Procurar que una persona cuente la verdad no es corrupción en sí mismo. Pero intentar comprar un falso testimonio sí puede ser una conducta corrupta y potencialmente delictiva. Es la grave imputación que Koldo García atribuye a Alberto Durán, el abogado del Partido Popular, según unos audios filtrados a la Cadena SER. Aunque los implicados lo niegan de plano, el contraste documental y la secuencia temporal atisban una trama de desestabilización política del adversario por medios espurios.

La dinámica en la que ha entrado la política española resulta reveladora: diversos actores del arco parlamentario parecen más volcados en acumular y dosificar información comprometedora sobre sus rivales políticos que en confrontar modelos de Estado. Esta praxis nociva convierte a las instituciones y a los medios de comunicación en herramientas de desgaste y supone, irremediablemente, una desnaturalización de su función constitucional como contrapesos y fiscalizadores de los excesos del poder público.

Según el relato que consta en los audios, en mayo de 2025 se produjeron dos reuniones entre Koldo García y Alberto Durán en un despacho muy cerca de la sede de Génova. Estos encuentros se dieron en el marco de un intento de aproximación para atenuar la situación procesal de Koldo en la causa de las mascarillas. La contrapartida que se pudo materializar fue la asunción por parte de la editora de OKdiario, de 242.000 euros correspondientes a los honorarios de su letrada.

La fecha de la primera factura coincide de forma exacta con la difusión de una entrevista por parte de OKdiario en la que Koldo acusaba a la cúpula del PSOE de presuntas irregularidades en la financiación de las primarias de 2017. A raíz de ello, y pese a no haber aportado elemento probatorio alguno, el estigma público quedó inoculado de inmediato: se extendió por los medios de comunicación de España la sombra de sospecha sobre unas primarias sobre las que, en principio, no consta prueba de irregularidad alguna.

La segunda factura llegó cuando OKdiario continuaba difundiendo entregas de aquella conversación. Frente a ello, la empresa editora aduce que los pagos retribuyen derechos audiovisuales y no honorarios, a pesar de que los documentos consignan expresamente el concepto de “honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”. Por lo que presumir que esta situación es una mera coincidencia del destino solo puede constituir un ejercicio de credulidad.

A este escenario, se suma otra coincidencia no menos llamativa: el mismo jueves 5 de noviembre, día en que la SER difundió el audio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró la vivienda del exministro José Luis Ábalos en el marco de una pieza separada del caso Koldo; un inmueble que ya había sido registrado diecisiete meses antes. Hubo seis detenidos, que horas después quedaron en libertad. A pesar de todo ello, hasta donde se sabe, nada permite inferir la coincidencia a otra cosa que al calendario judicial.

La historia no acaba aquí. Koldo García asegura que la oferta de la defensa incluía el pago adicional de un millón de euros a cargo de OKdiario, evitar la cárcel y la exoneración de la causa a su hermano y a su pareja. De ser ciertas, el pago de semejante cifra resultaría per se sumamente grave, pero lo más llamativo es que las promesas de impunidad judicial comprometerían seriamente la integridad de la causa.

Ante la formulación de semejante pacto, no cabe duda de que la vertiente económica exige un escrutinio de la inversión pública en publicidad institucional, ya que, el relato de Koldo sugiere que los fondos aportados por la editora de OKdiario serían retornados mediante partidas destinadas a publicidad institucional de los gobiernos del Partido Popular. Los datos objetivos recabados hasta la fecha ponen de manifiesto que dicho diario ha percibido casi tres millones y medio de euros del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, casi quinientos mil euros de Castilla y León y cifras sustancialmente altas de las administraciones de la Comunidad Valenciana, la Junta de Extremadura, la Región de Murcia y de Aragón; todo ello sin contar con innumerables contratos menores para patrocinar otras divisiones operativas de OKdiario. Habida cuenta de la realidad, resulta evidente que la asignación de recursos para publicidad institucional no es ilegal por si misma; sin embargo, la coyuntura política obliga a fiscalizar si el reparto de dicha publicidad atiende al interés general o si está sirviendo para financiar maniobras subrepticias de desestabilización del contrincante político.

Por su parte, el partido que hoy tilda el relato de mera difamación de un delincuente no tuvo reparos en darlo por plenamente verosímil semanas atrás cuando se refería a hechos hipotéticamente imputables al PSOE, lo que ilustra el doble rasero que impera en la contienda política actual. Al hilo de estas revelaciones, Miguel Tellado sostiene en un post de X que la democracia echará a “toda esta mafia” del Gobierno.

Resulta, a todas luces, inquietante, el empleo de esta virulencia verbal por parte de un partido sobre el que pesa una condena como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel y una cascada de asuntos pendientes con la justicia. Este año se celebró en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y sostiene que se utilizaron medios del Ministerio del Interior para, presuntamente, espiar a Luis Bárcenas y arrebatarle documentación comprometedora sobre la cúpula del partido.

Esta constatación invalida cualquier pretensión de superioridad moral del PP, al tiempo que la realidad inhabilita al PSOE para sentar cátedra en materia ética: su exministro José Luis Ábalos está en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo a más de veinticuatro años en el caso mascarillas y Koldo García, a diecinueve años y ocho meses. A ello se suma el caso de Leire Díez, investigada por presuntas actuaciones, con audios incluidos, para cortocircuitar procedimientos judiciales que afectarían al partido. Si bien, aún no queda claro a quién responden los intereses de esta última.

En toda esta dinámica de opacidad y estrategia de desgaste cruzado, los partidos políticos parecen atrapados en un cálculo permanente de ataque y contención, alimentado con información obtenida por vías, cuando menos, cuestionables. Esta situación, sin duda, erosiona de manera sustancial el debate público y acaba abonando soluciones estrella de carácter autoritario, mientras los problemas más acuciantes de la ciudadanía quedan relegados a un segundo plano. El principio de transparencia, como elemento vertebrador de una democracia sana, exige erradicar esta praxis de inteligencia partidista que, paradójicamente, ha quedado al descubierto. Superar esta ciénaga resulta un reclamo irrenunciable si se pretende preservar la integridad del Estado de derecho frente a los cantos oportunistas de corto recorrido.