La inteligencia artificial ya tiene su laberinto legal: guía para no perderse entre normas y regulaciones

Asistimos a un proceso en el que la IA preocupa no solo a los gobiernos de los estados miembros, sino también a los actores internacionales, como la OCDE – que en mayo de 2019 publicó la Declaración de Principios de la IA , que actualizó en 2024– y la ONU –que en septiembre de 2024, publicó el Informe final sobre la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) en beneficio de la humanidad–.

En esta carrera, la Unión Europea (UE) tampoco se ha quedado cruzada de brazos. En 2024 se promulgó el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (IA Act), un alambicado reglamento cuya importancia es indiscutible, pero que, en consonancia con el espíritu de la agenda política europea, se complementa con otros cuerpos normativos.

Asimismo, líderes de peso alzan la voz en estos tiempos de cambio, una era de grandes descubrimientos frente a la que podemos permanecer de perfil o, por el contrario, aceptar este nuevo orden y ser permeables a los retos que traerá consigo la IA. Entre ellos el papa León XIV, que en su primera encíclica, Magnifica humanitas, ha dado especial protagonismo a la IA. Su carta invita a reflexionar sobre la importancia de que la tecnología esté al servicio de la dignidad humana gracias, entre otros, al establecimiento de “marcos jurídicos adecuados”.

Alineado con las políticas europeístas, el sumo pontífice apela a la ética, pero también al derecho, para no quedar sumidos en la incierta deriva del control del poder por la élite tecnócrata.

La normativa de la UE

Con el objetivo de establecer un marco jurídico que garantice la seguridad, la transparencia y la responsabilidad en el uso ético de esta tecnología, la regulación de la IA en la UE ha evolucionado significativamente en los últimos años. Como pone en relieve la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz Zurita Martín, la ingente producción de documentos por parte de la UE a la hora de abordar esta materia hace difícil a cualquiera no perderse entre la maraña que impide abordar unos “desafíos o amenazas de carácter transnacional”.

Por eso es tan importante contar con (al menos) una regulación internacional sobre la IA. Como dice Mustafa Suleyman, solo se puede lograr mediante el juego de “alianzas estratégicas y la cooperación internacional”. El que fuera cofundador de Deep Mind considera que “la ola de tecnología que viene llevará a la historia de la humanidad a un punto de inflexión y, si contenerla es imposible, las consecuencias serán dramáticas y potencialmente nefastas”. El mismo autor apunta que la contención se hace esencial, y, por ello, postula las alianzas y tratados internacionales como uno de los “diez pasos” para frenar la ola. Una regulación que se anticipe a las dificultades que puedan aparecer por el uso de los sistemas de IA no solo es necesaria, sino que se muestra como una “política acertada”.

Poner puertas al campo

Desde hace unos años, estamos siendo testigos de una floreciente producción normativa mundial en materia de derecho, IA e internet de las cosas. Frente al avance imparable de las tecnologías se suscita el dilema de si deben ponerse “puertas al campo”. Corresponde a las instituciones y poderes públicos dotarnos de un marco jurídico ético y confiable con herramientas que aporten certeza, confianza y seguridad jurídica. Además de ofrecer respuestas a los retos y desafíos que plantean los avances tecnológicos garantizando seguridad jurídica, pero sin desincentivar la inversión.

La implantación de la IA en la vida diaria ya se ha producido y su desarrollo tecnológico va a ser cada vez mayor. Por eso, los problemas éticos, jurídicos y sociales que plantea no pueden dejarse para un futuro y hay que encararlos sin demora. Prohibir la IA no es la solución. Ignorarla es aún peor. Lo más conveniente es gobernar su uso con inteligencia humana.

Víctor Machado Carvajal, Abogado procesalista | Mediador civil | Doctorando en D° Privado, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.