El señuelo electoral de la rebaja de impuestos

Según su presidente Núñez Feijóo, más en concreto la rebaja del IRPF sería además una medida progresista porque según él beneficiaría sobre todo a las rentas bajas y medias, las más golpeadas por la inflación, algo que por tanto considera que debería apoyar la izquierda del gobierno de coalición.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Por el contrario, la deflactación de la tarifa que propone el nuevo PP, al rebufo de las brillantes explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en Onda Cero, congela la recaudación en cada tramo de renta por igual y que frente a la progresividad del conjunto del impuesto tiene por tanto un carácter regresivo, de manera que dicha rebaja impositiva, de llegar a establecerse,  beneficiaría finalmente más al que más tiene.  

Por otra parte, es más que dudoso que las rebajas impositivas contribuyan a la lucha frente a la inflación. De hecho, la Comisión Europea y los organismos económicos internacionales han alertado a los gobiernos frente a estas medidas por sus posibles efectos contraproducentes. La propuesta de rebajar impuestos no es nueva, sino que forma parte del programa de la derecha, tanto para atemperar las condiciones de crecimiento económico como para dinamizar la economía en las de crisis y recesión. Una suerte de cura milagrosa indicada para cualquier enfermedad. Más aún a partir de la incorporación de la ultraderecha populista a las instituciones.

Sin embargo quizá sea también la promesa electoral que cuenta con mayor nivel de incumplimiento y de falsedades en la historia reciente por parte de la derecha. De incumplimiento, ya que con la presidencia de Mariano Rajoy, cuando recientemente la derecha ha tenido responsabilidad de gobierno frente a la crisis financiera ha elevado tanto los impuestos directos como los indirectos. Y por otra parte, las contadas rebajas realizadas, en particular en las CCAA donde ha gobernado, han beneficiado siempre a las rentas y patrimonios más altos en detrimento de los medios y bajos. Por ejemplo, las rebajas del impuesto a las herencias que han beneficiado al dos por ciento de los contribuyentes con mayor patrimonio, reduciendo los ingresos de las CCAA y por tanto la financiación del estado del bienestar de la inmensa mayoría. 

Lo que también oculta la derecha en el debate fiscal es su sistemático rechazo a cualquier impuesto que grave los beneficios empresariales, en este caso concreto de las compañías energéticas y de las entidades financieras, con la excusa de que éstas lo trasladarán a los ahorradores y consumidores finales. Con tal argumento, la mera existencia de los impuestos de sociedades o de plusvalías, cuyo tipo neto es todavía inferior al diez por ciento, al final lo pagarían los consumidores, negando con ello, no solo la naturaleza progresiva de los impuestos, sino también la existencia de la libre competencia en la economía y el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Al objeto de financiar el alto coste para la Hacienda de la mencionada rebaja, haciéndola compatible con sus propuestas de gasto, el PP se apoya en el fuerte incremento de la recaudación fiscal que se viene produciendo como consecuencia del efecto de la inflación, todo ello en el momento más duro de la repercusión del incremento de los precios sobre el consumo y las condiciones de vida de la mayoría, cosa que Feijóo ha llegado a considerar en un ejercicio de demagogia un atraco del gobierno a los ciudadanos.

Lo que Núñez Feijóo no tiene en cuenta es que lo fundamental de lo recaudado se debe a la recuperación de la economía post pandemia que el mismo niega con el discurso de la recesión y la ruina, y que el efecto de la inflación supone solo una parte. Por otro lado, tan solo el coste de los dos paquetes de medidas frente a la escalada de la inflación aprobados hasta ahora ya ascienden a más de treinta mil millones de euros, dentro de los cuales se encuentran rebajas impositivas y subvenciones específicas, tanto en el ámbito de la electricidad y la energía, como a sectores especialmente sensibles como el transporte, la agricultura o la pesca, así como subvenciones a colectivos vulnerables, algo que también habrá que financiar con impuestos.