No hay catástrofe natural que no sea política

Si obligado era aludir al triunfo de Trump, igualmente obligado es tratar los efectos de la DANA en la provincia de Valencia. Como ocurrió en el 11-M o en las matanzas que están sufriendo los gazatíes, los libaneses, los israelíes y los ucranianos, lo que se pueda escribir como comentario político no puede disociarse de una realidad mucho más primaria, que es la muerte de cientos de personas que sólo un día antes tenían la vida por delante y que, en pocas horas, en pocos minutos, han perdido lo único que tienen los seres humanos, la vida. Pero la urgencia política se impone y parece necesario glosar los siguientes puntos: a) la perversa politización de la catástrofe; b) la todavía más perversa manipulación de la catástrofe contra la democracia y la Constitución; c) la dimensión constitucional que subyace bajo este problema; y d) las primeras conclusiones políticas que se desprenden.

a) La perversa politización de la catástrofe. Puede extrañar que iniciemos este comentario con algo que puede resultar secundario ante la dimensión de la catástrofe, pero resulta que lo primero que ocurrió tras las inundaciones fue precisamente su politización. No se sabía aún el alcance de la inundación ni el número de víctimas, pero el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, se puso en marcha hacia Valencia y antes que nada criticó al Gobierno porque no se le había informado de lo que ocurría, tras lo cual llego al ridículo cuando anunció que había pedido a la Comisión Europea ayuda para España. El presidente del Partido Popular no debería estar en aquellos momentos en Valencia, porque no era una autoridad y las autoridades, todas, no podían recibir visitas de quien no podía ayudar. Pero Núñez Feijóo prefirió apuntarse a un protagonismo que no le correspondía para dar la impresión ante la opinión pública de que él era quien estaba coordinando los trabajos de salvamento en lugar de los dos Gobiernos, estatal y autonómico. Probablemente no le ha dado ningún beneficio político este intrusismo infantil, pero es representativo de quien dirige la oposición que, cuando estuvo en la oposición y en el Gobierno en Galicia, utilizó los incendios y demás emergencias para criticar deslealmente al Gobierno socialista. Por cierto, que sería interesante saber si el encuentro de Núñez Feijóo con García Page en Letur fue casual o estaba preparado por ambos políticos.

b) La todavía más perversa manipulación de la catástrofe contra la democracia y la Constitución. Todo el mundo ha tenido ocasión de ver las agresiones contra los Reyes y contra el Presidente del Gobierno y hay vecinos de Paiporta que afirman que se trataba de personas que no eran de la zona. Todo hace pensar que se trataba de grupos de extrema derecha cuya conexión con Vox convendría conocer. Pero si las agresiones son preocupantes (nunca había ocurrido con el Rey y muy pocas veces con tal violencia con el Presidente del Gobierno), más preocupante resulta el intento de deslegitimación del Estado democrático que está lanzando la extrema derecha y que incluso ha comprado la prensa afín al Partido Popular, especialmente El Mundo. El número de El Mundo del domingo 3 de noviembre es un ejemplo de la teoría del “Estado fallido” que han lanzado los fascistas y ha comprado el resto de la derecha. Están jugando con fuego porque la democracia siempre es frágil, los bulos (como explicó el propio Rey) y la descalificación del Estado prenden muy fácilmente y se va creando una bola de nieve mediática que impregna a toda la opinión pública y luego cuesta mucho desactivar. A fortiori cuando los miles de ciudadanos que han sufrido la riada en sus personas o en sus bienes, más sus allegados, están en condiciones de “comprar” la imagen falsa de que el Estado ha fallado.

c) La dimensión constitucional que subyace bajo este problema. Desde muy pronto se vio que la derecha, en su continua guerra contra el Gobierno, utilizaría la gestión de la crisis para intentar descalificar, una vez más, a este Gobierno. El argumento más utilizado es que debe ser el Gobierno el que debe asumir todas las responsabilidades políticas y administrativas y ya llevamos varios días en la prensa afín al Partido Popular con continuos comentarios y peticiones que pretenden que se declaren diversas situaciones de emergencia (llama la atención que en El Mundo se haya prestado a esta operación algún antiguo progresista, que hace veinticinco años regateaba competencias al Estado). La intencionalidad de esta operación es sencilla de entender: ante las deficiencias de la Administración valenciana de emergencias (desmantelada por el Gobierno de Mazón), la derecha pretende desplazar la responsabilidad de los fracasos y de la frustración ciudadana al Gobierno del Presidente Sánchez.

