El Gobierno destina 6.200 millones de euros a refundar el sistema de la dependencia

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que "el Gobierno ha aprobado una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España". En lo que queda de 2026 y en el año 2027 se van a movilizar 6.200 millones de euros adicionales a lo inicialmente presupuestado, lo que significa duplicar la inversión en dependencia del año 2025.

Bustinduy ha subrayado que esta decisión supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, así como la mayor ampliación de la red social de España en décadas.

La norma refleja el compromiso del Gobierno de lograr un sistema universal de cuidados que cubra todas las fases de la vida y de alcanzar el 50% de la financiación del sistema de la dependencia por parte de la Administración General del Estado. A juicio del ministro, esto "supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, y para sentar las condiciones de esa gran transformación del sistema y de un nuevo modelo de cuidados que cuente con los recursos suficientes para poder garantizar un servicio público de mayor calidad y un derecho subjetivo de ciudadanía".

El ministro ha anunciado que su voluntad es que la convalidación del real decreto ley coincida en el Congreso de los Diputados con la votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que van a suponer el andamiaje jurídico para la transformación profunda del sistema de cuidados.

"El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista, masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias, y hacer posible un sistema personalizado cercano, que permita que la gente continúe viviendo en sus domicilios con los soportes y las ayudas necesarias durante todo el tiempo que lo deseen y con la mayor calidad de vida posible", ha remarcado Bustinduy.

Incremento de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas

La reforma del sistema amplía, a partir del 1 de julio, las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia. Así, las cuantías para las personas que tengan reconocido el grado I pasan de 76 a 90 euros al mes, para el grado II suben de 130 a 260 euros al mes, y para el grado III se incrementan de 290 a 660 euros al mes.

El ministro ha añadido que las comunidades autónomas contarán con un 93% de recursos más para poder atender las obligaciones del sistema: "El objetivo es, de manera inmediata, poder eliminar las listas de espera, aumentar la intensidad y la calidad de las prestaciones y de los cuidados, así como mejorar las condiciones de trabajo en un sector absolutamente imprescindible y estratégico".

Mayor ampliación del Estado Social y refuerzo de la democracia en décadas

La aportación económica del Gobierno a la dependencia, tras estos incrementos, alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.234,4 millones en 2027. Esto supone que la inversión del Estado será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década.

El titular de Derechos Sociales ha repasado las actuaciones del gobierno de coalición para mejorar el sistema de dependencia, que atiende en la actualidad a 1.682.789 personas, ampliar su cobertura y reducir las listas de espera. Entre esas actuaciones, ha señalado el plan de choque de 2021, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la estrategia para un nuevo modelo de cuidados, la financiación de la ley ELA y la creación del grado III + dentro del sistema de cuidados.

Asimismo, ha subrayado que España es el único país que destinó casi 3.000 millones de euros de los fondos europeos a la renovación de infraestructuras sociales, a la modernización de los servicios sociales y a la atención a la dependencia.

Por otra parte, el ministro ha incidido en que la evolución demográfica del país supone que las necesidades de atención y cuidado van a aumentar a un "ritmo extraordinariamente importante" y que serán necesarias el doble de personas para trabajar en el sistema.

Inversión social con retorno económico

Pablo Bustinduy ha argumentado que el incremento en la financiación de la dependencia tendrá una rentabilidad económica y social. Un estudio realizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, citado por el ministro, refleja que cada euro que se invirtió en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica y 95.000 empleos directos en el sector. Asimismo, señala que el 50% de la inversión total retornó al Estado a través de cotizaciones sociales e impuestos.

Según las estimaciones que maneja el Gobierno, la norma aprobada hoy se traducirá en la creación de 100.000 empleos adicionales en el sector y producirá un retorno de 3.000 millones de euros para las arcas públicas. "Invertir en dependencia no solo permite profundizar en la protección social y cambiar las condiciones de vida de quienes están en una posición más vulnerable, sino que, además, permite generar desarrollo económico y cohesión social de una manera sostenida y eficaz", ha concluido el ministro.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es. Ministerio de la Presidencia, el 23 de junio de 2026.