La fiscalidad en el Trienio Liberal

Se decidió tomar como objeto de imposición, es decir, el concepto que debía recibir el impuesto, a las rentas de los predios urbanos y rurales, pero no el patrimonio. Así pues, al gravar las rentas de esas propiedades eran los propietarios los que debían pagar el impuesto, pero también los arrendatarios con una cuarta parte. Se fijó la cantidad de 180 millones y se plantearon nuevas reglas del repartimiento, facultando con poder a los funcionarios públicos con el fin de evitar las previsibles presiones de los propietarios. Esos funcionarios eran los intendentes y los subdelegados de Hacienda, encargados de la distribución de los cupos provinciales que habían asignado las Cortes.

Un aspecto muy novedoso fue la creación de una especie de oficina de reclamaciones, la Junta de Agravios, formada por cinco miembros, cuatro de ellos funcionarios de Hacienda, para recoger y atender las posibles quejas de los contribuyentes.

El reparto en el nivel local debía ser desarrollado por los Ayuntamientos que debían elaborar un cuaderno general de la localidad correspondiente, en el que debía consignarse la estimación de las rentas de las propiedades. Era un documento que debía actualizarse periódicamente para saber el reparto de las cargas que debían imponerse en cada población.

Pero el fin temprano del Trienio Liberal impidió que la contribución directa durara mucho.