La Acción Social de Zaragoza contra la Masonería en noviembre de 1933

En el primero, titulado, “Nueva Situación” la publicación se felicitaba de la nueva situación generada con las elecciones de noviembre de ese año de 1933, afirmando que después de dos años de “despotismo revolucionario” España se habría alzado contra la “inaudita y torpe tiranía de los Gobiernos demagógicos”. No representarían al país, y se habían creído que el mismo estaba representado por la reunión de unos “cuantos blasfemos iconoclastas”. Y aquí es donde empezaba la diatriba antimasónica, al afirmar que aquellos se habían aliado con los “centros masónicos”, y que, en consecuencia, se habían creído triunfantes, intentando destruir las tradiciones, costumbres y creencias.

A propósito, se recordaba un suceso acontecido en el año 1891 en la Audiencia de Castellón donde se ventiló un pleito muy sonado. En el mismo, la Masonería había acudido para demandar, “dejando los secretos antros en que solía desenvolverse” al presbítero V. Balaguer, director del periódico La Verdad. La demanda iba firmada por Miguel Morayta. El religioso sería defendido por Ramón Nocedal, que en la vista habría pronunciado, según la publicación católica, una brillante oración forense. Balaguer por su parte afirmó en su defensa que le constaba la existencia de una “delegación especial de la masonería española que tenía por exclusivo objeto conspirar contra la integridad del territorio nacional, entregando al extranjero las posesiones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y derribar del trono a la actual dinastía reinante”. Pues bien, La Acción Social recordaba que cuarenta años después ninguna de esas posesiones era ya española, reafirmando la supuesta responsabilidad de la masonería en esa pérdida, además de afirmar que era enemiga de la institución familiar, enemiga de la fe y de la dinastía de Borbón.

Pero, es más, se achacaba a la masonería el que España contase con una Constitución considerada como funesta.

En consecuencia, España por ser cristiana y la Masonería por serlo anticristiana, eran enemigos irreconciliables.

Pero, ahora, los diputados derechistas habían triunfado en las urnas y habían borrado al socialismo, también destructor de España, preguntándose, al final del artículo por qué no barrería también a la masonería. Antes de que España perezca era mejor que pereciesen sus enemigos.

En otro artículo, de título “La Masonería, servida” se recordaba la supuesta acción masónica sobre el laicismo, especialmente en la enseñanza. Se afirmaba que la Masonería perseguía con saña a las congregaciones religiosas, exigiendo la prohibición para que pudieran ejercer la enseñanza. Y para ello se aludía a documentos masónicos extranjeros sobre esta cuestión, aportando textos de lo aprobado por el Gran Oriente de Francia en 1824, así como el en Convento francés del 16 de octubre de ese año.

En el caso español se aludía a cómo en 1927 la Gran Logia Española habría expuesto en su Boletín un acuerdo sobre la escuela laica y única, y la expulsión de los jesuitas. En la Asamblea de 1928 dicha obediencia habría acordado “trabajar para que el niño y el adulto queden libres en la escuela de toda doctrina de carácter político y religioso, y emprender una activa campaña contra el jesuitismo". En otra Asamblea, celebrada en mayo de 1931, se habría acordado lo siguiente: "La separación de la Iglesia del Estado, expulsión de las ordenes religiosas extranjeras y sometidas las nacionales a la ley de Asociaciones". El artículo terminaba con lo expuesto por V. Costa en el Boletín de esta misma obediencia, en vísperas de aprobarse la Constitución de 1931: "El Estado no puede tener religión... Hay que nacionalizar los bienes de las Ordenes religiosas". Según la publicación católica tal aspiración había llegado a ser una realidad, porque así lo habrían impuesto cinco ministros masones que había habido en el Gobierno, y los sesenta y dos diputados masones en las Cortes Constituyentes.