El origen antifranquista del estado de las autonomías

Es cierto que los nacionalistas periféricos renovaron GALEUZCA, que demandaba el establecimiento de órganos autonómicos a la caída de Franco y una suerte de Estado español confederal. Inicialmente, el PSOE bajo el liderazgo de Indalecio Prieto, rechazó que se restablecieran órganos autonómicos en el periodo de transición ya que consideraba que podrían desalentar la disgregación del bloque franquista, pues, a su juicio, el separatismo había sido uno de las causas de la sublevación militar franquista.

Sin embargo, en vísperas de la muerte de Prieto, el PSOE había salido de la cura de aislamiento autoimpuesta tras el fracaso del pacto con la Confederación de Fuerzas Monárquicas en 1952. La aparición de nuevas fuerzas democráticas antifranquistas, y no sólo el acuerdo con los derrotados del antifascismo en la Guerra, se había explicitado en 1961 en la Unión de Fuerzas Democráticas con Izquierda Demócrata Cristiana, a la que se habían sumado los republicanos liberales y los nacionalistas vascos. Esta Unión ya recogía una alusión directa a las demandas autonómicas, que sería suavizado en el Coloquio europeísta de Múnich con el reconocimiento de las demandas de las “comunidades naturales” regionales.

En 1957, el socialista negrinista del círculo de la revista de Las Españas de México, Anselmo Carretero, publicaba el folleto La integración nacional de las Españas en el que recogía por primera vez una alusión a España como nación de naciones. Carretero era un federalista castellano, pero creía que España era una super-nación, no meramente un Estado. Se debería unir federalmente al conjunto de nacionalidades españolas, conjunto en el que reorganizaba todo el territorio, distinguiendo, por ejemplo, entre las nacionalidades de Castilla, León y La Mancha.

Tras la muerte de Indalecio Prieto en 1962, el PSOE fue más sensible al reconocimiento de una provisionalidad autonómica desde el comienzo de la transición. En efecto, en 1964 su congreso en Toulouse recuperó la antigua resolución de 1918 que había propuesto la Agrupación catalana de Reus de España como una Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas. Hay que tener en cuenta que, para entonces, se habían roto los puentes con el Moviment Socialista de Catalunya, mientras que la cultura federalista había reverdecido con la creación de una Acció Socialista Valenciá en 1963 y el Partido Socialista Galego. Incluso entre los nacionalistas vascos había escisiones de izquierda abertzale en el sindicato ELA-STV y, desde luego, la naciente ETA.

De este modo, la izquierda histórica antifranquista reverdeció la idea federal. Así el PSOE, a cambio de reconocer instituciones autonómicas en el mismo momento de la transición como demandaban los nacionalistas, respondía extendiendo la descentralización al conjunto de España. Las Comunidades Autónomas no serían simplemente la recuperación de unas libertades de la época de la república ni el reconocimiento de la maduración de la conciencia de los pueblos sino una nueva reorganización territorial del Estado. Por su lado, el PCE no tenía problema en aplicar la idea staliniana de la autodeterminación de los pueblos con lengua propia, aunque eso no supusiera transferencia real del poder del Estado a las nuevas repúblicas unidas.

Mientras la dirección del PSOE en el exilio no profundizó mucho más allá de la declaración del Congreso de 1964, los jóvenes renovadores sí reconocieron la implantación de los nacionalistas de Cataluña y Euskadi. Así, autorizaron a la débil y obrerista Federación Catalana a que participara en la unitaria Asamblea de Catalunya en 1972. De este modo, en 1974 promovieron la confluencia con los nuevos grupos socialistas periféricos en una Conferencia Socialista Ibérica. El Congreso de Suresnes en octubre de 1974 cambió la declaración de hace una década por la apelación a una República federal de nacionalidades y regiones, al mismo tiempo que reconocía el derecho de autodeterminación de los pueblos.

El clima del antifranquismo era tal que democristianos del exfranquista Ruiz Jiménez y los socialliberales del exfalangista Ridruejo, así como regionalistas valencianos y gallegos, aceptaron que la Plataforma de Convergencia Democrática, gestada durante la primera mitad de 1975, recogiera también la autodeterminación de los pueblos en su declaración fundacional. Por su lado, la Junta Democrática que el PCE había promovido en el verano de 1974 no llegaba a tanto, ya que no conseguía aglutinar a grupos regionalistas o nacionalistas con la excepción de los andalucistas de Rojas Marcos.

La nueva dirección socialista, encabezada por los andaluces Felipe González y Alfonso Guerra, no dudó de sumarse a la reivindicación andalucista en Carmona con ocasión de la conmemoración de la muerte de Julián Besteiro en septiembre de 1976.

De este modo, al reunirse la dirección socialista con un grupo de expertos en Sigüenza poco después de las elecciones fundacionales de la democracia de junio de 1977, el objetivo de la república federal fue abandonado. Aunque las Cortes fueran constituyentes dado el resultado del 15 de Junio, también habían salido de la ley para la reforma política de la monarquía, por lo que la idea era más bien era generalizar los asambleas regionales preautonómicas de parlamentarios a todo el territorio de España sin distinguir entre nacionalidades y “regionalidades”.

Es decir, la reorganización de España en Comunidades Autónomas arrancaba desde el comienzo de la transición y no tras su final con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. A ello se añadió el espectacular restablecimiento de la Generalitat catalana en la persona de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas, por el gobierno de Adolfo Suárez. Sin lugar a dudas, se puede concluir que la reorganización territorial del Estado fue uno de los legados más importantes del exilio y del antifranquismo.