Las nuevas ocurrencias constitucionales de Núnez Feijóo y el trasfondo de confrontación que denotan

Núñez Feijóo ha propuesto reformar el suplicatorio de los parlamentarios. Según la web del partido, “El presidente del PP ve a Sánchez capaz de todo y adelanta una reforma del suplicatorio: ‘Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad’”. La propuesta denota esencialmente ignorancia, pero también es la confesión de otras circunstancias.

El suplicatorio, eso es la exigencia de que las Cámaras de las Cortes (no los Parlamentos autonómicos) autoricen la inculpación o el procesamiento de sus miembros, está regulado en el artículo 71.2 in fine de la Constitución. No es un privilegio de los parlamentarios, sino una garantía constitucional al servicio del principio de separación de poderes para evitar que una maniobra torticera de algún Juez al servicio del Gobierno modifique las mayorías parlamentarias. Es un instituto muy antiguo en todo el mundo, desde los comienzos del parlamentarismo (en España aparece en la Constitución de 1837) para preservar la independencia del Parlamento y no hay Constitución democrática actual que no lo prevea porque, como denotan las palabras de Núñez Feijóo, hay políticos que tiene la tentación de perseguir penalmente a su adversarios y, de paso, modificar la mayoría parlamentaria.

Los asesores podrían haber advertido a Núñez Feijóo que, a raíz de una famosa sentencia del Tribunal Constitucional, el instituto del suplicatorio está en regresión y que ningún parlamentario se ha librado de un ser inculpado o procesado por que la Cámara a la que pertenece haya denegado el otorgamiento de la autorización. En los años ochenta el Senador Carlos Barral obtuvo del Senado que denegara su procesamiento a raíz de una querella por injurias a otro escritor en una revista literaria. El escritor, que vio que no podía perseguir penalmente a Barral, acudió en amparo al Tribunal Constitucional que, en la sentencia 90/1985, de 22 de junio, acotó la eficacia del suplicatorio y lo limitó a actuaciones del parlamentario en el ejercicio de sus funciones y, además, siempre dando la necesaria motivación jurídica que pueda ser controlada por el propio Tribunal Constitucional. Desde entonces, el suplicatorio ha perdido parte de su virtualidad porque su concesión se ha convertido en un acto reglado, no discrecional, controlable además por una instancia externa como el Tribunal Constitucional.

Si el suplicatorio ya no es lo que era, ¿qué persigue Núñez Feijóo al propugnar su reforma? En primer lugar, nadie le ha advertido que una reforma del suplicatorio requiere una reforma de la Constitución, lo que no parece fácil. En segundo lugar, parece que el dirigente popular no confía en tener mayoría parlamentaria suficiente en el futuro porque en caso de que se planteara una acusación contra Pedro Sánchez (como él pretende, como veremos a continuación) bastaría una mayoría popular para autorizar la causa penal. Núñez Feijóo confiesa que cree que no va a tener mayoría parlamentaria y espera que el trabajo sucio se lo hagan los Jueces; es decir, que baste la acusación de un Juez para inculpar a un Diputado o a un Senador, en este caso, Pedro Sánchez.

Porque lo que realmente propugna Núñez Feijóo es que la mera acusación de un Juez baste para inculpar a un parlamentario, sin que medie autorización parlamentaria. Lo que en realidad propone el Presidente del Partido Popular es que un Hurtado o un Peinado puedan imputar directamente a Pedro Sánchez (y no sólo a su esposa, a su hermano o al Fiscal General) sin el cortafuego garantista del suplicatorio. La verdad es que la propuesta es ingenua y propia de un ignorante porque alguien debería haber advertido a Núñez Feijóo que sólo puede alcanzar su objetivo reformando la Constitución, y que en ese propósito el Partido Popular sólo podría contar, a lo sumo, con Vox.

Pero si Núñez Feijóo ha sido capaz de lanzar una propuesta inviable es porque tiene la fijación de toda la derecha española de meter en la cárcel a sus oponentes. No es una idea nueva, de casta le viene al galgo. Lo consiguieron en octubre de 1934 cuando metieron en la cárcel a Azaña, acusado de participar en la rebelión de Cataluña, lo que no era cierto. Lo intentó el Gobierno de Aznar contra Jesús de Polanco, que no se plegaba a las peticiones gubernamentales (quizá Miguel Ángel Rodríguez podría contar algo). Cuando está en la oposición, la derecha se enrabia y sólo piensa en salirse del marco constitucional para perseguir a los adversarios.

¿No hay en toda la dirección del Partido Popular un solo político que recomiende a Núñez Feijóo que se serene, que espere a ganar limpiamente las elecciones y que no pierda el tiempo en maquinar acciones inviables contra el Gobierno? Y, puestos a hacer recomendaciones a su Presidente, ese político del Partido Popular debería recomendarle que estudie un poco las leyes y que se rodee de colaboradores que conozcan los rudimentos de la Constitución.