Los socialistas españoles ante la situación de las minas en los años ochenta del siglo XIX

El Estado reconocía que en 1886 se habían producido 2.190 accidentes, con un total de 112 muertos, es decir 311 percances más que en el año anterior, y 25 fallecidos más. Estaríamos hablando que había muerto el 3’5% de los trabajadores de este sector. Huelva había sido la provincia con más muertos y heridos, y el sector hullero el más accidentado.

En las minas españolas trabajaron ese año en las tareas de laboreo 61.835 trabajadores; de ellos, 50.841 eran hombres, 2086 mujeres, y 8908 niños. En el ramo del beneficio las cifras eran las siguientes: 12.424 hombres, 509 mujeres y 1597 niños, es decir, 14.530 trabajadores. En este sentido, los socialistas destacaban el alto número de muchachos y mujeres trabajando en el sector minero español.

La Memoria también constaba la riqueza generada en las minas, y que superaba a la de 1885 en más de trece millones de pesetas, ya que se había alcanzado la cifra de 135.645.807’79 pesetas. Los datos sobre los salarios, al parecer, no aparecían tan detallados, porque no se suministraban datos de todas las provincias, y se presentaban en conjunto sin desglose por categorías profesionales. En todo caso, se veía que los hombres ganaban entre 1 y 2 pesetas, frente al jornal de mujeres y niños que se situaban entre 0’75 y 1 peseta. Tampoco había datos para poder hacer comparaciones sobre subidas o bajadas de jornales, ni de las edades de los muchachos trabajadores.

Lo que sí parecía contener la Memoria eran juicios y apreciaciones sobre los accidentes, redactados por los ingenieros jefes de los distintos distritos mineros. En ellos se podía ver que en la formación de los procesos por siniestros se prescindía muchas veces del informe pericial, contraviniendo la ley, alterándose, además, en ocasiones, el escenario de la desgracia, siendo, por lo tanto, inútil el reconocimiento del lugar del accidente. En otros informes se afirmaba que eran necesarias visitas periódicas de inspección a las minas, porque al final, solamente salían a la luz los casos más graves. El número de accidentes era excesivo con respecto al de operarios dedicados al trabajo de las minas, cuyas condiciones distaban mucho de las que estipulaba la legislación.

Estos informes servían a los socialistas para denunciar el incumplimiento de las leyes con el consiguiente peligro para los mineros. Era significativo, a su parecer, que en dichos informes existía una petición casi unánime de que se ejerciese una inspección técnica de las minas, y de que se redactase un reglamento para garantizar la vida de los trabajadores frente a la impericia de los directores facultativos de las minas y de la codicia de las compañías mineras.

En todo caso, existía legislación, como el Reglamento de 1868 y la Ley de 1873 sobre el trabajo de las mujeres y los niños, aunque que no se cumplían. Pero el problema no era solamente, a juicio socialista, que no se cumpliesen estas disposiciones, sino que era muy posible que ocurriera lo mismo con las que se pudieran establecer a partir de entonces si los propios trabajadores no vigilaban su cumplimiento, un leit motiv del movimiento obrero socialista. Era necesaria la creación de comisiones de obreros, elegidas por las colectividades de los mismos, para que inspeccionasen los lugares de trabajo, denunciando las infracciones. Mientras no se hiciese así, y se fiase todo a la inspección de las autoridades todo seguiría igual.

Hemos trabajado con el número 153 de El Socialista, de 8 de febrero de 1889.