El estado de excepción estaba ya previsto en el Fuero de los Españoles, pero fue regulado por la Ley de Orden Público del año 1959. Se establecía que cuando se alterase el orden público y las medidas ordinarias no fueran suficientes, el gobierno podría, mediante un decreto-ley, declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio, suspendiéndose los derechos existentes. Pero, además se estipulaban las siguientes prohibiciones y acciones gubernamentales:
-prohibición de la circulación de personas y vehículos en horas y lugares determinados.-detención de personas.
-exigencia de notificación de cambios de residencia o domicilio, con antelación.
-fijar la residencia en localidades distintas a personas sospechosas de actividades subversivas.
-censura previa, hasta de los espectáculos.
-inspecciones y registros domiciliarios.
-emplazamiento de puestos armados en lugares para asegurar la vigilancia.
Además, se estipulaban tribunales especiales o tribunales de urgencia, es decir sin que los detenidos pudieran disfrutar de las ya pocas garantías judiciales ordinarias del franquismo. Por otro lado, el gobierno no tenía responsabilidades y se podían prorrogar estos estados. Tampoco se ve la intervención del legislativo, porque realmente las Cortes franquistas no pueden ser asimiladas a un verdadero poder legislativo que, en las democracias ejerce un control también en estos casos excepcionales, como se puede comprobar en la Constitución española actualmente vigente. En una palabra, no había garantías en estos estados de excepción y la arbitrariedad gubernamental podía desarrollarse sin cortapisas.
Los estados de excepción se dieron, sobre todo, para reprimir las manifestaciones, y especialmente con las protestas estudiantiles, ya que, según vemos las medidas ordinarias no debían ser suficientes para aplacar a los estudiantes universitarios. En 1969 se decretó por vez primera el estado de excepción en toda España.
