El origen del Hospital de la Princesa en Madrid

Finalizado el acto en la Real Capilla, el cortejo se dirigió por la galería de cristales hacia la escalera principal, donde al final aguardaban los coches para trasladar a la reina con su hija a la basílica de Atocha. Isabel II, al dar la vuelta por el ángulo que correspondía al salón de columnas, se encontró con un sacerdote, tras las filas de guardias alabarderos. El individuo se destacó ante su vista, inclinándose y haciendo el gesto de entrega de un memorial. No era nada raro que los reyes y reinas recibieran papeles de este tipo en ceremonias públicas, audiencias y besamanos, que ellos o sus ayudantes recogían, en un claro gesto de cercanía y demostración de interés. Por ello, la reina se acercó al sacerdote y, entonces, sintió una puñalada en el costado derecho, cayendo herida, mientras su guante se cubría de sangre.

Su primer pensamiento fue para su hija, que era llevada por una dama un paso atrás, en medio de los gritos, el desorden y la detención del sacerdote. Un teniente de alabarderos había protegido a la princesa Isabel, a la que mostró para que la reina se calmara. Isabel II decidió ir a pie hasta sus habitaciones, donde se desmayó. Cuando se recuperó, los médicos le trasmitieron que habían reconocido la herida, la cual parecía no revestir gravedad, pues los recamados del traje y el corsé que ceñía su cuerpo hicieron perder fuerza en su impulso al puñal o estilete del asesino. La reina, al recuperarse y saber que a su hija no le había pasado nada, declaró que perdonaba al sacerdote, ordenando que no le matasen por este motivo.

El autor del atentado fue conducido al cuarto del sargento de alabarderos, donde fue registrado, encontrándose la vaina del puñal debajo de la sotana, cosida al lado izquierdo. Confesó inmediatamente la autoría del atentado, declarando llamarse Martín Merino Gómez, natural de Arnedo, en la Rioja, de edad sesenta y tres años, afirmando que había intentado matar a la reina sin ayuda de nadie. Más adelante, tuvo que hacer una nueva y más amplia declaración ante el juez de primera instancia, donde se reflejó una indudable excitación e insolencia. En su traslado a la cárcel, su coche fue apedreado varias veces e insultado por ciudadanos que habían tenido noticia del intento de magnicidio, los cuales exigieron a gritos su muerte.

La vista de la causa se celebró al día siguiente, rápidamente por orden del gobierno, que no quería dar una imagen de debilidad ante la opinión pública. Se temía la indignación popular contra el reo, pero la morbosa curiosidad del público quedó defraudada pues no se presentó, alegando que allí nada tenía que hacer. Se leyó el informe de lo actuado, el fiscal formuló a continuación su acusación y la petición de máxima pena, tras lo cual un joven abogado -Julián Urquiola- apenas pudo encontrar argumentos a su favor, pues la declaración de los médicos de la cárcel -tras haberle interrogado y analizado- concluyó que Martín Merino se encontraba en su cabal juicio y en su sana razón. En consecuencia, el juez dictó sentencia, condenado al acusado a la pena de muerte por garrote, la cual se verificaría en las afueras de la puerta de Santa Bárbara, tras su degradación.

El fallo del juez fue trasladado a la Audiencia, para un pronunciamiento definitivo el 4 de febrero. Su abogado volvió a insistir en los mismos argumentos para intentar aminorar la pena, exponiendo las penosas fases de la vida del sacerdote: fraile, guerrillero, exclaustrado a la fuerza, radicalizado por lecturas políticas, alejado de todo trato social, viviendo en soledad, sin cariño ni trato con nadie… todo lo cual había alimentado un odio social. Merino declaró que había comprado el puñal para matar o al general Narváez, o a la reina madre o a Isabel II, en un gesto de pasar a la Historia. Finalmente, la sentencia quedó ratificada.

En una ceremonia religiosa presidida por un obispo, se le despojó de su orden sacerdotal y el sábado 7 de febrero fue sacado de la cárcel del Saladero y llevado al lugar de su ejecución. Su cadáver no fue sepultado, quemándose sus restos y, posteriormente, aventándose sus cenizas. La petición de la reina para su perdón no fue atendida por el gobierno de Bravo Murillo, como tampoco le habían hecho caso cuando decidió perdonar al general Diego de León -en 1841- por haber intentado raptarla, atacando palacio.

Isabel II, a los pocos días, decidió pasear con su hija, recibiendo un baño de afecto por parte de los madrileños. El 18 de febrero, junto a su familia, acudió a la basílica de Atocha para agradecer a la Virgen el haber salido con vida del atentado, a quien donó el traje y las joyas que llevaba puestas ese día. Además, escribió al presidente del Consejo de Ministros mostrando su deseo de que tomar la iniciativa para abrir una suscripción voluntaria, cuyo producto se destinara a edificar uno o dos hospitales en recuerdo del nacimiento de su hija. Sus ministros apoyaron la medida, pues supuso un impulso al viejo plan de sustitución del Hospital General de San Carlos por otros situados en diversos lugares de la capital. Y así nació el Hospital de la Princesa en el paseo de Areneros, cerca de la puerta de Fuencarral.