Papel sellado

En la Edad Media ya se dio el presellado tanto en la corte papal como en la imperial entre los siglos XII y XIII. También encontramos casos del mismo en tiempos de Alfonso XI de Castilla. Algunos autores creen que el papel sellado realmente tendría su origen en las Provincias Unidas cuando los Estados Generales ofrecieron un premio a quien plantease un nuevo tributo para sanear la Hacienda en la década de los años veinte del siglo XVII. Pero, no cabe duda, que la Monarquía Hispánica tuvo un evidente protagonismo en la creación y desarrollo del papel sellado. Y lo tuvo, precisamente, por la misma razón aducida para el caso de los Provincias Unidas, la necesidad de fondos para las arcas, aunque también es cierto que se quería combatir la creciente falsificación de documentos. En este sentido, el papel sellado se asocia, como indicábamos más arriba, al creciente poder del Estado y la burocracia moderna.

Efectivamente, los apuros financieros derivados de la intensa política militar del reinado de Felipe IV, obligaron a buscar nuevos arbitrios para proporcionar fondos. En 1636 se había ordenado un resello con el fin de triplicar el valor de las monedas de vellón. Este procedimiento pretendía sin aumentar la presión fiscal, siempre onerosa y que podía provocar conflictos, acopiar más recursos ante situaciones apremiantes de déficit. Consistía en elevar el valor nominal de la moneda de cobre en circulación, pero sin tocar su composición, mediante la impresión -resello- de una nueva marca. Los poseedores de moneda debían entregarlas al Tesoro, recibiendo a cambio la misma cantidad, pero en moneda resellada, es decir, sobrevalorada, y el resto se quedaba como beneficio para la Corona, aunque terminaba por desencadenar un aumento de la inflación y la ventaja se anulaba.

Pues bien, en ese año, a propuesta de las Cortes de Castilla se aprobaron el estanco del tabaco y la renta del papel sellado, que se planteaban como regalías de la Corona. El papel sellado pretendía suministrar fondos y garantizar la fiabilidad de escrituras y documentos.

En este sentido, se promulgó la Real Pragmática de 15 de diciembre de 1636, que establecía que todos los títulos, despachos reales, escrituras públicas, contratos entre partes, actuaciones judiciales, instancias al rey, y todo tipo de documentos públicos y privados debían escribirse sobre papel que llevase el sello oficial impreso en la parte superior del mismo. El sello era el real correspondiente al monarca del momento con su nombre, sus títulos, el año, su clase o categoría, y su precio. Así pues, cada año debía contar con su sello correspondiente. Su fabricación y distribución era un derecho del rey, y se perseguía su falsificación. También se aplicaría, posteriormente, para las Indias. Por otra parte, se establecieron cuatro tipos de sellos de diferentes categorías, con precios distintos. En 1637, cuando entró en vigor el papel sellado, la más alta costaba 262 mrs. y la más barata, 10 mrs. También se establecería, habida cuenta de las dificultades económicas de muchos súbditos, los valores denominados “para despachos de oficios”, y para “pobres de solemnidad”, que costaban 2 mrs. cada uno.

Al parecer, el papel sellado no fue muy bien recibido en general, y particularmente por la Iglesia, pero triunfaría claramente.

Colbert introduciría en Francia el papel sellado unos años después. Precisamente, en aquel Estado se produciría una revuelta, conocida como “del papel sellado”, en Bretaña en 1675, como protesta popular por el aumento de la presión fiscal, al incrementarse distintas tasas, incluida la que se aplicaba al papel sellado.

Para ahondar en las cuestiones fiscales sigue siendo válida la monografía de Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, que en 1982 publicó Alianza Editorial. Para adentrarse en el fascinante mundo de los sellos y timbres del Estado, contamos con el trabajo en la red de Ricardo Pardo Camacho, “El papel timbrado en España. 1637-2009”, donde podemos consultar datos y valores durante ese dilatado período de tiempo.