra después de que desaparezcan los comunicados de prensa. ¿Restringen realmente las nuevas configuraciones predeterminadas el uso? ¿Son difíciles de eludir en distintas cuentas y dispositivos? Es muy difícil controlar la edad en la tecnología. ¿Y acaso los adolescentes simplemente migrarán a otras plataformas que quedan fuera del alcance del acuerdo, o a los mensajes directos que el propio acuerdo excluye?

En segundo lugar, está la cuestión de los competidores de Meta.

Los estados participantes tienen garantizado aproximadamente el 70% de los 17.000 millones de dólares, es decir, unos 12.700 millones a lo largo de la década, mientras que el 30% restante, unos 5.300 millones, se liberará solo si YouTube y TikTok adoptan protecciones similares para adolescentes y realizan pagos equivalentes. Meta, en esencia, estructuró parte de su propia sanción como una estrategia de captación, indicando a TikTok y YouTube que estas normas se implementarán y que es mejor adoptarlas conjuntamente que afrontar el próximo ciclo de litigios en solitario.

Además, Meta tiene un claro incentivo económico para intentar igualar las condiciones. Porque si estas medidas reducen la rentabilidad de los productos de Meta, imponer requisitos similares a sus competidores podría evitar que Meta asuma esos costes sola. El éxito de esta estrategia podría ser tan importante como el propio acuerdo.

En tercer lugar, la política federal sobre redes sociales en Estados Unidos está estancada . Fueron los fiscales generales estatales, aplicando la ley de protección al consumidor, quienes elaboraron normas sobre límites de tiempo, defectos de productos, notificaciones y prácticas de diseño que el Congreso podría haber debatido y aprobado hace años.

La lección más profunda del acuerdo alcanzado hoy es que el diseño de productos, como ámbito de responsabilidad legal, constituye una estrategia jurídica viable.

La rendición de cuentas comienza cuando una empresa acepta rediseñar su producto. El acuerdo otorga a los estados —y al resto de nosotros— una década para determinar si estos cambios son reales y, de ser así, si contribuyen al logro de los objetivos políticos deseados.

La cuestión fundamental es si, a lo largo de esa década, alguna persona independiente tendrá la autoridad, el acceso y los incentivos para decidir qué significa realmente "trabajo".

Artículo publicado en The Conversation.