Una coacción a las mujeres frente a su derecho al aborto

Esta serie de prestaciones ya forman parte de los programas y protocolos clínicos de atención a la mujer embarazada, aunque ahora se intentan instrumentalizar políticamente para obstaculizar el ejercicio del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, en especial en los centros públicos.

En definitiva, estamos ante un intento de boicot en el tramo final a la nueva ley de salud sexual y reproductiva, ahora a debate y votación en el Senado, que entre otras medidas, pretende garantizar el acceso al derecho al aborto como prestación en los centros públicos, en los que aunque han aumentado en la última década con la ley vigente, hoy por hoy tan solo se realizan, entre procedimientos hormonales y quirúrgicos, apenas un quince por ciento del total de las interrupciones del embarazo debido a la sistemática objeción de conciencia de los profesionales y a la pasividad de los gestores y los responsables políticos de la sanidad de las CCAA.

Se trata también de la Asunción de la coacción a las mujeres, que se ha venido imponiendo por parte de las organizaciones autodenominada Provida, desde el exterior de las clínicas privadas de aborto, y que recientemente ha sido prohibida y penalizada por ley, al interior de propios hospitales y centros sanitarios públicos de la Comunidad de Castilla y León.

Además, la coacción se encomienda a los profesionales a los que se dice respetar en su derecho a la objeción de conciencia al aborto, pero a los que se pretende instar a ejercer, ya sea por obligación o de grado, como una suerte de activistas Provida. Todo ello, a sabiendas de que una cosa es el derecho a la objeción de conciencia individual, que se debe preservar garantizando al tiempo el ejercicio de derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo, y otra el boicot colectivo a la aplicación de la ley de aborto en tramitación dentro de los centros públicos, algo que la nueva ley trata de evitar. Con el objetivo de traspasar ahora en Castilla y León incluso la línea roja de la coacción emocional a las embarazadas que valoren interrumpir su embarazo.

Tal y como si la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo, como cuando opta por continuarlo, fuese inmadura y caprichosa y no estuviese determinada por un conjunto de factores y circunstancias sociales, personales y emocionales que a ella y solo a ella le conciernen.

En definitiva, una cortina de humo y un engaño, tanto dentro de la coalición del PP con la ultraderecha como a la ciudadanía de Castilla y León camuflado dentro del programa de control del embarazo, que ya contempla buena parte de estas prestaciones pero desde el criterio clínico y en favor de la salud de la madre y en su caso embrión y del feto, para así degradar su finalidad en forma de mero instrumento de presión y coacción a la mujer en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Por último, el gobierno de Castilla y León pretende establecer una relación perversa entre la coacción a las mujeres para continuar con el embarazo y el fomento de la natalidad en Castilla y León. Nada dice con respecto a las medidas para mejorar el empleo, la vivienda, la sanidad o la educación infantil y con ello para garantizar un futuro y un proyecto de vida para los jóvenes de Castilla y León.

Estas medidas, más efectistas que efectivas, junto a la carencia de políticas sociales y al deterioro de la vida política y parlamentaria en Castilla y León nos muestran además el saldo negativo en derechos y libertades que comporta el acceso de la ultraderecha a responsabilidades de gobierno. 

Un escándalo y un aviso para navegantes. 

Nota: A todo esto el Tribunal Constitucional ha decidido que su primera sentencia, después de su reciente renovación, lo sea sobre la ley de aborto del gobierno de Rodríguez Zapatero.