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El socialismo argentino contra la legislación antiterrorista en 1910


(Tiempo de lectura: 1 - 2 minutos)

El año 1910 fue ambivalente en Argentina. Por un lado, se celebraba el centenario de la Revolución de Mayo, pero, por otro fue un momento de fuerte tensión social. El movimiento obrero aprovechó el escaparate que suponían los actos conmemorativos para organizar actos y una huelga general en la que se exigió la derogación de la Ley de Residencia de 1902 que permitía la expulsión de extranjeros o impedía su entrada porque supuestamente podían comprometer el orden público. Además, se solicitaba la libertad de presos detenidos en manifestaciones y la amnistía para los que no habían acudido al llamamiento del servicio militar.

El presidente José Figueroa Alcorta decretó el estado de sitio el 14 de mayo, que permitió perseguir a anarquistas y socialistas, destruyéndose los talleres de La Vanguardia, el periódico socialista. Las autoridades achacaban la tensión social a los inmigrantes (de ahí la mencionada Ley) que habrían importado ideologías extrañas a la Argentina.

En ese contexto el domingo 26 de junio se produjo un grave atentado con bomba en el Teatro Colón en la representación de la ópera “Manon”. Ese fue el pretexto para aprobar una nueva ley para perseguir al movimiento obrero.

El Partido Socialista argentino reaccionó con un manifiesto o comunicado, que conocemos gracias a El Socialista (número del 5 de agosto de 1910).

El 29 de junio el Partido Socialista de la República Argentina hizo público su manifiesto que iba dirigido a los Partidos Socialistas de la Internacional.

En el mismo se informaba que durante el estado de sitio el Congreso había aprobado una ley que permitía, entre otras cosas, la aplicación de la pena capital a mujeres y menores de dieciocho años, y que se había establecido, según se explicaba en el texto, por la burguesía a raíz del estallido de la bomba en el Teatro Colón.

El Partido Socialista solicitaba a los otros Partidos Socialista que dieran publicidad a dicha Ley que imponía restricciones a la libertad de expresión, al derecho de reunión y a la libertad de pensamiento. Se pedía especial atención para que se combatiera la pena de muerte. Se informaba que hasta que no se levantase el estado de sitio no se podía publicar La Vanguardia, y además, se pedía la solidaridad “moral y material” en favor de la publicación.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

Premio Mejor Aliado 2024 de la Asociación Blanco, Negro y Magenta.

 


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