El Manifiesto de Julio por los avances en derechos políticos y sociales

El Manifiesto plantea cinco puntos tanto de denuncia de lo que está pasando en este país.

En primer lugar, estamos viviendo una verdadera ofensiva desde todos los frentes conservadores y reaccionarios hacia el Gobierno y en concreto contra su presidente con descalificaciones de grueso calibre. Por nuestra parte, queremos dejar claro que la crítica es legítima y forma parte del juego democrático, pero coincidimos con el Manifiesto en que parece una ofensiva de deslegitimación, comenzando con el cuestionamiento de la propia existencia del Gobierno, muy en la línea de lo que hemos visto en el pasado en Norteamérica. Se ha tachado al Gobierno como si fuera una mafia, inoculando odio en la sociedad, como lo demostrarían los actos vandálicos que han sufrido los locales y sedes de distintas formaciones progresistas, especialmente, las agrupaciones socialistas, añadiríamos nosotros.

Esa movilización política se ha acompañado por una ofensiva desde todos los sectores con poder, incluido el institucional, que controla la derecha. Ahí estaría la actuación en el Senado que se habría convertido en una cámara de confrontación permanente con el Congreso de los Diputados. También hemos vemos la movilización judicial conservadora con huelgas y concentraciones incluidas, algo que no está muy claro que puedan hacer porque, además, son movilizaciones contra leyes sobre las que, en nuestra opinión, no pueden combatir porque nacen del poder legislativo, el único facultado en la democracia para hacer leyes. En este ámbito también estamos viendo el permanente ejercicio de deslegitimación que padece el Tribunal Constitucional por parte de las derechas por emitir sentencias que no les agradan, muy especialmente la de la amnistía.

Pero donde la ofensiva llega al paroxismo es en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde, afirmamos nosotros, impera un mundo de falsedades, medias verdades y tergiversaciones que no se corresponden con la realidad, y que están envenenando a la sociedad.

Por fin, la Iglesia, o más bien, su jerarquía, se alinea políticamente con la derecha, vulnerando el principio de neutralidad política.

Y la presión también llega desde fuera como estamos viendo con la cuestión del famoso 5% en gasto de defensa, y las amenazas que recibe España si no cumple con este aumento del gasto militar. Las derechas, tan patrióticas como se presentan, nada dicen cuando esas represalias económicas afectarían, evidentemente, a los ciudadanos y ciudadanas de este país como consumidores, trabajadores y empresarios.

¿Y se está informando de los avances económicos y sociales evidentes que se están logrando y que casi están convirtiendo a España en un oasis de progreso en Occidente?, ¿y no se ha logrado la tranquilidad y la estabilidad política en Cataluña sin recurrir a la confrontación, la represión y la descalificación?

El Gobierno puede caer, ciertamente, pero solamente si triunfa una moción de censura, o el presidente decide dimitir y convocar elecciones. Esas son las dos únicas formas en este país para que eso ocurra y porque así lo establece la Constitución. Ciertamente, se pueden pedir y hasta exigir elecciones, como vemos en las demandas de las derechas, pero también en algunas fuerzas o personajes de la izquierda. Eso, en nuestra opinión, es perfectamente legítimo, pero también conviene informar o avisar que esos deseos y exigencias lo que pretenden, y eso también es legítimo, es que gobiernen las derechas en coalición, habida cuenta de la dificultad de que el PP consiga una mayoría absoluta.