¿Por qué el gobierno está abandonando la descentralización?

En octubre pasado, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció una clara ambición: implementar una "importante iniciativa de descentralización" destinada a resolver los problemas relacionados con la organización territorial de la República. Tras varios meses de reflexión y consulta, y una vez concluidas las elecciones municipales, el gobierno redujo significativamente esta ambición. ¿Cuáles son las razones de este retroceso estratégico?

De las promesas iniciales a una reforma técnica

Los anuncios de septiembre y octubre de 2025 marcaron un rumbo audaz: revisar todas las responsabilidades entre el Estado y las distintas autoridades locales. La idea, declaró el Primer Ministro, era tener "una sola persona responsable de cada política pública", ya fuera un ministro, un prefecto o un funcionario local electo , para alejarse de la confusión actual en la que varios actores comparten responsabilidades.

La cuestión de la descentralización fue el eje central del discurso político general del Primer Ministro, un gesto simbólico y solemne. Las implicaciones financieras también fueron fundamentales. El informe Woerth sobre descentralización (2024) y el informe Ravignon sobre el costo de las complejas estructuras de gobierno local (2025) habían puesto de manifiesto el elevado costo de esta maraña de responsabilidades, y los funcionarios locales electos reclamaban mayor claridad y seguridad respecto al enigma de la autonomía financiera .

Sin embargo, entre los diversos escenarios analizados por el gobierno, una opción —menos ambiciosa que una verdadera descentralización (que implica una transferencia de poder a las autoridades locales y sus funcionarios electos)— consistía en recurrir a una “desconcentración”, que designaba una reorganización de la acción del Estado en los territorios, bajo la égida del prefecto.

Este escenario se materializó rápidamente, como lo demuestra el texto presentado al Consejo de Estado a principios de abril . El término "descentralización" ya no figura en el texto del orden del día. El único elemento de descentralización, altamente específico y propuesto por separado hace unas semanas, concierne a la Gran Metrópolis de París (MGP), que es objeto de un texto específico . Estancada durante años, se espera que la MGP evolucione hacia una metrópolis más integrada o, por el contrario, hacia una entidad debilitada destinada a fortalecer las instituciones públicas territoriales que la conforman, lo que equivale a fragmentar la metrópolis . Cabe señalar que, mientras tanto, la Asamblea Nacional respaldó el deseo de Alsacia de separarse de la región de Grand Est para reformar una región autónoma , una especie de retroceso con respecto a la última reforma que creó las regiones más grandes en 2016.

A pesar de las ambiciosas promesas iniciales, parece que el gobierno se limita a una reforma principalmente técnica. El texto se centra en consolidar el poder de los prefectos. Al fortalecer la facultad del prefecto para actuar en lugar de otras autoridades locales (si se comprueban las deficiencias, el prefecto puede sustituir temporalmente a cualquier otra autoridad local), la capacidad de respuesta de la ciudadanía parece ser el objetivo principal. Esto forma parte de la previsión de posibles crisis en las que la toma de decisiones rápida es esencial (en agricultura, agua, energía o seguridad).

Bajo el pretexto de la descentralización, el poder ejecutivo lleva a cabo una discreta recentralización, transformando a las autoridades locales en meros organismos ejecutores. De esta forma, el Estado podrá seleccionar y agilizar proyectos considerados "útiles" —en particular los industriales— mediante una mayor influencia sobre los proveedores de servicios públicos, especialmente los alcaldes. El derecho de los prefectos a conceder exenciones a las normativas, establecido hace algunos años, se vería reforzado por la promulgación de esta legislación. Algunos investigadores incluso creen que este derecho a conceder exenciones constituye un marco jurídico neoliberal que desafía la jerarquía de normas . De hecho, las competencias prefectorales permiten la no aplicación de ciertas normas, especialmente las medioambientales. La introducción de un sistema "a la carta" mediante la proliferación de estos mecanismos permitiría "neutralizar la intención legislativa bajo el pretexto de una retórica gerencial sobre la simplificación " .

El momento político, la crisis presupuestaria y el arte francés de gobernar

¿Por qué el importante proyecto de descentralización anunciado en octubre condujo a este resultado?

La principal razón del cambio de postura del gobierno radica en el calendario político. Inicialmente, la reforma estaba prevista para antes de las elecciones municipales y metropolitanas de marzo de 2026, lo cual resultó poco realista. Ahora, sin embargo, la agenda política, parlamentaria y mediática gira en torno a las elecciones presidenciales. Dentro de este marco restrictivo, con un gobierno tecnocrático dedicado a estabilizar la vida pública, una reforma importante de descentralización es prácticamente imposible.

Más allá de este factor político e institucional, el actual retroceso se explica por una situación territorial y estructural imposible de transformar radicalmente dentro de un marco presupuestario tan restrictivo. De hecho, las finanzas públicas nacionales justifican numerosos recortes presupuestarios, políticamente arriesgados, que no permiten la liberación de recursos financieros necesaria para una verdadera descentralización.

Según la ministra de Planificación Regional y Descentralización, Françoise Gatel , los cargos electos locales "no quieren descentralización; lo que buscan principalmente es la simplificación". Por su parte, el gobierno espera principalmente una reducción de la normativa y una simplificación de diversos trámites administrativos.

Esta demanda de simplificación es indudablemente real y parece ser compartida por un amplio sector de actores públicos y privados. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios electos locales siguen abogando por una mayor descentralización y autonomía financiera: la simplificación no lo es todo; la autonomía local es la clave. En última instancia , el gobierno parece querer culpar a los funcionarios electos de los reveses de la reforma, acusándolos implícitamente de "desconfianza " .

En retrospectiva, esta reforma forma parte de una tendencia que se viene desarrollando desde hace años: sucesivos gobiernos promueven "acciones" de descentralización, haciendo ambiciosos anuncios en los que los funcionarios electos locales y las comunidades se situarían en el centro del sistema de toma de decisiones y donde la compleja y costosa estructura territorial se simplificaría finalmente. Sin embargo, a través del mecanismo de negociación con las asociaciones de funcionarios electos locales, que revela una demanda heterogénea de descentralización y requiere un compromiso presupuestario significativo, estos anuncios a menudo terminan abandonándose. Este fue el caso tras el movimiento de los Chalecos Amarillos con la reforma de la organización territorial del Estado . También sucedió en 2022 con la ley 3DS , que también fue un texto técnico y orientado a la simplificación, donde la descentralización desempeñó un papel secundario.

En definitiva, y a la espera de un hipotético texto adicional, la paradoja francesa se sigue repitiendo: la elocuente "descentralización" conduce a una "recentralización" estratégica.

Artículo publicado en The Conversation.