Parece que hemos olvidado que durante la pandemia todas las medidas restrictivas de las libertades y el propio estado de alarma fueron recurridas por el Partido Popular y por Vox ante el Tribunal Constitucional, y éste, con mayoría de derechas, las declaró inconstitucionales. Lo de menos es que las sentencias fueran una aberración jurídica, una manipulación política del Derecho [véase Javier García Fernández: “Efectos de la pandemia en la gestión pública. El Parlamento y el Gobierno”, en José Félix Tezanos (ed.): Cambios sociales en tiempos de pandemia, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2022, págs. 655-702]. Lo de más es que hay que tener indignidad para reclamar del Gobierno las mismas medidas que hace cuatro años fueron ferozmente combatidas (jurídica y políticamente) por quienes ahora las reclaman.

El Gobierno ha explicado claramente que asumir las competencias en los primeros días de la emergencia conllevaba desplazar a una Administración no sólo con competencias propias, sino con conocimientos y medios de actuación. Habría entrado a gestionar la crisis una Administración (la General del Estado) que no tenía los mejores conocimientos directos del terreno y eso, en los primeros días, puede ser catastrófico. Pero la derecha pretende escaparse de la evidente negligencia del Gobierno valenciano, competente en materia de protección civil conforme al artículo 49.3.14ª del Estatuto, y además posee la misma competencia sobre aprovechamientos hidráulicos, canales y riegos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Valenciana (artículo 49.1.14ª del Estatuto), y ahora quiere endosar toda la responsabilidad al Gobierno del Presidente Sánchez. En esto la derecha confluye con ciertos antiguos militares, ahora próximos a Vox, que propugnan casi el estado de sitio para que sean la Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de la Comunidad Autónoma.

Ello no significa que no se deba reflexionar sobre la funcionalidad del Estado autonómico, especialmente en situaciones de crisis. No es inoportuno recordar que si bien la izquierda ha defendido con frecuencia los modelos descentralizadores (en tanto los combatían ferozmente las derechas), lo cierto es que, en ocasiones, las clases populares no se benefician (ni mucho ni poco) de la descentralización y que son las élites dirigentes las que mediante esa descentralización consolidan su hegemonía política y su poder económico en algunos territorios, que en un Estado centralizado tendrían más difícil consolidar por la lejanía del poder político. Eso no quiere decir que haya que desmantelar el modelo descentralizador porque, como ha explicado alguna vez Javier Pérez Royo, ya forma parte de la Constitución material de España, más allá de las fórmulas jurídicas concretas. Pero situaciones de crisis como la de la provincia de Valencia (y antes, la pandemia) obligan a una reflexión jurídica (más que política) sobre los instrumentos orgánicos y funcionales más útiles para hacer frente a las situaciones de crisis. El problema es que en España el debate sobre la descentralización ha estado cargado de pasión, cuando debería ser un debate técnico-jurídico sobre los modos de gestión del Estado, como ocurre actualmente en Alemania (no así en Estados Unidos).

d) Las primeras conclusiones políticas que se desprenden de lo sucedido. Ante todo, hay que constatar que la derecha desalojada del Gobierno aprovecha todas las oportunidades para seguir socavando al Gobierno actual y más seguirá haciéndolo cuando está en juego la reputación de Partido Popular por su actuación en la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, es importante la respuesta inmediata del Gobierno, como la que se ha adoptado en el Consejo de Ministros. Respuesta que deben sentir los ciudadanos que han de comenzar una nueva vida sin vivienda, sin muebles y sin vehículo. En tercer lugar, desde el Gobierno se debe propiciar el debate sobre el alcance y los límites de la descentralización en situaciones de crisis. Debate no fácil tanto por la presión de los aliados parlamentarios del Gobierno, como por la oposición de los barones territoriales de todas las Comunidades Autónomas que, más allá de su adscripción partidaria, en general no entienden otro lenguaje que la continua e inacabable ampliación de competencias. En cuarto lugar, en fin, y no quisiera ser insistente, me parece urgente reformar la institución de la “acusación popular”, porque no tardaremos en ver a alguna asociación fascista presentar querellas directas contra el Gobierno y contra su Presidente. Querellas que siempre podrán encontrar un Juez benévolo y comprensivo con ellas.