¿Qué hacer con el rey?. I

¿Era menester juzgarlo? Los papeles recogidos en las Tullerías, y remitidos más tarde, por la “Commune”, a una comisión parlamentaria de 24 diputados, daban pie para un proceso. Pero el 20 de noviembre, ya bajo la autoridad de la Convención Nacional, el descubrimiento, de un armario secreto de hierro, que contenía numerosas revelaciones, sobre las relaciones del rey con la contrarrevolución, precipitó que el juicio fuera ya inevitable.

Tres posiciones se perfilaron entonces en el seno de la Convención. A la izquierda, Saint-Just y Robespierre, aunque casi aislados, incluso de su grupo de la Montaña, se oponían al proceso. El primero había sostenido, en un gran discurso el 13 de noviembre, que Luis XVI era un criminal, por el simple hecho de ser rey; por lo tanto había que castigarlo, no que juzgarlo. Robespierre, por su parte, había llegado a la misma conclusión, pero se apoyaba sobre una argumentación más sofisticada. Para él, juzgar al rey, era juzgar a los que lo habían destronado, y someter, por tanto, a la Revolución, a una especie de tribunal de apelación. “Si el rey no es culpable, los que lo han destronado lo son. Su proceso sería como una apelación de instrucción a un tribunal”. Así que concluyó, abogando por el castigo sin proceso.

La mayoría de los diputados, aunque sensibles a estos argumentos, rechazaron la conclusión de los mismos. A sus ojos; Luis era culpable, pero había que instruir un proceso regular, para que la opinión pública, en Francia y en el extranjero, no pudiese dudar de la legitimidad del veredicto. Marat se separó de Robespierre y de Saint-Just. “Luis Capeto – escribió – debia ser llevado a juicio”. El 5 de diciembre la Convención, decidió que habría proceso, y que ella misma juzgaría al rey.

El 21 de diciembre de 1792; Luis XVI compareció por primera vez ante la Convención. Se le otorgaron defensores. Escogió a Tronchet, y aceptó los servicios del fiel Malesherbes. Esos consejeros encargaron a un joven abogado, de Sèze, del alegato defensivo. El 26, de Sèze, en presencia del rey, desarrolló una argumentación jurídicamente irreprochable, pero políticamente muy débil. Demostró primero, que la inviolabilidad regia estaba inscrita en la Constitución de 1791; que si no obstante ello, se pretendía juzgarlo, no sería ya como rey, sino como simple ciudadano y que, entonces, él debía beneficiarse de las mismas garantías: doble jurado (en acusación y en juicio) audiencia de testigos, y prueba pericial de escrituras.

La Convención tuvo la sensación, de que se disimulaba, bajo el procedimiento, el verdadero fondo político del proceso. “La justicia – exclamó Saint-Just – no tiene absolutamente ningún poder, sobre el disimulo de los grandes crímenes. Uno no ve al crimen, pero se siente herido por él”.

Sin oponerse al proceso, los girondinos hicieron todo lo posible para retrasarlo. Vergniaud proclamó: “Es el pueblo el que le había dado la inviolabilidad al rey, por la Constitución de 1791, es el mismo pueblo el que le puede retirar esa inviolabilidad”. Pero los girondinos se estrellaron, contra una doble negativa: negativa de principio, pues tal apelación al pueblo, pondría en tela de juicio ese sistema representativo y parlamentario, del que los mismos girondinos se habían convertido en vigilantes defensores, frente a las secciones parisinas; y negativa política, pues someter el juicio de Luis XVI, a las asambleas primarias, era desencadenar la guerra civil. El 4 de enero, ya de 1793, en un gran discurso, Barére respondio a Vergniaud. Como todas las intervenciones de Barére, ésta fue decisiva. Barére era más que una voz; era un eco. Con él la Llanura, se negaba a asociarse a la maniobre girondina.

Acerca de la pena a imponer al rey, los girondinos pelearon sus últimas batallas. Primero Lanjuinais, reclamó que la Convención se pronunciase por una mayoría de dos tercios. Pero Danton hizo rechazar esta proposición. Luego Mailhe, primer diputado en pronunciarse, votó por la muerte, pero reclamó un aplazamiento, y varios diputados girondinos le imitaron. El resultado del escrutinio, fue de 376 votos a favor de la muerte, de los 721 expresados. O sea, una mayoría de sólo cinco votos.

Pues eso.