Durante todo el siglo XIX se produjo un enfrentamiento en España entre los proteccionistas y los librecambistas. Los primeros representaban los intereses de los grandes productores de cereal del interior peninsular, en alianza con los fabricantes textiles catalanes con evidente apoyo de los obreros del ramo, y los industriales siderúrgicos vascos. Frente a estos grupos que buscaban asegurarse el mercado español de la competencia externa, estaban los comerciantes, siempre interesados en poder comprar mercancías sin el coste añadido de los aranceles, y las compañías ferroviarias que necesitaban importar todo tipo de tecnología para poder montar las líneas de ferrocarril.

Antonio Maura planteó la necesidad de reformar el poder local para conseguir tres objetivos: terminar con el caciquismo, moralizar la vida pública y descentralizar la Administración para que fuera más eficaz. Consideraba que el poder de los caciques radicaba en el apoyo que recibían de los distintos poderes, incluido el local. Así pues, uno de los proyectos estrellas del denominado “Gobierno largo” (1907-1909) fue el de la Ley de Administración Local, presentada en el año 1907, en línea con su proyecto de “revolución desde arriba” para evitar la que procedía desde “abajo”.

En este artículo estudiamos un caso concreto de fiscalidad de hecho, aunque, al parecer, no de derecho ejercida por la Iglesia en el Obispado de Astorga y cómo los socialistas denunciaron la situación en el año 1907, y que tenía relación con los derechos parroquiales.

En la lucha por parte de los sectores más progresistas españoles por la secularización de los cementerios en la época contemporánea nos acercamos a la iniciativa de la izquierda de Bilbao en los inicios del año 1910, en tiempos del breve Gobierno de Segismundo Moret del Partido Liberal (octubre de 1909-febrero de 1910), después de la caída de Maura a raíz de la represión de la Semana Trágica, y justo antes de que se hiciera cargo de las responsabilidades gubernativas José Canalejas, quizás el político del sistema más destacado en su intento de aligerar el poder de la Iglesia en España. Esta iniciativa debe enmarcarse, por lo tanto, en el momento de acercamiento entre socialistas y republicanos después de décadas y décadas de desencuentro mutuo.

La consideración de la propiedad como derecho cambió con la llegada del movimiento obrero y las ideologías socialista y anarquista. El marxismo consideraba la propiedad como la causa de la desigualdad, de la existencia de clases en la historia y de la lucha de las mismas. La propiedad monopolizaría los medios de producción y con el trabajo del proletariado se generaría capital que sería la base del poder de la burguesía. La propiedad privada sería una institución surgida en un régimen de producción y apropiación de lo que se produce y que se asentaría sobre la explotación de unos hombres sobre otros hombres. Así pues, la propiedad no podía ser la base de la verdadera libertad y de la emancipación del hombre. La propiedad privada debía desaparecer cuando se conquistase el poder político. Los anarquistas también criticaron la propiedad, aunque se plantearon diferencias en su seno. Para Bakunin, la propiedad de los instrumentos –capital y tierra- sería colectiva en las comunas, mientras que los anarco-comunistas eran partidarios de colectivizar no sólo los instrumentos de producción, sino también los productos.

El modelo sindical de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera se estableció a través de los denominados Comités Paritarios, organismos creados por un decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, obra de Eduardo Aunós, responsable de Trabajo bajo la Dictadura de Primo de Rivera. Tenían como misión regular las relaciones laborales. Se encontraban dentro de la Organización Corporativa Nacional, y eran su principal pilar. Tenían funciones jurisdiccionales e inspectoras. Se encargaban de aprobar y elaborar leyes reguladoras sobre las condiciones laborales y de resolver los conflictos entre la patronal y los obreros.