El Consejo de Guerra contra la primera Comisión Ejecutiva socialista del interior

En febrero de 1946 se celebró el Consejo de Guerra contra la Ejecutiva, en Alcalá de Henares. Nos vamos a referir a la crónica del periódico socialista sobre este proceso.

El acta de acusación estableció responsabilidades a treinta y cinco socialistas por haber reconstituido el Partido Socialista atentando, según el fiscal, a la seguridad exterior del Estado.

El régimen franquista solamente permitió el acceso a la sala a los familiares y los periodistas, pero no pudo resistirse al interés de las embajadas norteamericana y británica de enviar representantes para observar el curso de la causa.

El acta planteaba que muchos de los procesados habían sido detenidos ya al final de la guerra, y luego puestos en libertad provisional. Este hecho habría sido aprovechado para proceder a la reorganización del PSOE, lo que para el régimen constituía un complot contra la seguridad del Estado, según lo dispuesto en el Código de Justicia Militar, debiendo ser sancionado con la máxima pena.

Después de haberse formulado todos los cargos y de señalar que los procesados habían extendido la organización del Partido por toda España, con el fin de derrocar al régimen, se inició la parte más intensa del proceso. Los procesados hablaron, y lo hicieron no planteando una defensa con el fin de disminuir la responsabilidad, sino reafirmando su responsabilidad en la reorganización del PSOE, añadiendo que había procedido de forma deliberada y concienzuda en la realización de los hechos que se les imputaban, se decir, que no negaban esos hechos.

Los procesados hicieron una defensa de su fe socialista y de la fidelidad al Partido.

El Socialista glosaba algunas de las frases que los procesados plantearon sobre el hecho de que el socialismo no estaba prescrito en el mundo como doctrina política, y los partidos socialistas no funcionaba de forma clandestina en Europa. Además, los encausados declararon que ningún temor podría inducirles a rectificación alguna. Ninguna pena les haría retroceder ni modificar las convicciones. Los socialistas estaban dispuestos a arrostrar la sanción que se les iba a imponer.

Para el periódico la Comisión Ejecutiva procesada, había hecho, realmente, un proceso al régimen franquista. Habría sido una “tremenda derrota franquista”.

Juan Gómez Ejido fue condenado a doce años de prisión, ingresando en la cárcel de Alcalá de Henares, para pasar luego a otras prisiones, siguiendo el conocido como “turismo penitenciario”, una forma más de represión. Salió en libertad provisional en septiembre de 1952. Por su parte, Vicente Valls Anglés fue condenado a diez años de prisión. De la cárcel de Alcalá de Henares pasó a la Prisión Escuela de Yeserías para ejercer como profesor auxiliar, ya que era maestro de primaria. Salió en libertad provisional en 1951. El médico Antonio San Miguel Tarazona ya había sido condenado por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo en 1944 a doce años de inhabilitación, ya que fue masón. Fue condenado en el consejo de guerra a diez años, saliendo de prisión en 1950. Francisco de Toro Cuevas, que había llegado a ser diputado socialista, ya había sido duramente condenado nada más terminar la contienda, aunque salió en libertad vigilada en 1944. Ahora sería condenado a diez años de cárcel. Volvería a ser detenido al desmantelarse la sexta Comisión en 1952, aunque no sería procesado.

Hemos trabajado con el número del 5 de marzo de 1946 de El Socialista, editado en Francia.

También puede consultarse la página web del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias sobre las detenciones aludidas en esta pieza, sin olvidar el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, en lo correspondiente a los procesados.