El Consejo de Ministros ha aprobado, a través de un real decreto ley, medidas fiscales y financieras en favor de las comunidades autónomas.
En primer lugar, la norma habilita a las comunidades a usar el superávit presupuestario de 2025 para financiar en 2026 y 2027 inversiones sostenibles en políticas como la de vivienda. En segundo lugar, las comunidades con una deuda en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) inferior al 12,4% al cierre del año 2025 podrán destinar los superávits de ejercicios anteriores a inversiones, que no computarán a efectos de cumplimiento de la regla de gasto. En la actualidad, esos fondos deben dedicarse a reducir la deuda, de acuerdo a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.