HEMEROTECA       EDICIÓN:   ESP   |   AME   |   CAT
Apóyanos ⮕

Problemas y avances en el camino español hacia la Comunidad Económica Europea


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Desde la fundación de la Comunidad Económica Europea en 1957, con la firma del Tratado de Roma, el Gobierno español estuvo muy interesado en su desarrollo y en lograr la integración del país en el mismo. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza dictatorial del régimen franquista, España no fue invitada a participar. La diplomacia de Franco sólo logró la firma de un simple Acuerdo Preferencial en 1970, por el cual se facilitaban los intercambios entre los seis países de la CEE y España. El acuerdo, aunque insuficiente, contribuyó a reducir el déficit comercial peninsular con la Comunidad.

La muerte de Franco en noviembre de 1975 abrió las puertas al proceso de integración. El presidente Adolfo Suárez presentó una nueva solicitud de adhesión en julio de 1977, cuyas consecuencias pronto se hicieron sentir. Cabe recordar que el Consejo de Ministros de la CEE manifestó su disposición favorable, y unos meses más tarde, en noviembre de 1978, la Comisión aprobó un dictamen favorable a la candidatura española. Por lo tanto, las negociaciones sobre el ingreso de España se abrieron oficialmente el 5 de febrero de 1979, cuando ya se había dotado a la nación de una Constitución democrática.

Durante los años de la Transición, los debates diplomáticos revelaron graves dificultades, relacionadas con la política agraria común (PAC) y la posible incorporación de regiones desfavorecidas como las del sur hispano. Francia se negó a la entrada de España para salvaguardar sus intereses agrarios e industriales, ante el temor de la competencia en estos dos sectores, igualmente el Gobierno italiano también trató de negociar compensaciones en este campo. Por su parte, Gran Bretaña mostró sus reticencias a seguir subvencionando, con los presupuestos de la CEE, la protección a la agricultura europea, que recibía el 80 % del presupuesto comunitario. Lógicamente, se tenía temores a la ampliación a países agrarios, por ello la incorporación de España –pero también la de Portugal y Grecia- fue vista con recelo por algunos Estados europeos, al comportar fuertes gastos por vía de los fondos de cohesión hacia las numerosas regiones desfavorecidas del arco mediterráneo.

Pese a esta serie de dificultades, Alemania favoreció la integración de España, y, ante el intento de Golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero Molina el 23 de febrero de 1981, el Parlamento Europeo apoyó decididamente a la joven democracia española.

En ese año, Grecia consiguió su adhesión y, mientras continuaban a paso acelerado las negociaciones de los términos de la entrada española y portuguesa, en 1982 el Movimiento Europeo concedió a Juan Carlos I, rey de España, el Premio Carlomagno, un galardón que sólo había recibido un español, el político liberal Salvador de Madariaga, con lo que se estableció un reconocimiento simbólico del esfuerzo de España a lo largo del siglo XX por salir de su aislamiento y buscar la modernización a través de su integración en la Europa Occidental y Democrática.

Por acuerdo de 12 de junio de 1985, el reino de España ingresó con la república de Portugal en las Comunidades Europeas, incorporándose como miembros de pleno derecho en 1986. Y, por lo tanto, ambos países se encontraban dentro de la CEE cuando, en poco tiempo, se planteó ir mas allá de la integración económica caminando hacia la Unión Política. Estas aspiraciones ya se habían concretado en 1972, cuando se planteó llegar a una Unión Europea con mayor desarrollo y competencias de los órganos comunitarios. Se subrayó la necesidad de ampliar el horizonte democrático, con la creación de un Parlamento, una Constitución, un Consejo y una Comisión Europeas.

En este sentido, el Gobierno español, desde 1986, apoyó decididamente la opción de cohesión social y política que abanderaba Jacques Delors, quien fue presidente de la Comisión Europea desde 1985 hasta 1995. A lo largo de esos años se tomaron decisiones fundamentales, como la firma del Acta Única en 1987, por la que se reforzaron la cohesión política entre sus miembros. En 1991, se firmó el Tratado de Maastricht, por el que se acordó la creación de una unión económica y monetaria y se fijó 1999 como fecha tope para adoptar una moneda única. Estos acuerdos fueron ratificados por una mayoría rotunda del Parlamento Español, si bien fueron notables las voces críticas de la izquierda radical, que consideró que se trataba de una unión que favorecía únicamente a los grandes empresarios. Sin embargo, socialistas, populares y nacionalistas apoyaron los proyectos, con lo cual una Europa más fuerte y segura de sí misma entraba en el siglo XXI y España estaba plenamente integrada en ella.

El lector interesado puede acudir a

-Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez (coords.), Historia de la integración europea, Barcelona, Ariel Estudios Europeos, 2001.

-Antonio Moreno Juste, España y el proceso de construcción europea. Textos, Barcelona, Ariel Practicum, 1998.

-Fernando García de Cortázar, Historia de España, Madrid, Anaya, 2006.

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM.