La Década Moderada (1844-1854)

Los gobiernos de la Década moderada emprendieron una intensa actividad legislativa para asentar las bases del Estado Liberal según sus planteamientos. En relación con la organización territorial se mantuvo la división provincial de Javier de Burgos, pero se estableció en cada provincia la figura del gobernador civil. Los alcaldes pasaron a ser designados por el rey en los grandes municipios, o por los gobernadores en los pequeños. Se reorganizó la instrucción pública centralizándose, perdiendo la Iglesia su monopolio en esta materia. Esta centralización se basó en el establecimiento de planes de estudios iguales para toda España. En teoría, la educación primaria era destinada para todo el pueblo, aunque a la Secundaria solamente pudieron acceder las clases medias. En esta época se aprobó la Ley de José Pidal de 1845.

Se pretendió crear una burocracia con la Ley de Funcionarios, que fijó el sistema de acceso a los cuerpos de la administración y el sistema de ascensos en virtud de la antigüedad y los méritos.

En materia fiscal se aprobó la Ley de Alejandro Mon y Ramón de Santillán de 1845, que pretendía sanear la maltrecha hacienda española. Se reformó el sistema tributario: creación de nuevos impuestos, elaboración de un plan para su cobro y un sistema de contabilidad para comprobar con rigor los ingresos y gastos del Estado. La Ley estableció dos tipos de impuestos: los directos e indirectos. El impuesto indirecto sobre el consumo de bienes fue fuente constante de problemas sociales porque gravaba los productos de primera necesidad.

Los moderados tenían en el mantenimiento del orden público una de sus grandes prioridades. Elaboraron un nuevo Código Penal (1848), que con sucesivas reformas ha llegado hasta los años noventa del pasado siglo. También, crearon la Guardia Civil, cuerpo militar pero con funciones civiles de mantenimiento del orden en el medio rural.

En otro orden de cosas, destacaría la preocupación por las obras públicas, especialmente en el gobierno de Juan Bravo Murillo (1851-53): caminos, Ley de ferrocarriles, Ley de puertos, canalización del Ebro y del Lozoya.

Aunque los moderados no dieron marcha atrás en relación con la desamortización emprendida con Mendizábal y los progresistas, intentaron recomponer las relaciones con la Iglesia Católica. En 1851 firmaron un Concordato con la Santa Sede. El Estado reconocía a la religión católica como la única de la nación española, se aceptó la inspección eclesiástica del sistema educativo para adecuarlo a la moral católica, se reconoció el derecho de la Iglesia a adquirir bienes aunque tuvo que aceptar las ventas ya hechas por la desamortización, se permitió la existencia de órdenes religiosas masculinas y se creó la contribución de “culto y clero”, lo que suponía que el Estado iba a mantener a la Iglesia a través de sus presupuestos.

La Década moderada entró en crisis en 1854, muy vinculada a la profusión de casos de corrupción, especialmente los relacionados con la construcción del ferrocarril. Además, la situación económica de crisis alentó la tensión social. Bravo Murillo reaccionó gobernando con más dureza, por lo que la presión de la oposición se radicalizó.

Como el sufragio era censitario y el sistema electoral estaba manipulado, los progresistas utilizaron el procedimiento del pronunciamiento para acceder al poder. El 28 de junio de 1854 se dio la Vicalvarada, poniendo fin a la Década Moderada.