Plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo: ¿qué medidas incluye y a quiénes benefician?

Ante la volatilidad de los mercados y la subida de precios que produjo una elevación de la inflación y de los costes energéticos para hogares y empresas, el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo aprobó una disposición con 80 medidas para movilizar más de 5.000 millones de euros y que han beneficiado a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas de España.

Atendiendo a la evolución esperada del conflicto y a la progresiva estabilización de los mercados energéticos, las medidas prorrogadas mediante el real decreto ley aprobado en junio se articulan conforme a un esquema de retirada gradual («phase out») que se desarrollará de forma escalonada hasta su desaparición a finales del mes de septiembre de 2026. Se exceptúan de esta retirada progresiva las ayudas directas dirigidas a los profesionales del transporte, así como a los agricultores, ganaderos y pescadores, que se mantendrán íntegramente durante todo el periodo de vigencia.

Al igual que su predecesor, este real decreto ley se estructura en dos tipos de medidas: las de carácter coyuntural, que incorporan una serie de ajustes para amortiguar el impacto de la guerra sobre las empresas y los hogares, a través de la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de junio; y las de carácter estructural, destinadas a reforzar la soberanía energética, a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a la resiliencia de la economía española frente a futuras crisis externas, mediante la aceleración de la electrificación y el despliegue de las energías renovables.

El texto, que se publicó el 30 de junio en el BOE, entró en vigor al día siguiente y fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 23 de julio de 2026.

Rebaja en el precio de los combustibles

Para contrarrestar el incremento del precio de las materias primas y apoyar a los sectores productivos más afectados por la crisis, el plan aprobado en marzo redujo de manera temporal la fiscalidad energética.

A partir de junio se ha introducido una rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos en julio, agosto y septiembre de 15, 10 y 5 céntimos por litro, respectivamente. Esta rebaja se aplica en la gasolina sin plomo y el gasoil.

Sin embargo, se mantiene vigente la cláusula automática de reactivación, por la que se volvería a reducir 20 céntimos por litro si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%.

Refuerzo del control y la transparencia

Con la aprobación del plan en marzo, se reforzó la supervisión del mercado de carburantes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A partir de junio, se han intensificado los mecanismos de control y transparencia para que las medidas se cumplan. En particular, se le otorga la facultad de solicitar la información que resulte necesaria a los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos en relación con precios, volúmenes de venta, costes y cualesquiera otros datos relevantes para el análisis del funcionamiento del mercado.

Eliminación progresiva del impuesto a la producción energética

Entre las medidas estructurales aprobadas en junio, cabe destacar la eliminación estructural progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que pasará del 7% actual al 5% a finales de 2026, al 3,5% en 2027 y que finalmente desaparecerá en 2028.

Ayudas para la agricultura, la pesca y el transporte

El nuevo texto mantiene las ayudas al sector primario, ya que se prorrogan las ayudas al sector agrario y pesquero vinculadas al incremento de los costes del combustible. Adicionalmente, refuerza el apoyo a la adquisición de fertilizantes, ya que se añaden 165 millones de euros adicionales para su compra a los 500 que ya estaban movilizados en el primer real decreto ley.

En relación con las ayudas a transportistas profesionales, se mantienen ayudas directas al combustible. Además, se crea una línea adicional para el transporte ferroviario.

Escudo energético para los hogares y la industria

Además, la norma aprobada en marzo aprobó para el ejercicio de 2026 distintos mecanismos de protección para los hogares vulnerables y la industria:

• Extensión para todo el año 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico: el descuento en la factura eléctrica para los consumidores domésticos considerados vulnerables será del 42,5%, un porcentaje que se eleva al 57,5% en el caso de los vulnerables severos.
• Incremento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico (destinado a que los consumidores vulnerables paguen los gastos de calefacción, agua caliente y cocina).
• Prohibición del corte de los suministros básicos -energía y agua- a los hogares vulnerables.
• Bonificación en un 80% de los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva.
• Flexibilización por ley de los contratos de suministro energético para permitir que tanto las empresas como los autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales.

Protección de los trabajadores

El plan incluye un capítulo específico de medidas para proteger el empleo y reforzar la protección social. Estas son algunas de las medidas más importantes:

• Las empresas beneficiarias de las ayudas no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre de 2026.
• Ante el incremento en los costes de la movilidad, se adelanta en doce meses -al 5 de diciembre de 2026- la entrada en vigor de la obligación de que las empresas y las entidades pertenecientes al sector público cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 200 personas trabajadoras (o 100 por turno). Estos planes deben incluir medidas que impulsen la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, compartida o colaborativa, y medidas transversales como el teletrabajo.

Medidas para avanzar en la transición energética

Un eje fundamental del plan integral se compone de medidas de carácter estratégico para reducir el impacto de las crisis externas y avanzar hacia la soberanía energética a través de la descarbonización, la electrificación de los hogares y de la economía y el despliegue de las energías renovables.

Varias de estas medidas son de carácter tributario:

• Deducción de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico "enchufable" y de pila de combustible.
• Recuperación de las deducciones en el IRPF para los contribuyentes que realicen reformas de rehabilitación de viviendas o edificios que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración. Entre los años 2021 y 2024, estas deducciones beneficiaron a más de 290.000 personas, con un beneficio medio de 1.918 euros.
• Libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética durante 2026. Esta medida está orientada a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de fuentes renovables.
• Habilitación a las entidades locales para que bonifiquen hasta en un 50% el IBI a quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o la energía ambiente. Además, se recoge una bonificación de hasta el 95% a favor de las obras y las instalaciones que incorporen sistemas para un mayor beneficio térmico o eléctrico de esas energías.

El plan inicial incorporaba otras iniciativas de carácter estructural para acelerar la transición energética de manera ordenada y garantizando el respeto a los valores ambientales, sociales y territoriales; entre ellas destacan:

• Refuerzo del autoconsumo: la distancia máxima entre la generación y el consumo se eleva de 2 a 5 kilómetros, y se habilita a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.
• Incremento de la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico.
• Impulso de las energías renovables atendiendo a criterios de integración social y territorial.

Por otro lado, el real decreto ley aprobado en junio se centra en reducir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición energética y reforzar la seguridad del sistema eléctrico con medidas como el impulso a las energías renovables, el refuerzo de las redes eléctricas, el fomento del vehículo eléctrico, la modernización del sistema eléctrico o el impulso al almacenamiento energético.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es. Ministerio de la Presidencia, el 31 de agosto de 2026.