El archivo de Felipe González y el acceso a la información histórica

He dedicado un par de días a la lectura de la correspondencia divulgada con miembros de los gobiernos de Felipe González. El arco temporal cubre sobre todo la primera mitad de los años ochenta, si bien, en ocasiones, se alarga a la década posterior. La correspondencia ofrecida a los lectores es mayoritariamente administrativa e institucional. Especialmente los casos de las cartas dirigidas a Felipe González por los ministros de Educación y de Industria, José María Maravall y Carlos Solchaga, tienen un contenido más político o ideológico.

En el caso de Maravall resulta interesante sus panoramas comparativos sobre la evolución de la socialdemocracia europea y los esfuerzos para renovar el proyecto socialista, haciendo énfasis, claro está, en la importancia de la reforma educativa para construir una sociedad más igualitaria.

Por lo que se refiere a Carlos Solchaga, la serie se inicia con una temprana dimisión (no aceptada) en febrero de 1984 ante las dificultades para desarrollar la política de reconversión industrial, así como el temprano desencuentro con UGT y con sectores del PSOE hasta la dimisión de Alfonso Guerra de la Vicepresidencia del gobierno.

A pesar de la limitación de lo divulgado en la Red, hay que felicitar la iniciativa de la Fundación del Ex-Presidente del Gobierno para hacer accesibles a los investigadores de documentos con unos veinticinco a treinta años de antigüedad, una política que desde hace unos años siguen también las fundaciones F. Largo Caballero y Pablo Iglesias en los Archivos del Movimiento Obrero en Alcalá de Henares. También, muy recientemente, el archivo del PCE ha abierto la documentación interna del partido para el tiempo de la Transición, un tiempo que era accesible en el caso de CCOO, desde hace tiempo, en la Fundación Primero de Mayo y otros centros del sindicato de carácter regional.

Se hace necesaria una Ley de Archivos que homologue el acceso a la documentación, y dé facilidades a la copia privada digital, con lo que es una realidad en otros países de la Unión Europea como Gran Bretaña o Francia para documentos con más de 25 años de antigüedad.

Sin embargo, habría que desear que desde el Ministerio de Cultura o desde el Senado se dotaran presupuestos para digitalizar y hacer accesibles en la Red los archivos personales de dirigentes políticos de la España actual, ahora que se acaba de celebrar los XL años de la Constitución.

No basta con la iniciativa de instituciones como la biblioteca de la Universidad de Navarra o de la Fundación Transición Española, que han conseguido el depósito de archivos de personalidades del franquismo o del partido gobernante Unión de Centro Democrático (UCD), aunque no sean accesibles en internet.

Debía ser la iniciativa pública la que centralizara el acceso a estos archivos privados de personalidades públicas que, además, están insertos en una creciente territorialización en nuestro Estado de las Autonomías, lo que dificulta su consulta. Un servicio a la memoria y a la historia, pero también al refuerzo de la cultura democrática entre nuestra ciudadanía.